RECOMIENDO LECTURA!!!! Los candidatos opositores y su compromiso con la sip El acompañamiento de sectores políticos a los intereses de las corporaciones dedicadas al negocio de la información –léase grandes medios de comunicación– traspasa las fronteras. Los candidatos opositores Elisa Carrió, Fernando Pino Solanas, Sergio Bergman, Francisco De Narváez, Margarita Stolbizer y Gustavo Ferrari firmaron en los últimos días la Declaración de Chapultepec, invitados por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la entidad de los dueños de diarios del país. Por: Ari Lijalad Según Clarín, se trata de un acta por la libertad de expresión. Y tanto ADEPA como el multimedios anunciaron que comprometieron su firma otros candidatos opositores, como Sergio Massa, Gerónimo Momo Venegas y Gabriela Michetti. Lo que ADEPA y Clarín omiten con clara intencionalidad es que la Declaración de Chapultepec es un documento que emana de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la corporación que reúne a los grandes dueños de diarios del continente, que fue tomada por asalto por la CIA en la década del 50, cuya tarea fue la coordinación comunicacional de los golpes duros y blandos en Latinoamérica, y que tiene un rol central en los procesos desestabilizadores en todo el continente. LA DECLARACIÓN. La Declaración de Chapultepec surgió de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, realizada en México el 11 de marzo de 1994. Es parte de la operación de autolegitimación de la SIP y de los grandes medios americanos, para quienes la libertad de expresión es el eufemismo que encubre sus propios intereses económicos y políticos. Comienza con una introducción sobre los valores de la democracia y la libertad y cierra con un decálogo sobre sus consideraciones acerca de la libertad de expresión. Históricamente, la SIP opera como vocera de las corporaciones mediáticas y como brazo comunicacional de los intereses norteamericanos en la región. En la actualidad, despliega su lobby contra de las leyes antimonopólicas y de regulación de medios en Latinoamérica, como en Argentina y Ecuador. El texto que firmaron Carrió, Solanas, Bergman, De Narváez, Stolbizer y Ferrari –y prometieron firmar Massa, Venegas y Michetti– dice: La tentación del control y de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas y ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones. La SIP entiende así por regulación coaccionante, por ejemplo, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada democráticamente por amplias mayorías parlamentarias y puesta en discusión judicial en parte de su articulado sólo por un grupo mediático: el Grupo Clarín. Socio, claro, de la SIP. PONELE LA FIRMA. Desde 1994, más de 50 líderes políticos y presidentes en ejercicio firmaron esta Declaración, a pesar de que la propia SIP se jacta de que es única entre los documentos internacionales porque la redactaron ciudadanos privados sin participación de gobierno alguno. Por ciudadanos privados se refiere a empresarios de medios. El primero que la firmó fue el presidente anfitrión de la Conferencia Hemisférica, el mexicano Carlos Salinas de Gortari. El cuarto fue Carlos Menem, que la rubricó el 6 de junio de 1994. Ese año firmaron Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia), Violeta Chamorro (Nicaragua), Armando Calderón (El Salvador), Carlos Roberto Reina (Honduras), Ernesto Samper (Colombia) y el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. En 1995 firmó el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. Lo siguieron, entre otros, Eduardo Frei (Chile), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Alejandro Toledo y Alan García (Perú), Álvaro Uribe (Colombia), Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Nicanor Duarte Frutos (Paraguay). En Argentina, Eduardo Duhalde firmó el 9 de julio de 1999 como candidato presidencial. Algunos mandatarios firmaron la Declaración de Chapultepec pero luego los empresarios de medios miembros de la SIP colaboraron en procesos destituyentes o de ataques mediáticos. El hondureño Manuel Zelaya la firmó el 9 de febrero de 2006 y fue derrocado en 2010; Fernando Lugo firmó el 15 de marzo de 2009 y sufrió un golpe institucional con apoyo mediático en 2012; los brasileños Lula Da Silva y Dilma Rousseff, ambos firmantes de la Declaración, fueron víctimas de constantes presiones mediáticas. LAS EXCEPCIONES. La SIP denuncia supuestas violaciones a la libertad de expresión sobre todo en los países cuyos presidentes no firmaron la Declaración de Chapultepec. Uno de los últimos presidentes en firmar la Declaración fue Sebastián Piñera, durante la visita de la SIP a Chile el 3 de mayo de 2011. Ante la presencia de Gonzalo Marroquín, por entonces presidente de la SIP, Piñera aseguró que iba a defender y promover en todo tiempo, lugar y circunstancias la libertad de prensa, y que su administración elevará la voz cuando otros gobernantes mancillen esa libertad. Piñera no hizo nombres, de eso se encarga la SIP. En abril de 2012, Marroquín manifestó su preocupación por las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales, que continuamente escuchamos en videos que presentan en nuestras asambleas, de parte de Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina Kirchner. El caso de Ecuador es paradigmático. El