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ESTO ESTA CALIENTE.........A propósito de las necesidades más sentidas de los venezolanos, la investigación que hizo el Centro Gumilla hace un par de años mostró que las más resaltantes en los sectores populares eran el empleo, la inseguridad y la salud. Y, por otro lado, que las cinco instituciones más confiables para esos sectores eran: las universidades (24,7%), la Iglesia católica (23,4%), los estudiantes (23,7%), la presidencia de la República (23,2%) y los medios de comunicación privados (15,9%). Probablemente los porcentajes han variado pero los problemas más sentidos de la gente y la debilidad institucional para solucionarlos siguen siendo los mismos. En medio de esta gran crisis económica, social y política, los movimientos que se observan en el Gobierno dirigidos a enfrentar estos problemas y otros que van aparejados con ellos como la corrupción y el clima de violencia e inseguridad, se perciben como buenas señales. El intento por flexibilizar la política cambiaria, el recibimiento de los obispos de la Iglesia católica por parte del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, las reuniones que buscan salidas al conflicto universitario, los nombramientos del alto mando militar y las llamadas de atención del Ejecutivo sobre la urgente y más eficaz administración de los recursos, se perciben como señales de que se quiere bajar el tono de la discusión y responder a los problemas más acuciantes del país. En el pasado mes de junio la opinión pública nacional tuvo el conocimiento de la detención de varios directivos vinculados a hechos de corrupción que cumplían funciones en el Instituto para la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios (Indepabis) y del jefe del Servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria (Seniat) en La Guaira, estado Vargas. El presidente de la República realizó varias declaraciones en torno a esos hechos de corrupción: “Voy a fondo contra la corrupción, voy con todo contra los corruptos, estén donde estén, debe acabarse la corrupción. Vamos a aplicar mano dura”. “La corrupción se va a tragar a la patria si no nos ponemos al frente de una poderosa lucha contra los corruptos”. Es un signo positivo que desde la primera magistratura se ponga en discusión nacional el terrible flagelo de la corrupción pública (la privada no debería quedar fuera) que azota al país. Pero será más positivo aún si efectivamente esa cruzada se lleva a cabo de manera sostenida e involucrando al resto de la sociedad. Nos sumamos a quienes confían, por el bien del país, que estos gestos iniciales no queden en hechos propagandísticos. Para ello será necesario sancionar a todas las personas involucradas en los diversos actos contra la cosa pública sin que medien excepciones. El compromiso por una gestión transparente de los dineros públicos nos incumbe a todos como sociedad, pues sus efectos tremendamente dañinos afectan de manera terrible a todo el conjunto social. Transparencia en el control de armas y municiones Como parte de la transparencia en la gestión pública debemos mencionar que las oportunidades que brinda la recién sancionada Ley para el desarme y control de armas y municiones para disminuir la violencia y la mortalidad a causa de las armas de fuego no pueden ser desaprovechadas. Las competencias en todo lo relativo al control de las armas de fuego y sus municiones recaen casi exclusivamente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales y legales sobre el tema, abogamos para que se puedan crear mecanismos en los cuales los ciudadanos puedan tener información oportuna que permitan acompañar los procesos de rendición de cuentas y contraloría social. La sociedad, atendiendo las dimensiones y complejidad del tema, debe poder ejercer contraloría, por ejemplo, sobre los procedimientos de recuperación, incautación, custodia y destrucción de las armas de fuego y sus municiones con la finalidad de evitar el reciclaje de armas por parte de individuos vinculados a cuerpos de seguridad. Lo relativo a la administración y manejo de la cosa pública nos incumbe a todos. En ese sentido, utilizar las posiciones que se ocupan en el entramado del Estado para obtener beneficio personal o de allegados perjudica al conjunto social. Señales para activar todas las instituciones Estas señales positivas que apuntan a enfrentar la inseguridad, la corrupción y la impunidad tendrían que venir acompañadas con decisiones que comprometan a todas las instituciones. La articulación institucional es necesaria para que estas medidas permanezcan en el tiempo y finalmente se acabe con este entramado que produce muertes. A estas alturas ya sabemos que esto no se consigue con reacomodos tácticos del Gobierno o de la oposición que buscan mantener sus cuotas de poder, sino con planes, acuerdos y personas preparadas en todos los niveles. Se requieren acciones que vayan más allá de las proclamas de valores abstractos, prácticas concretas compartidas. Es radicalmente importante que las instituciones tengan una referencia afectiva y orgánica con este país, con su cotidianidad y con su gente. Porque no se trata de procedimientos formales, necesarios pero no suficientes, surgidos de la presión del momento, sino de responder articuladamente y a largo plazo a la realidad de las grandes mayorías populares. Que no queden crímenes impunes tiene que ver directamente con un Poder Judicial realmente capacitado para impartir justicia. La policía tiene que hacer labores de inteligencia y prevención del delito, ganarse la confianza de los ciudadanos y tener garantías de que sus trabajos van a ser respaldados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y esto no se puede conseguir si no hay autonomía de poderes o si estos están penetrados por mafias o controlados por tribus de leguleyos o si actúan a la conveniencia del Ejecutivo. No puede depender de una sola persona o de una sola institución porque bastaría que esta se corrompiera para que una vez más se volviera al punto de partida. En esto la ciudadanía tiene una oportunidad de crear lazos de solidaridad, mantenerse vigilante y hacer los reclamos oportunos. Lenta cristalización de los procesos Nada se puede conseguir de un día para otro. Ante las elecciones municipales del 8 de diciembre ambos bandos ya preparan sus baterías para reciclar y renovar el sueño de afirmarse o salir de la situación al día siguiente de la victoria electoral. Pero nuestra realidad es que el entramado conformado por la inseguridad, la corrupción y la impunidad ha penetrado profundamente en toda la sociedad venezolana y tiene que ser atacado apuntando a la raíz de forma progresiva y articulada. Las instituciones educativas, por ejemplo, cobran mayor relieve en esta crisis. De ellas se espera que al mismo tiempo que luchan por la reivindicación de sus derechos dejen de ser autorreferenciales y respondan a las demandas de la realidad venezolana. Un compromiso con el país que se concreta en una excelente contribución a la formación de las capacidades necesarias para erradicar la corrupción, la violencia y la impunidad. En este sentido institucionalizar significa la cristalización de los procesos que con sus altos y bajos empujan las grandes mayorías populares. El trabajo que se inicie ahora será poco para todo lo que hay que hacer y tendremos que dedicarle mucho tiempo, personas y recursos para que al cabo de los años podamos cosechar buenos resultados.
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 00:10:38 +0000

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