ANIVERSARIO NÚMERO 30 DEL RETORNO A LA DEMOCRACIA Nuestro país vivió entre los años 1976 y 1983, una de las peores y más oscuras etapas de nuestra historia nacional. En tal sentido, la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976, puso fin al funcionamiento de las instituciones republicanas que estaban desbordadas por la acción de una guerrilla despiadada que a diario cometía actos terroristas colocación de bombas, asesinatos, secuestros, que dieron pie y excusa para que la cúpula militar de aquel momento efectuaran un golpe de estado, en dicho período de gobierno de facto, fueron violados los derechos humanos en forma sistemática, con la consecuente desaparición de miles de personas. Ese periodo requiere de otro tipo de análisis que no es el momento de tratar ahora. Pero debo destacar que la última locura del gobierno militar fue la guerra de Malvinas, la cual tuvo lugar en el mes de abril del año 1982 y cuyo fin último, fue sostener un gobierno militar, que ya se encontraba totalmente desacreditado. Cabe destacar que más allá de la justa e histórica reivindicación soberana del archipiélago por nuestro país, esta aventura militar fue un claro ejemplo de la improvisación de la política exterior Argentina por parte de los militares. La derrota sufrida por nuestro país precipitó los acontecimientos y la junta de comandantes debió convocar a elecciones. El día 30 de octubre, se conmemorará el 30 aniversario de las elecciones generales que posibilitaron la reinstauración del sistema democrático en nuestro país y que además, dieron el triunfo a la Unión Cívica Radical, de la mano del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. El 10 de Diciembre del 1983 Alfonsín hablo ante la Asamblea Legislativa y acompañado por el pueblo se dirigió a la Casa Rosada donde el presidente de facto Reynaldo Bignione le entregaría los atributos de mando. A un Presidente elegido por el pueblo, con la firme convicción, de que nunca más se violarían los derechos humanos y que las instituciones de la República no serían avasalladas, iniciando todos los argentinos un difícil pero necesario camino de construcción, de una etapa democrática para los tiempos. En mi opinión debo criticar la forma en que fue tratado el tema de las violaciones de los derechos humanos que no se realizó con equidad, porque en esa época hubo dos contendientes en pugna la subversión que atentaba con bombas, copamiento de cuarteles, comisarias, asesinatos, secuestros y una dictadura militar que fuera de la ley reprimió a esa guerrilla sin proceder a juzgamiento dentro de las leyes vigentes, optaron por torturar, matar y desaparecer a los detenidos. En 1985 se acordó con el justicialismo y se realizo la Asamblea Constituyente y la reforma de la Constitución. En el periodo que gobernó Alfonsín hubo una serie de desaciertos económicos que provocaron una inflación galopante que llego a casi un 4000 %, En 1989 el Dr. Carlos Menem asume su primer mandato tras vencer por casi 15 puntos porcentuales (47,2% a 32,4%) al radical Eduardo Angeloz y recibió el gobierno el 8 de julio de 1989, tomando el control de un país que atravesaba una profunda crisis económica e hiperinflacionaria luego del mandato de Raúl Alfonsín. Con el objeto de estabilizar la situación inflacionaria del país, se aplican recetas económicas de carácter neo-liberal. Se sancionó la Ley de Convertibilidad, impulsada por su ministro de economía Domingo Cavallo, que estableció la paridad 1 a 1 entre los valores de la moneda nacional y del dólar estadounidense. Firmó el Tratado de Asunción que puso en marcha al Mercado Común del Sur (Mercosur) con Brasil, Uruguay y Paraguay. En este primer mandato sucedieron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, en 1992 y 1994 respectivamente, en los que murieron casi 100 personas. También se produjo la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995, hecho por el cual el propio Carlos Menem se encuentra procesado. Dicha explosión dejó numerosas víctimas, entre ellas 7 fatales. En 1995, y con las nuevas condiciones establecidas en la reforma constitucional de 1994, se impuso nuevamente en elecciones presidenciales acompañado por Carlos Ruckauf venciendo por 20 puntos porcentuales al candidato del FREPASO, José Octavio Bordón. El segundo gobierno de Menem (1995-1999) estuvo caracterizado por el aumento de los indicadores negativos, como el desempleo, la pobreza y el trabajo precario no registrado. Se profundiza la crisis de las industrias nacionales con el cierre de fábricas y ferrocarriles. Además la deuda externa aumentó en casi 82.000 millones de dólares. Dichos indicadores se agravarían con el transcurso de los años, dando inicio en 1998 a un período de recesión económica que duraría más de 4 años. A fines de 1998, la Corte Suprema decide que el Presidente Menem no puede presentarse a elecciones presidenciales por tercera vez consecutiva. En el periodo 1999 al 2001 A raíz de los crecientes