Bosque de Niebla Asuntos Públicos: LA LIBERACIÓN DEL ASESINO CONFESO DE REGINA +Escrito por Eduardo Coronel Chiu, publicado en Diario AZ Veracruz-Xalapa Publicado: Lunes, 12 de Agosto de 2013 Por: Eduardo Coronel Chiu Texto CompartirXalapa, Ver. Insólita y sospechosa la liberación del asesino confeso de la periodista Regina Martinez, José Antonio Hernández Silva, «El Silva», concedida en votación dividida el pasado jueves por los magistrados de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. El crimen de la corresponsal del semanario Proceso muerta a golpes y por asfixia en su domicilio en abril de 2012, politizado en extremo en el marco de una serie de ataques a personas vinculadas al periodismo, se presentó como resuelto el año pasado por la Procuraduría de Justicia del Estado con la detención y confesión de «El Silva», quien admitió su coparticipación junto con José Adrián Hernández, «El Jarocho», éste prófugo, y se estableció como móvil el robo, encontrándose además parte de los objetos robados propiedad de la víctima, imputación reforzada por otros testimonios de personas allegadas a los acusados. En octubre pasado, con base en las pruebas aportadas por la Procuraduría de Justicia, la juez penal de la causa del distrito judicial de Xalapa determinó la responsabilidad de «El Silva», por lo cual lo sentenció a 38 años y dos meses de prisión. Ahora resulta que dos de los magistrados de la Sala Penal que atendió la apelación de la sentencia hecha por «El Silva» encontraron que en el juicio penal se violaron sus derechos al debido proceso, que la confesión fue hecha con base en la tortura, su defensor de oficio incumplió con su función y los testimonios estaban viciados por ser de oídas, contradictorios y aleccionados, carecen de validez, por lo que determinaron revocar la sentencia condenatoria y ordenaron la liberación de «El Silva». LOS ABOGADOS DE EL SILVA Desde afuera y en la perspectiva de los que esperaban una conexión del crimen con las causas de la libertad de expresión, en apariencia se trataría de un tema de legalidad y protección de los derechos del acusado al debido proceso, loable si fuera auténtico y significara la vigencia del estado de derecho, que no parece ser el caso. Sólo con ingenuidad podría creerse que el revés a la Procuraduría y al Gobierno del Estado propinado por los dos magistrados, Edel Álvarez Peña, ponente, y Andrés Cruz Ibarra, presidente de la sala, con el voto y criterio en contra de la magistrada Martha Ramírez Trejo, tuvo como motivación única el estricto apego a la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia. Quienes los conocen en su actuación pública no pueden tragarse que Edel y Andrés hayan asumido súbitamente la causa de la legalidad, la protección de los derechos de los acusados y los valores de la recta impartición de justicia. Para empezar, nadie concedería al magistrado ponente, Edel Álvarez Peña, los conocimientos básicos de la disciplina jurídica, que nunca practicó, ya que su ocupación ha sido la política: fue alcalde de Coatzacoalcos y presidente del PRI estatal, y empresario en medios impresos, y durante la pasada administración, director del Registro Público de la Propiedad y del Archivo de Notarías, donde se le vinculó a grandes negocios de adjudicación notarial de predios urbanos vacantes. Premiado en 2010 por el ex gobernador Fidel Herrera con el nombramiento de magistrado, Édel ha sido cuestionado en su preparación y desempeño nulo en materia jurídica, así como por su enriquecimiento en cargos públicos y tema de burla en el medio judicial, donde a su llegada se hacía mofa de su ignorancia contándose que al informársele que le enviarían los autos (como se conoce en el léxico judicial a un tipo de resoluciones), respondía que a él le gustaban los de la marca Ford. ¿De cuándo acá le salió lo jurista a Edel? El otro magistrado de la causa de «El Silva», Andrés Cruz Ibarra, aunque con carrera judicial, ha estado ligado a Edel en forma subordinada, entre otras razones, porque le debe la magistratura, gestionada por su compadre Edel con el entonces gobernador Dante Delgado Rannauro. Además de que su competencia ha sido en materia administrativa y de justicia juvenil y no penal, su vínculo con Edel pone en duda su independencia de criterio y sugiere que se plegó al móvil por aquel indicado. LAS RAZONES DE EDEL Y ANDRÉS (Y SOSA) Podrían haber confirmado la sentencia de «El Silva», estaban la confesión de éste, los testimonios y los objetos robados, pero no lo hicieron y determinaron, no tanto con la razón jurídica, en contra del criterio de la magistrada Ramírez Trejo, juez penal de muchos años, quien sostuvo que había pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad, con el voto de mayoría en la sala que la víctima no era Regina, sino «El Silva». Sin duda que ha sido un golpe al Gobierno del Estado que ya se había anotado un tanto al esclarecer el crimen de la corresponsal de Proceso. El revés pone en entredicho su actuación y favorece los ataques de sus enemigos de que se fabricó un falso culpable. Esta consecuencia es obvia. ¿Por qué jugarle las contras al gobernador Javier Duarte de Ochoa y al procurador Amadeo Flores Espinosa? Las razones habrá que buscarlas en otra parte y no en el expediente de «El Silva». Una línea apunta a los antiguos nexos de negocios y políticos de Edel con Miguel Ángel Yunes Linares –como es sabido en abierta campaña contra el gobernador–, de quien fue socio en la cadena de periódicos de El Liberal en sus inicios en Coatzacoalcos. Cierra la pinza y se escapa de la sospecha de participación en el golpe el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández, también vinculado, como es sabido, a Yunes Linares, su candidato en la elección a gobernador en 2010. De 4 salas penales con que cuenta el Tribunal Superior de Justicia, ¿cómo fue que la apelación se turnó a la sala de Edel y Andrés y no a cualquiera de las otras? y ¿cómo es que conocida la mancuerna de ellos se permitió que ambos formaran parte de la misma sala? Están de moda las sentencias judiciales aberrantes, Raúl Salinas de Gortari fue absuelto de enriquecimiento ilícito –pese a que se constató que su fortuna no se correspondía a sus ingresos como servidor público. Rafael Caro Quintero, abuelo de los carteles del narco, fue liberado hace un par de días por «violaciones al debido proceso», aunque se comprobó el homicidio del agente de la DEA, Kikis Camarena, en los 80, por que fue sentenciado por un juez federal, y debió serlo –eso dicen ahora– por un juez común. En esa ola va la liberación de «El Silva» gracias a la truculenta ponencia del «jurista» Edel y su compadre Andrés, con la complacencia de Alberto Sosa.
Posted on: Tue, 13 Aug 2013 02:06:49 +0000
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