presidente Correa condicionó su firma a la inclusión de 4 puntos en la Declaración, vinculados a los derechos laborales, la autoregulación de la calidad de las noticias, la democratización de los medios y la elevación a condición de delito contra la fe pública cuando un medio mienta. La SIP no aceptó las sugerencias y Correa no firmó. En 2011, el mandatario impulsó una consulta popular que determinó la prohibición de propiedad cruzada de medios de comunicación y bancos para evitar conflicto de intereses, e impulsó el debate por una nueva ley de medios. La respuesta no tardó: asumió como presidente de la SIP Jaime Mantilla, dueño del Grupo Hoy, una de las principales corporaciones de medios ecuatorianos. Otro de los que se negó a firmar la declaración fue Evo Morales. Cuando la SIP envió una comitiva a Bolivia en 2009 a denunciar supuestas amenazas a la libertad de expresión, tuvieron que retirarse luego de que el presidente boliviano les presentara un video con los insultos que recibía por parte de los medios miembros de la SIP. Entre los pocos presidentes que no firmaron la Declaración de la SIP están Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de que Menem sí lo hizo, fue a título personal, al igual que los candidatos opositores en la actualidad. Los tratados internacionales que la Argentina reconoce con jerarquía constitucional están detallados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución. La Declaración de Chapultepec no forma parte de esta lista, en la que sí consta el Pacto de San José de Costa Rica. Durante la visita de la SIP a la Argentina en 2011 recibió una solicitada con las firmas de más de 1000 periodistas, representantes de la cultura y docentes universitarios en la que se denunciaba la violación al artículo 13 de ese Pacto. Ni la SIP ni ADEPA tomaron nota de la denuncia. ÚLTIMO REPORTE. La 69º Asamblea de la SIP terminará hoy en Denver, Estados Unidos, y tiene entre sus objetivos el apoyo de los principios fundamentales de una sociedad libre y de la libertad individual, así como estimular (…) una conducta comercial ética (sic). Actualmente, el secretario de la SIP es Bartolomé Mitre, del diario La Nación. En el Comité Ejecutivo figura Martín Echevers por el Diario Olé, un medio del Grupo Clarín. Echevers es presidente de la Junta de Gobernadores del Instituto de Prensa de la SIP, aunque ahí no figura representando a Olé sino a Clarín. En realidad, es gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín. Hay varias actividades cuya trama revela la verdadera cara de la SIP. En una charla sobre la Ley mordaza en Ecuador, el moderador será Danilo Arbilla, del semanario Búsqueda de Uruguay. Arbilla, que llegó a ser presidente de la SIP, fue funcionario en el área de prensa de la dictadura militar en Uruguay. Durante su gestión entre 1973 y 1976 se clausuraron decenas de medios, se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya y varios periodistas fueron asesinados o secuestrados. Una de las galardonadas en esta edición de la Asamblea de la SIP es Magdalena Ruiz Guiñázú, que recibirá el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa. Cuando Ruiz Guiñazú fue consultada sobre la SIP, afirmó que en general ha tenido un buen desempeño, omitiendo el apoyo comunicacional a varios golpes militares. Cuando le preguntaron sobre el silencio de la SIP ante los asesinatos de periodistas en Honduras tras la destitución de Zelaya, dijo: Eso me llama la atención, pero en este momento estoy muy ocupada con lo que pasa en el país. No quiero hablar de temas internacionales. Entre los premios, figura la categoría Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad. Este premio lo patrocinan, entre otros, La Nación, a pesar de haber silenciado los crímenes dictatoriales y, en los últimos tiempos, reivindicado al régimen nazi. En la categoría Opinión, el premio lo patrocina el diario El Mercurio de Chile, que fue el brazo comunicacional de la SIP para derrocar al gobierno democrático de Salvador Allende. El informe 2013 sobre Argentina es un compendio de las líneas editoriales de Clarín y La Nación, donde abundan críticas a la supuesta falta de libertad de expresión. El informe de la SIP afirma que el último semestre ha estado poblado de obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el gobierno nacional, que condicionan el desarrollo de la actividad periodística. No hace ninguna mención a las campañas de difamación mediática organizadas por los medios hegemónicos, ni a su falta de ética y deontología profesional periodística. Entre los ataques a periodistas que efectivamente ocurrieron, el informe de la SIP incluye este párrafo: El 8 de agosto, el CEO del Grupo Clarín y su abogado fueron insultados, escupidos y golpeados por militantes del Frente para la Victoria y de la agrupación Tupac Amaru a la salida de una audiencia de mediación. Lo que el informe de la SIP no dice –además de acusar sin pruebas a militantes– es que la mediación era a partir de un juicio que le inició el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a un periodista, Víctor Hugo Morales. O sea, una denuncia judicial de un empresario a un periodista. Un claro ataque a la libertad de expresión, pero al revés.
Posted on: Wed, 23 Oct 2013 01:32:45 +0000
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