cuestionamientos hacia el gobierno de Carlos Menem, fundados sobre todo en la corrupción y la incapacidad de combatir del flagelo de la desocupación, fue surgiendo una fuerza política conformada a partir de un acuerdo entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frepaso, una confederación formada por los partidos Frente Grande, Socialista Popular, Socialista Democrático, Intransigente y Demócrata Cristiano. En 1997 se concretó esa unidad mediante la creación de la “Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación”, más conocida como “Alianza”. La formula fue Fernando de la Rúa- Chacho Álvarez, ganadora de la elección presidencial celebrada el 24 de octubre de 1999 con el 48,5 % de los votos, y una ventaja de 10,5 % sobre Eduardo Duhalde. El 10 de diciembre, la fórmula aliancista asumió el poder en un clima de esperanza, incluso entre muchos de los que no la habían votado. Sin embargo, ya desde el discurso de asunción, De la Rúa comenzó a socavar su base política, anunciando la necesidad de una serie de subas de impuestos y ajuste de la estructura estatal de considerable magnitud. El gabinete de ministros, a la postre extremadamente inestable, estuvo compuesto, entre otros, por José Luis Machinea en el Ministerio de Economía Ricardo López Murphy en Defensa, Adalberto Rodríguez Giavarini en Relaciones Exteriores, Juan José Llach en Educación. Era un gabinete integrado por radicales, frepasistas e incluso cavallistas, y con gran cantidad de economistas liberales. La situación argentina en materia económica y social era muy delicada: una desocupación que ya superaba holgadamente el 15 % y que subía implacablemente, inseguridad en las calles, desconfianza de parte de los mercados financieros internacionales y una voluminosa deuda externa eran algunos de los principales temas urgentes a tratar en la agenda del gobierno. A partir de febrero de 2001 grandes flujos de fondos empezaron a abandonar el país. Al mes siguiente asumió como Ministro de Economía López Murphy, pero fue repudiado por la oposición, e incluso por los propios radicales, al anunciar el arancelamiento universitario. Tras la renuncia de López Murphy, y en una sorprendente decisión, el gobierno nombró como Ministro de Economía a Domingo Cavallo, hasta entonces identificado por la opinión pública como un símbolo del gobierno de Menem. El 1 de diciembre de 2001, Cavallo toma la decisión de imponer el corralito, un paquete de medidas económicas que impuso una bancarización total de la economía, mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo depositado en bancos públicos y privados. Esta medida, que afectó en gran medida a las clases medias, sumó apoyos en los mercados y organismos financieros internacionales, pero la población comenzó a manifestar un enorme descontento. A partir del día 19 de diciembre de 2001 se produjeron las manifestaciones populares conocidas como “el cacerolazo”, en las que la gente se agrupaba golpeando ruidosamente cacerolas. Durante ese día se produjeron graves disturbios y revueltas sociales en diferentes puntos de país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Durante los graves enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, de los cuales fueron los más violentos los que tuvieron lugar en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, perdieron la vida al menos 5 personas. Frente a este panorama, el presidente decidió anunciar por cadena nacional que había decretado el estado de sitio, que suspendía las garantías constitucionales de los ciudadanos. Espontáneamente, miles de personas se lanzaron a las calles, disgustados con las recientes medidas civiles y económicas. Pacíficamente, la población manifestó su descontento durante toda la noche, mientras la policía intentaba alejarlos de la Casa de Gobierno, utilizando gas lacrimógeno; esa noche renunciaba el Ministro de Economía Domingo Cavallo. El día 20 de diciembre se produjeron nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes reunidos en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y en otros puntos del país. Esta vez, se calcularon en 30 los muertos por los diferentes enfrentamientos. A las 4 de la tarde, visiblemente debilitado, el presidente pronunció un discurso por televisión convocando a la “unidad nacional” y ofreciendo al justicialismo cogobernar el país. Ante los disturbios y el enérgico rechazo popular, Fernando de la Rúa presento su renuncia y abandona la casa de gobierno en helicóptero. De acuerdo a lo que determina la Constitución Nacional, asume la presidencia de la Nación en forma interina el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta. El día 23 de diciembre se reúne la Asamblea Legislativa, que nombra como presidente provisional de la Nación al hasta entonces gobernador de la provincia de San Luis por el Partido Justicialista, Adolfo Rodríguez Saá. En su discurso en el Congreso de la Nación, el flamante presidente anuncia el “default”, o