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APRECIABLE EDITOR. En relación a la nota periodística cultural “Caso Neruda: Informes defectuosos”, de la edición 1908 a cargo del periodista Francisco Marin, así como la de la edición 1899, “La Exhumación de Neruda: Objeciones y Desconfianza”, del mismo periodista, me permito hacer las siguientes acotaciones al respecto: No cabe duda que cada nación es única y emblemática con su historia; sin embargo, a pesar de la cultura, idiosincrasias y sistemas de justicia, comparten unas con otras exactamente las mismas problemáticas en las dudas razonables que ponen en entredicho las investigaciones forenses a cargo de los organismos que procuran y administran la justicia. La republica chilena es representada por el caso del expresidente Salvador Allende, así como el más reciente de difusión de Don Pablo Neruda, entre otros. Colombia, por el caso del palacio de justicia y la muerte de Reyes Echandia. México por sus múltiples casos entre otros, Miroslava, Trotski y Colosio. Bien se podrían mencionar a todos y cada uno de los países que integran el continente y se pondría en claro la repetición en la similitud de sus historias. Aquí no hablamos de la muerte como un fenómeno natural, sino el nexo de las causas de su muerte como un fenómeno de tipo social que se encuentra en “duda y cuestionado”. ¿Porque en estos casos que identifican a las naciones de nuestro continente, pasados los años, se controvierten en el diagnóstico forense de la modalidad de los hechos y de las causas que originaron el deceso de dichas victimas? Simplemente por falta de elementos objetivos que nos lleve a creer en la verdad histórica de los mismos. Ahora bien, ¿si en los casos emblemáticos se duda de la historia, acaso nos imaginamos de cuantas miles de víctimas han pasado las mismas circunstancias? ¿De cuantos mexicanos, han tenido que sufrir el flagelo del error de las investigaciones forenses? No podemos seguir dejando de un lado que cada ciudadano que ha sufrido por la violencia en nuestro país, aquellos que sin ser políticos, expresidentes, ministros, o de alta economía, fueron personas que de igual manera en vida forjaron pensamientos e ilusiones por un país lleno de grandeza y de paz, pero cuyos anhelos fueron truncados por la manos de victimarios que ciegamente han contribuido a la inestabilidad de la sociedad, al caos y al odio. Sin embargo, Chilenos, Colombianos, Guatemaltecos, Peruanos o Mexicanos, dudamos de la labor de investigación criminal que efectúan las instituciones encargadas de los procesos judiciales que buscan o han buscado protagonismo institucional y que no permiten y no han permitido que los encargados de la propia investigación criminal, sean expertos forenses que no formen parte activa de los organismos de procuración de justicia, o de organismos descentralizados del Estado. ¿Cuál es el miedo? Acaso es, ¿Llegar a la verdad? Recordemos que el sistema de justicia que rige nuestro país por norma constitucional, invoca como principio rector el de la contradicción, lo que lleva consigo que organismos de investigación forense privados puedan volver adversarial las posturas de los que hasta estos momentos son considerados “palabras de Dios”. Sin embargo, en época actual no es permisible, que se vean involucrados expertos forenses privados en llegar a la verdad de los hechos. O bien, no sean tomados en cuenta en sus diversas dictaminaciónes por ser peritos, investigadores o expertos pagados por la parte que los contrata. ¿Cómo no controvertir una prueba del Estado, si la misma es realizada, practicada y traspolada a un dictamen por parte de un perito que si bien es cierto es contratado por el Estado, en muchos de los casos ni siquiera cumple con los requisitos normativos? Médicos generales que realizan labores de médicos forenses, criminólogos que hacen labores criminalísticas, y cada una de las ramas de las ciencias forenses que se diligencian por “expertos”, que ni siquiera cuentan con un título profesional o cedula para efectos de patente. ¿Cómo nos piden que confiemos y creamos en las investigaciones forenses en el país? De ahí que se siga cuestionando, dudando y desconfiando de los resultados en aquellos casos en donde estuvo inmerso un ciudadano común, que por su cuestionada economía, solamente puede quedarse con la información de los resultados proporcionados por el Estado y que a la postre, afectan no solo a las victimas sino a la totalidad de la sociedad. ¿De que nos sirve un Dr. Luis Ravanal Zepeda, un Dr. John Clark, una Dra. Gail Cooper y un Dr. Hugo Rodríguez? DR. HORACIO RAFAEL VALERO CERVANTES. INVESTIGADOR CRIMINAL.
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 01:26:02 +0000

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