De los procesos abiertos se vislumbra un supuesto faltante de G. 562.900 mil millones, más de US$ 125 millones, de acuerdo a las denuncias penales. Salvo procesos “heredados” por Luis Piñánez, sucesor del exfiscal Arnaldo Giuzzio (actual senador), las pesquisas casi no involucran a colorados, sino a liberales y altos jefes del gobierno de Fernando Lugo (ver infografía). Las causas que cuentan con imputaciones son las que involucran al extitular del Indi Darío Quesnel (venta de tierras de ayoreos); al extitular del Indert Luis Ortigoza (compra de inmueble de San Agustín SA) y la de los exministros del Interior Rafael y Carlos Filizzola (caso compras irregulares de cuatro helicópteros). A su vez, persisten procesos contra el exgobernador de Amambay Ricardo Sánchez (PLRA) y el que implica a las proveedoras del Estado “Preciosa” y “Don Raúl”, en el que están imputados sus propietarios Nancy Godoy Adorno y Raúl Rodríguez. Por su parte, los casos que poseen acusación son los de la exministra de la Secretaría de Acción Social (SAS) Judith Andraschko, por compras de inmuebles inservibles, pendiente de juicio oral y público; y del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, acusado por un presunto perjuicio de G. 1.224 millones. El resto de los casos que tienen pendiente audiencia preliminar o juicio oral pertenecían al exfiscal Giuzzio. Estos son los del exintendente de Lambaré Juan Martínez; del exgobernador de Ñeembucú Juan Carlos Bottino; del exgobernador de Boquerón David Sawatzky, y del exintendente de Villa Franca Juan Carlos Bottino. A ellos se suman once exadministradores de Puertos, que cayeron en flagrancia con “recaudaciones para la corona”. Solo exiguas penas y una elevada impunidad Las exiguas penas previstas para el delito de lesión de confianza (5 años), además de que existen administradores de entes a los que se los puede considerar “intocables”, porque tras las pesquisas nunca son imputados, así como las condenas de expresidentes revertidas en la Corte Suprema, no colaboran con la lucha anticorrupción. Las denuncias por supuestos millonarios perjuicios patrimoniales en Petropar y las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá nunca se traducen en punibilidad de sus administradores de turno, lo que siempre es muy criticado. A esto se suma que las condenas que lograron agentes de la unidad especializada de los expresidentes de la república Juan Carlos Wasmosy (4 años por auxilio irregular al Banco Desarrollo) y Luis Ángel González Macchi (8 años por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa) fueron revertidas por las defensas en Cámara y la Corte Suprema, lo que incrementa la sensación de impunidad. Sin embargo, en la misma Unidad de Delitos Económicos tampoco corrieron pesquisas emblemáticas contra los senadores Juan Carlos “Calé” Galaverna y Víctor Bernal (extitular de Itaipú) y del expresidente Nicanor Duarte Frutos, por supuesto enriquecimiento ilícito. El exgobernador de Presidente Hayes Eugenio Escobar Cattebeke, pese a ser condenado a escasos 2 años y medio por un perjuicio de G. 1.400 millones, logró la extinción del caso y nunca pisó la cárcel. (Más detalles en el Semanario Judicial de mañana lunes)
Posted on: Sun, 01 Sep 2013 14:26:37 +0000
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