cesación de pago de las obligaciones por préstamos a los diferentes organismos internacionales de crédito, y a particulares que tuviesen en su poder títulos de la deuda pública argentina. Una serie de nuevos enfrentamientos, en Casa de Gobierno y en el Congreso Nacional entre algunas facciones más radicales de los manifestantes que continuaban acercándose a los edificios de gobierno, y las fuerzas de seguridad, ponen nuevamente en jaque la estabilidad de este nuevo gobierno. Se oyen repulsas contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, contra miembros del nuevo gabinete, y contra senadores y diputados, que no contaban con el apoyo popular. El lema más recordado de los manifestantes era el “que se vayan todos”, que resumía el descontento que sufrían las gruesas mayorías de la población, respecto de la clase dirigente. Algunos enfrentamientos tuvieron lugar dentro del palacio del Congreso de la Nación y se produjeron pequeños incendios y rotura de cristales y mobiliario. Sin el apoyo de importantes gobernadores, aún de algunos de su mismo partido político, el efímero presidente de la Nación, Rodríguez Saá decide presentar su renuncia al cargo, hacia el día 30 de diciembre. Asume la presidencia en forma interina el hasta entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. El Partido Justicialista propone aEduardo Duhalde como presidente provisional. El 31 de diciembre la Asamblea Legislativa aprueba la propuesta por gran mayoría, y Duhalde asume el cargo el día 2 de enero de 2002. Pocos días después de su acceso al poder, el nuevo primer mandatario dispuso sus primeras medidas para hacer frente a la crisis económica: abandono del tipo cambiario fijo, devaluación del peso, pesificación de la economía (incluidos depósitos bancarios) y la distribución de planes sociales para atenuar los efectos de una economía en recesión que había incrementado la pobreza e indigencia hasta índices nunca vistos antes en la Argentina. En abril de 2002, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, dimitió ante las protestas suscitadas por el denominado “Plan Bonex”, que preparaba junto a Duhalde para canjear por bonos de deuda pública los depósitos bancarios a plazo inmovilizados. Los demás miembros del gabinete pusieron también sus cargos a disposición del presidente, el cual aceptó, entre otras, la renuncia del jefe de gobierno, Jorge Capitanich, y designó titular de Economía a Roberto Lavagna; quien anunció que no se produciría el retorno a un tipo de cambio fijo (siguiendo así las recomendaciones del FMI) y que persistirían las restricciones bancarias. El gobierno vio cumplidos algunos de sus principales objetivos en junio: el Senado derogó la llamada Ley de Subversión Económica, se acordó un pacto fiscal con los gobiernos provinciales para reducir en un 60% su déficit, y se dispuso un nuevo Plan Bonos. Pero el eje del programa gubernamental, cumplir las exigencias del FMI para recuperar su ayuda económica, generó todo tipo de actitudes opositoras y agudizó la conflictividad social. Pese a que la crisis continuó, el gobierno intentó normalizar progresivamente el sistema financiero; en noviembre de 2002, casi un año después de su implantación, finalizaron las restricciones para retirar efectivo de cuentas corrientes (acababa así el llamado “corralito”), y en marzo de 2003 se levantaron las limitaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo (el denominado “corralón”). Duhalde fue el único que se atrevió a hacerse cargo de la más alta magistratura cuando la ciudadanía gritaba en las calles “que se vayan todos”, ese reclamo más desesperado que anárquico que de a poco fue cediendo. Contra todos los pronósticos y la tendencia prevaleciente, cuando convoco a elecciones -en las que voluntaria y claramente se autoexcluía desde el día de su asunción- esos mismos ciudadanos votaron masivamente. Sin una sola denuncia de corrupción, acompañado por un equipo de patriotas con verdadera vocación de servicio, el 2 de enero de 2002 el gobierno de Duhalde enterró el modelo financiero, rentístico y usurero que alcanzó su cenit con las políticas del Consenso de Washington. Inauguro, entonces, un virtuoso modelo basado en la alianza entre trabajadores y empresarios para poner de pie y en paz a la República. A partir de esa inamovible convicción, se fueron conjugando las decisiones políticas y económicas que devolvieron a los argentinos un país normal en pocos meses. La administración de Duhalde dejo un país que crecía al 7%, con superávit fiscal y comercial, progresivo crecimiento de reservas, 3% de inflación anual y sin manifestaciones violentas. A fines de 2002 se firmó un acuerdo con el FMI para salir del default, e inmediatamente después se presentó en Washington la única propuesta de canje de deuda viable entre la Argentina y los bonistas particulares, con quita del 70%, que fue lo que finalmente aceptaron en 2005. El 9 de mayo de 2003, convirtió en ley el