12.07.2013 | Por las "graves irregularidades" societarias para impedir la distribución de dividendos y utilizarlos en favor de las empresas del grupo El Estado impugnó en la justicia la última asamblea del Grupo Clarín Según los abogados oficiales, el holding que encabeza Héctor Magnetto ha logrado "su éxito" de no repartir las ganancias aprovechando los "vicios" en la Constitución y el quórum de sus asambleas, que terminaron perjudicando al Estado. El gobierno decidió llevar a la justicia las "graves" irregularidades que a su juicio tuvieron lugar durante la última asamblea de accionistas del Grupo Clarín, holding donde la Anses dispone del 9% del capital social, herencia de la estatización del sistema previsional. La agitada asamblea en cuestión tuvo lugar el 25 de abril pasado en la sede del Grupo de la calle Tacuarí, donde la representación del Estado –en manos del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, el viceministro de Economía Axel Kicillof y el titular de la CNV Alejandro Vanoli– impugnó buena parte de las decisiones votadas por los socios mayoritarios del Grupo. Aunque las irregularidades societarias detectadas por el gobierno son varias y de distinto tipo, la raíz de todas ellas se centra en la falta de distribución de dividendos por parte de los principales accionistas, una política que el Grupo Clarín aplica sistemáticamente durante los últimos años y que ya motivó por lo menos tres presentaciones de la Anses ante la justicia comercial. Esas denuncias, incluso, tuvieron lugar durante los años en que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad que administra la participación pública en 41 compañías, hoy en manos de Kicillof, estaba bajo la órbita de la propia Anses. Según los abogados que representan al organismo previsional, una parte sustancial del éxito logrado por el holding para no repartir dividendos se explica por ciertos "vicios" en la constitución y quórum de sus asambleas, lo que permite "vulnerar" a la minoría accionaria. "Utilizaron artilugios legales y sin ningún sustento técnico, al constituir fondos de reserva tendientes a asistir en el futuro a las empresas subsidiarias del Grupo, hecho que produce un daño manifiesto, no sólo al Estado nacional sino a la sociedad toda, puesto que esta última ha dejado de percibir los dividendos que le corresponden a las arcas de la seguridad social. Otra vez, el interés particular prevaleció sobre el bien común por la decisión de unos pocos", indicaron los demandantes a través de un comunicado oficial. La nueva causa radicó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 25, a cargo de Horacio Robledo. Como se dijo, no es la primera vez que el Estado se dirige a la justicia para reclamar la nulidad de las decisiones aprobadas en las asambleas de Clarín. De hecho, en febrero pasado la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial –integrada por las juezas María Lilia Gómez Alonso de Días Cordero y Matilde Ballerini– confirmó una resolución de primera instancia adoptada por el juez Alberto Alemán, que suspendía el destino dado a las ganancias del Grupo Clarín, que había sido aprobado durante la asamblea del 28 de abril de 2011. El magistrado había determinado que el Grupo Clarín no había explicitado las razones por las cuales difería el pago de las utilidades obtenidas, tal como lo exige la legislación, y en lugar de ello enviaba los dividendos (387.028.756 pesos) para mantenerlos como resultados no asignados. El año anterior, más precisamente el 22 de abril de 2010, la asamblea de accionistas de Clarín resolvió no distribuir los $ 290 millones de utilidades del ejercicio fiscal que cerró el 31 de diciembre de 2009. El organismo se presentó el 16 de julio de ese año ante el Juzgado Nº 17 con una medida cautelar para suspender los efectos de la asamblea respecto de la cuestión de las ganancias. La cuenta de Resultados no Asignados ya sumaba el año pasado $ 1200 millones, razón por la cual le correspondería al Estado –tenedor del 9%– una suma superior a los $ 100 millones. Al dar cuenta de las supuestas irregularidades que tuvieron lugar durante la última asamblea de accionistas, el comunicado oficial indicó que "al Estado Nacional no se le permitió participar en la propuesta de los puntos que fueron tratados en la asamblea", y que el CEO del Grupo Héctor Magnetto, "quien debió presidir la Asamblea, tal como se lo imponían el Estatuto Social y la ley, no asistió y no justificó la ausencia, atribuyéndose inconsultamente el señor (José) Aranda dicho cargo, el cual desempeñó de facto en la asamblea, sin haber sido elegido previamente por los asistentes al acto". También se puso de relieve que los auditores externos –titular y suplente– fueron elegidos por la "mayoría automática" sin que existiera un presupuesto previo, y negándose "sistemáticamente" a evaluar la propuesta de los representantes del Estado de encomendar la tarea a la Sindicatura General de la Nación, "ofreciendo reducir en un 50% los costos de auditoría en aras del interés social". «
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 13:56:00 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015