COLOMBIA REQUIERE HOY MAS QUE NUNCA LA PRESENCIA DE LA OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS Las organizaciones firmantes de esta comunicación, con ámbito de operaciones en todo el país y dedicadas a la promoción y defensa de los derechos Humanos, DECLARAMOS: La decisión del gobierno colombiano, anunciada anoche por el presidente Juan Manuel Santos ante los medios de comunicación, de interrumpir definitivamente la presencia en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constituye flagrante violación a los cauces diplomáticos y al respeto debido al Alto Organismo, puesto que fue anunciada públicamente, en ambiente y tono festivos, sin la más leve mención al papel jugado por el organismo humanitario en nuestro país, y sin previo aviso por los canales regulares, como se acostumbra en este tipo de casos y lo ordenan las más elementales normas de cortesía. Este hecho grotesco resulta aún más peligroso para la democracia colombiana y para la vigencia de los Derechos Humanos, ya que sobreviene en momentos, precisamente, en que el organismo mundial viene llamando la atención del gobierno colombiano por los siguientes hechos: a) violaciones de derechos ocurridas en la movilización social del Catatumbo, en donde la ONU denunció excesos en la actuación de la fuerza pública que causaron la muerte a cuatro manifestantes; b) la entrada en vigencia, por sanción presidencial, de las reformas al Fuero Penal Militar, que según la ONU conducirá a aumentar la impunidad en los delitos de lesa humanidad por cuenta del Estado, como los llamados Falsos Positivos que la ONU tildó de sistemáticos e intencionales por parte del ejército; c) los anuncios provocadores y amenazantes del Ministro de la Defensa y otros altos funcionarios, en el sentido de que reprimirán por la fuerza las anunciadas movilizaciones de diversos sectores de la producción nacional como mineros, cafeteros y otros, que reclaman reivindicaciones legítimas. Por otro lado, la estigmatización permanente contra el movimiento social, al que se acusa una y otra vez de estar infiltrado por la guerrilla, mientras se conversa con esta cómodamente en las Mesas de La Habana, ha retrocedido al país a las nefastas épocas del uribismo recalcitrante y creado un nuevo ambiente de pugnacidad que pone en peligro la vida y la libertad de activistas sociales, como se ha visto recientemente con la muerte de líderes y liderezas de la restitución de tierras y, peor aún, los dos asesinatos de sindicalistas ocurridos en Cali en los últimos días, sin que las autoridades hagan el menor intento por esclarecer los hechos, ni los medios de comunicación hagan el despliegue noticioso que la situación merece.. Si agregamos a este panorama la situación de la violencia social en las ciudades colombianas, principalmente en Cali, con el crecimiento exponencial de víctimas por homicidio, estaríamos frente a un panorama desalentador que, en esencia, hace de este el peor momento para prescindir del apoyo generoso de Naciones Unidas y de su Alta Oficina para los derechos Humanos. Quienes trabajamos día a día por mejorar la situación de los Derechos Humanos, rechazamos tajantemente la decisión del gobierno, exigimos la reversión de la misma y solicitamos a la comunidad internacional su respaldo decidido a esta protesta, ya que es claramente perceptible el móvil de la retaliación contra el organismo mundial por los recientes reparos que este, en cumplimiento de su deber y de los acuerdos que originaron la Oficina en Colombia, le viene formulando al gobierno. Cuando nos aprestamos, esperanzadamente, a transitar la senda de la reconciliación en el ambiente de postconflicto que ya se percibe, resulta en contravía del interés nacional, de la democracia y de los derechos humanos, expulsar del país nada menos que a la más alta delegación internacional cuya labor humanitaria es ampliamente reconocida por todos los sectores de la sociedad. Santiago de Cali, Colombia, Julio 17 de 2013 Alvaro Sepúlveda Franco, Escuela Ciudadana Manuel Caicedo Paz, Escuela Popular de Gobierno Javier Quiroga Varón, Corporación Centenario Siguen firmas
Posted on: Thu, 18 Jul 2013 15:49:02 +0000
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