rescate de bonos provinciales y títulos Lecop emitidos por el Estado nacional. Por Decreto 1819/2002, se estableció que a partir del 1° de enero de 2003, las retribuciones fueran íntegramente abonadas sin la reducción ordenada por el decreto 896/2001 y la ley 25.453. En 2002 el gobierno asumió el costo que significó ponerle la firma al certificado de defunción de la convertibilidad, y alentó la competitividad con un tipo de cambio flexible y estable. Dos de los pilares del modelo económico instalado en enero de 2002 -superávit fiscal y comercial- fueron abandonados luego de la renuncia del equipo económico heredado. En 2002 se creó el Derecho Universal de Inclusión Social, materializado a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar, que cobijó a más de dos millones y medio de familias con un ingreso superador de lo que el Indec consideraba entonces la línea de indigencia. El 28 de agosto de 2002 se sancionó la ley 25.649 de prescripción de medicamentos por su nombre genérico. Plan Remediar nació en abril de 2002 para cubrir las necesidades de 15 millones de personas mediante botiquines de medicamentos que cubrían la casi totalidad de las patologías ambulatorias por dos años, hasta 2004. Desde la conducción de Duhalde en el Mercosur, con la colaboración protagónica de Lula da Silva se creó el Unasur. Estos logros económicos de la gestión de Duhalde fueron apropiados por el Kirchnerismo. El 26 de junio de 2002, se produce la Masacre de Avellaneda en el que el gobierno nacional ordenó la represión de una manifestación de grupos piqueteros. Ante este hecho Duhalde anticipó seis meses el llamado a elecciones presidenciales y anunció que no iba a volver a presentarse. Carlos Menem volvería a postularse para presidente en 2003 y obtendría la victoria en primera vuelta, pero renunciaría a presentarse al ballotage ante una derrota asegurada. Kirchner asumió confirmando al ministro de Economía de Duhalde la política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, que lograra detener la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10 %. Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. Kirchner le pidió la renuncia a Lavagna el 28 de Noviembre del 2005, a partir de esa fecha comenzaron las dificultades y los problemas económicos, con la intervención de INDEC comenzaron a dibujar las estadísticas y todo fue una mentira y un relato falso, y día a día comenzaron los problemas, fijación de precios máximos, corralito del dólar importación de gas y gas-oíl, problemas con los ferrocarriles, Aerolíneas Argentina estatizada y con una pérdida diaria de más de dos millones de pesos. Argentina creció hasta el año 2007 a tasas chinas, y a parir de ese momento y con la soberbia que caracterizo a la Presidente Cristina Kirchner comenzaron los desaciertos económicos y el país entro en una innecesaria confrontación ya que al que no pensaba igual al gobierno era un enemigo, o integrante de una corporación, la tozudez del gobierno y el atropello que pretendió con la justicia, la sanción de la ley de medios que solamente es para acallar a los medios que no son a fin del gobierno, provoco la reacción de los ciudadanos en estas últimas elecciones le bajaron el pulgar al gobierno y por más que mantienen las mayorías en ambas cámaras, ya no son el 54 % del electorado, son la primera minoría con un 33 % del electorado. Creo que en estos 30 años de democracia debería ser el momento para que todos los dirigentes políticos realizaran una autocritica y desprendidos de toda ideología partidaria revisar que han realizado por el bien común de los ciudadanos. Yo como Justicialista considero que nuestro Partido es culpable de muchos desaciertos y fracasos, fuimos el Partido político que más tiempo gobernó en estos treinta años en muchísimas provincias y a nivel nacional, y nuestro país continua teniendo altos índices de indigencia, pobreza, desocupación, déficit habitacional, deserción escolar, desocupación, trabajo en negro y precario, inseguridad, incremento del narcotráfico, inflación, desnutrición infantil. Creo que nuestros dirigentes justicialistas no han cumplido con la doctrina justicialista. Para colmo en esta última década se encaramaron en el poder con una piel de Peronista Justicialista el Sr. Kirchner y su Esposa que desarrollaron una política llamada “nacional y popular” que nada tienen que ver con la esencia del justicialismo, lamentablemente estos personajes con una ideología socialista de izquierda y apoyados por viejos dirigentes corruptos del peronismo que se convirtieron en bufones del reino Kirchnerista son los “ocupas” del Partido Justicialista, creo que debemos volver al Perón que retorno en la década del 70, y con dirigentes jóvenes poner con honradez en práctica la doctrina justicialista. Carlos Alberto Espiño C.A.B.A. Octubre 31 del 2013
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 21:19:56 +0000
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