Congreso halla culpables a Torres y Ramos por obras de saneamiento deficientes Martes, 09 de julio de 2013 | 4:30 am 18-1b-cm-sdarc-6135223.jpg 0 ELEMENTOS. Segundo Tapia, miembro de la Comisión de Fiscalización señaló que existen elementos que configuran los delitos de negociación incompatible y omisión de funciones. Ysela Vega Chiclayo La Comisión de Fiscalización del Congreso encontró responsabilidades penales en los alcaldes de Chiclayo y Lambayeque, Roberto Torres Gonzales y Percy Ramos Puelles, respectivamente, por los delitos de negociación incompatible, omisión de funciones, prevaricato y falsedad documental en el contexto de la ejecución de las cuestionadas obras de saneamiento que puso en tela de juicio el idóneo uso de los recursos económicos y el cumplimiemto de las especificaciones técnicas. Con esta decisión el panorama legal de ambos burgomaestres se torna gris, aún cuando ayer el informe solo fue sustentado por el jefe del grupo de trabajo, legislador Segundo Tapia Bernal ante los miembros de dicha comisión, la que volverá reunirse en los próximos días para definir su votación. Se conoció que se requiere el 50% más uno, para aprobarlo y remitirlo a la Fiscalía de la Nación. Hasta la fecha, Torres Gonzales no ha sido considerado en ninguna investigación a nivel del Ministerio Público por el caso de la obra "Mejoramiento de las redes agua y alcantarillado del casco central de Chiclayo"; sin embargo esta situación daría un giro de 180 grados con esta disposición congresal, al hallarse elementos suficientes que acreditan -según legisladores-, los ilícitos específicos de negociación incompatible y omisión de funciones. CHICLAYO Al enfocarnos en los trabajos de saneamiento en la Ciudad de la Amistad, el equipo de trabajo detalló que se configura la comisión delictiva de negociación incompatible contra Roberto Torres y los miembros del Comité de Licitación N° 4-2011: Marcos Antonio Guevara Uvidia y Dante Roberto Failoc Piscoya; además de los integrantes del Comité Especial del Concurso Público N° 001-2011: Marcos Antonio Guevara Uvida, Dante Roberto Failoc Piscoya y Mercedes Janina Ramos Suyon, todos a título de autores, en base a hechos relacionados, por ejemplo al proceso público, el que fue anulado de oficio en tres ocasiones. También se menciona que el expediente técnico de esta obra no fue suscrito por un profesional especializado, vul nerándose el Artículo 8º de la Ley 16053; omisión que fue advertida por la Contraloría al burgomaestre, quien no la subsanó ni la tomó en cuenta, lo que evidencia el interés indirecto que se tenía por parte de los funcionarios imputados en las resultas del contrato. A ello se agrega que no se contó con la autorización del Ministerio de Cultura y no se elaboró un Plan de Monitoreo Arqueológico. Este problema se agravó con el Concurso Público Nº 001-2011 para la Supervisión de la Obra, pues el Órgano de Control Institucional (OCI) de la comuna chiclayana detectó que el Consorcio Supervisor Chiclayo, cuyo representante es José María Cajo Ramírez presentó una carta fianza falsa para solicitar un adelanto, lo que fue comunicado a la autoridad edil, y aunque se efectivizó la correspondiente denuncia, se continuó la relación contractual con este contratista infractor, detalla el informe. INTERVENCIÓN Al primer vecino de esta localidad, también se le acusa del delito de omisión de funciones por no tomar acciones ante las deficiencias en la obra y por las tres valorizaciones erróneas que realizó la supervisora lo que favoreció al Consorcio Chiclayo (contratista). Y se comprende a OSCE por incumplimiento de la normatividad de las contrataciones. En la determinación de responsabilidades se involucró a la fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, María Antonieta Larrea Wong por el delito de prevaricato, debido que archivó la investigación por las cartas fianzas falsas en contra de Cajo Ramírez. Es por eso que el congresista Tapia indicó que el expediente será remitido al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA). Ampliaciones y paralizaciones Cabe indicar que el Congreso, también sostiene que los miembros de la empresa supervisora, José Cajo y Genaro Segura Azaña, deberán rendir cuentas por el delito de falsedad documental a causa de las cartas fianzas falsas. En el caso de Lambayeque, la Comisión de Fiscalización, determinó que el burgomaestre Percy Ramos Puelles y el gerente municipal Daniel Rivera Pasco tienen responsabilidad de los delitos de negociación incompatible y omisión de funciones por las paralizaciones y ampliaciones de plazo en la obra de saneamiento. El informe comprende datos que respaldan que se efectuaron mayores gastos para la ejecución del proyecto que el monto establecido cuando éste fue declarado viable.
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 20:41:24 +0000
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