EL SALVADOR: ¿Quién permitió el amaño en el caso Cel-Enel? Fuentes internas de la Asamblea Legislativa, entre políticos y técnicos, que elaboraron el informe presentado a la Fiscalía para que sustentara la acusación contra más de una docena de exfuncionarios de ARENA por el delito de peculado, concuerdan casi por unanimidad en que hasta el momento solo se ha visto “la punta del iceberg” del problema y que aún falta mucho más por descubrir, en cuanto a que falta que se revelen los nombres y se deduzcan responsabilidades de otras personas involucradas en lo que han llamado “la gran estafa” al Estado salvadoreño. El fraude al que hacen mención es a la “privatización disfrazada” que resultó de la firma de un contrato en 2002, entre la salvadoreña LaGeo y la italiana Enel Green Power, por medio del cual se faculta que la internacional se apropie de los bienes del Estado para explotar la energía geotérmica, la cual por principio constitucional no se puede entregar al ser patrimonio de los salvadoreños. “Nos sorprende que hasta el momento la Fiscalía esté investigando a los cuarenta ladrones pero no a Alibabá”, dice uno de los asesores de la comisión nombrada para dar seguimiento al caso CEL-Enel, en referencia a que el estudio presentado por la Asamblea Legislativa da cuenta de que el expresidente de la República Francisco Flores fue el principal responsable y promotor de la firma de un contrato supuestamente lesivo a los intereses del Estado en cuanto a que fue elaborado para beneficiar a la internacional Enel Green Power. Sin embargo, la Fiscalía dice no tener pruebas de su culpabilidad en el caso. Según dicho contrato, Enel pasaría a administrar al tener mayoría de las acciones –un 53%-, la energía geotérmica del suelo salvadoreño, en detrimento de la población. El asocio nació en 2002 a iniciativa de funcionarios de gobiernos de turno aunque su objetivo fue capturar los ingresos públicos por venta de energía que el Estado recibía de los dos campos geotérmicos ya en fase de explotación (Ahuachapán y Berlín) que el Estado mismo desarrolló en el milenio pasado. Los artífices de la maraña Juan José Daboub fue ministro de Hacienda y a él se le responsabiliza de ser “el cerebro” de las privatizaciones que se dieron en El Salvador a partir de la llegada de los gobiernos de ARENA. Fue miembro del concejo ejecutivo de CEL, presidente de ANTEL (que luego él mismo privatizó) y secretario técnico de la presidencia del expresidente Francisco Flores, entre otros cargos que desempeñó. Posteriormente, se asoció con Flores y otros políticos para dar vida al cuestionado Instituto América Libre, con sede en Washington. “Juan José Daboub es el intelectual que planificó todos los movimientos de las privatizaciones de los diferentes patrimonios del Estado”, dice Tomás Campos, ex superintendente de la SIGET y miembro del equipo técnico que elaboró el informe final de la comisión CEL-Enel de la Asamblea Legislativa, y agrega que “a la llegada de Francisco Flores al Ejecutivo, Daboub acrecienta su poder, y se da a la tarea de contratar asesores para ver cómo le caían al negocio de la geotermia”, dice. Para Campos, es el hermano de Jorge Daboub, Juan José “el planificador conjuntamente con el ingeniero Guillermo Sol Bang, José Antonio Rodríguez y Francisco Flores de entregar el patrimonio nacional a manos de Enel”. “La lista de nombres de los que se han beneficiado con la entrega del patrimonio salvadoreño a la internacional Enel, alcanza a todos los directivos de CEL de las administración de Sol Bang y al gabinete económico de la época”, señala. “No se encuentra prueba de la solvencia de Daboub (en el informe)”, dice Campos. “Daboub fue muy hábil y quitó los instrumentos que tenía el Estado para fiscalizar el patrimonio público”, revela. El técnico resiente que en 2005 la Corte Suprema de Justicia, administrada por el ex presidente Agustín García, cerró las puertas a cualquier tipo de investigación patrimonial de funcionarios en el gabinete de Francisco Flores, dejando el caso enterrado en el más frío oscurantismo. Estos funcionarios de seguro no hicieron estas actividades sin recibir dádivas a cambio, opina. “Daboub allanó el camino para que Enel se apropiara del patrimonio salvadoreño”, reitera. En tanto, el diputado Rigoberto Soto, de la fracción Unidos por El Salvador, quien también estuvo en la comisión especial, asegura que este negocio fue pensado para beneficiar a una empresa extranjera y para “los lacayos” de Francisco Flores, dice. “Si con todo lo que hemos presentado no logramos condena para los acusados de corrupción, nos sentiríamos burlados como país”, sentencia el parlamentario. Este político adelanta que pronto se vendrá una campaña fuerte en el exterior por parte de ARENA, acusando al Estado salvadoreño de incumplimiento de contrato y boicoteando al Estado desde fuera, dice por medio de analistas, empresarios y políticos. “Se nos viene una avalancha de críticas”, reitera. Pero no duda en decir que lo que ha habido en este negocio es un robo para el pueblo salvadoreño y que “el cabecilla de la banda se llama Francisco Flores” y lamentó que al exmandatario no se le haya decretado orden de captura aún cuando en el informe está sustentada su participación directa en la elaboración de un contrato amañado. ARENA se defiende Por otra parte, el diputado Mario Valiente, del partido ARENA y quien formó parte de la comisión legislativa para investigar el caso, mantiene que “no se puede hablar de un contrato amañado” e insiste en que lo que hay de trasfondo “es una persecución política a través de un juicio que no es en nada parcial”. “En lo personal, el Fiscal (Luis Martínez) me ha decepcionado… yo tenía otro concepto de él y creí que sería correcto e imparcial… ¿porqué solo investiga a gente del partido ARENA y no a la gente que rodea al expresidente Saca? Eso me demuestra que hay parcialidad de parte del fiscal”, dice. Luego reflexiona que su partido ha decidido “seguir respetando la institucionalidad del país” y que esperarían que el juez que tiene el caso, sobresea a los mencionados por delito de peculado, “porque no ha habido corrupción, como dice el Fiscal”, opina. En los mismos términos se expresa el diputado Edwin Zamora, de ARENA, quien también formó parte de dicha comisión, a quien le sorprende que este caso resuene en tiempo de campaña electoral y que las investigaciones estén dirigidas solo a acusar e investigar el periodo del expresidente Flores. “Me extraña que desde que se aprobó la ley general de Electricidad hasta ahora hayan pasado 17 años y nadie dijo nada en todo este tiempo… el presidente Saca tuvo la oportunidad de declarar nulo el contrato ¿por qué no lo hizo?” Se cuestiona el político. Al consultarle sobre el papel que jugó el secretario técnico de la presidencia de Flores, Juan José Daboub, en este caso, dijo que “no he platicado con él”; luego le consultamos igualmente sobre la participación del secretario de asuntos jurídicos de Flores, Rolando Alvarenga, quien en su calidad de asesor debió haberle advertido al exmandatario los riesgos que podría tener el contrato en la manera que estaba redactado -que beneficia supuestamente sobre todo a una de las partes, precisamente a la internacional-, se limitó a contestar que “sí he hablado con Rolando Alvarenga y dice que él no tenía ningún conocimiento de la transacción, pero en todo caso hay que preguntarle a él y no a mí”. Efectivamente intentamos comunicarnos con Alvarenga pero éste ya se había retirado del recinto legislativo, en donde permanece como miembro del equipo asesor de ARENA. Finalmente, Zamora dice confiar en la institucionalidad del país y al igual que Valiente, esperaría que se desarrolle un juicio imparcial. Un contrato que nunca debió firmarse El pedecista Arnoldo Marín sienta posición al decir que “como PDC vamos a respetar la institucionalidad del país pero aclaramos que estamos a favor de que se combata la corrupción”. Sin acusar a nadie directamente, Marín sostiene que “es lamentable que los funcionarios de aquel momento no se dieran cuenta de lo que estaban firmando o que se hicieran los desentendidos del problema… (el contrato con Enel) es un contrato que no debió haberse firmado nunca”, dice. “Esperamos que la Fiscalía sea responsable y que no se quede procesando a los que no debe procesar. Lo que queremos es que se llegue al verdadero tronco de donde se iniciaron estos amaños y ojalá que la Fiscalía llegue hasta los verdaderos corruptos... Tenemos la plena fe que la Fiscalía está haciendo las cosas correctamente”, asintió. Por su parte, el diputado Serafín Orantes, del PCN quien es miembro de la comisión, afirma que “esto apenas comienza” y que “sabemos que hay más personas involucradas en este caso de corrupción y más adelante se tendrán que dar a conocer sus nombres”. Sobre el contrato que traspasa la mayoría de acciones a la internacional Enel, Orantes asegura que los estudios preliminares determinan que “es lesivo para el Estado salvadoreño pero eso es precisamente lo que van a tratar de establecer las autoridades correspondientes”. “Por nuestra parte –señala- ya rendimos informe y sabemos que están involucrados toda la Junta Directiva de CEL y todo el gabinete económico del expresidente Francisco Flores. Luego rechazó que este caso se trate de una persecución política como se ha dicho, y que habría que darlo a conocer en el momento en que se tuviera la información. “No pueden hablar (los de ARENA) de que sale el caso a la luz pública porque estamos en campaña. Aquí todo el tiempo estamos en campaña, entonces nunca vamos a decir las cosas”, reflexionó. ift.tt/1icdcLh
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 10:51:18 +0000
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