El Congreso local estuvo a un paso de enfrentar un proceso penal por desacato, debido a que no fundó ni motivó la no ratificación del magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, José Carlos Flores Silva. El pasado 27 de septiembre, el Pleno del Congreso chihuahuense determinó derogar el dictamen 230/2013 que frenó en marzo pasado la ratificación del magistrado por motivos partidistas al ligarlo con el grupo político del exgobernador José Reyes Baeza Terrazas. Luego de recibir la noticia de que no sería ratificado, Flores Silva llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El Congreso local no dudó en que el fallo del máximo tribunal favorecería al magistrado y que el Poder Legislativo chihuahuense sería acusado por desacato, por lo que pidió a aquel que se desistiera de la inconformidad, a cambio de ratificarlo. En la última sesión extraordinaria de sesiones de la LXIII Legislatura y luego de constituirse como órgano electoral, los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen, luego ratificaron al ministro y en ese mismo momento le tomaron protesta. Pese a ello, el Poder Judicial tendrá que pagar más de 4 millones de pesos a Flores Silva por sueldos caídos, aguinaldos y otras prestaciones. La historia: El 30 de junio de 2011 venció el periodo de tres años que marca la ley para que José Carlos Flores fuera ratificado en su cargo. Días antes, el 16 de junio, el Congreso local integró en su orden del día el caso del magistrado y le negó la ratificación. Flores Silva se amparó y el juez segundo de Distrito, Juan Carlos Zamora, le negó el recurso. El magistrado recurrió entonces a la siguiente instancia. Su caso fue a revisión a la SCJN, que decidió resolver sobre la facultad de atracción 169/2012, y le otorgó el amparo el 9 de mayo de 2012, en el juicio 433/2012. El Congreso local dejó sin efecto el primer dictamen en el que negó la ratificación, y el 5 de marzo pasado los legisladores votaron de nueva cuenta por la no ratificación. El magistrado se inconformó ante el máximo tribunal de justicia del país, que puso en su agenda el caso 350/2013. De inmediato, el Congreso local pidió a Flores Silva que se desistiera, debido a que el fallo de la Suprema Corte sería contra el diputado Francisco Salcido, quien fungía como presidente del Legislativo estatal cuando se negó a aquel la segunda ratificación. La sanción era penal y el legislador tendría que ser removido para enfrentar cargos penales por desacato. Pese a lo burdo de la actuación de los diputados ante el fallo de la SCJN, el magistrado accedió y fue ratificado con la promesa de solicitar su jubilación en unos meses. En la sesión del 27 de septiembre, el diputado Luis Adrián Pacheco explicó que Flores Silva no tenía reporte de queja, ni falta administrativa, y estaba en regla su declaración patrimonial. Entonces los legisladores volvieron a votar, como lo ordenó la SCJN. A favor de la ratificación del magistrado votaron 27 miembros del Congreso local y tres lo hicieron en contra. La defensa : De acuerdo con el abogado Maclovio Murillo, los equipos jurídicos del Congreso local fueron dirigidos por consejeros del Ejecutivo estatal y ayudados por el presidente del Poder Judicial, Javier Ramírez Benítez. En un desplegado publicado en medios locales, indicó que cuando Flores Silva ganó el amparo, no imaginaron lo que se les venía. “Solamente veían cómo sus desorganizadas acciones de defensa, sin ton ni son, una a una y en su conjunto, daban cuenta de una deficiente estrategia jurídica y una pésima imagen pública del poder, y cómo la defensa del quejoso, adversamente a su actuación, los ponía en evidencia hasta ridiculizarlos, aprovechándose de cada uno de sus cada vez más frecuentes y graves errores, al mismo tiempo que, ante la opinión especializada en temas jurisdiccionales, se acrecentaba la idea de que la causa de Flores Silva, era justa”, describió. Fue evidente, añadió, que el poder público de Chihuahua se confabuló para expulsar a un juzgador que no actuó a modo del gobierno. Detalló que la primera ocasión que el caso fue atraído por la Segunda Sala de la SCJN, le concedió el amparo solicitado, pero además le dio parámetros tan específicos que hacían prácticamente imposible negarle la inamovilidad si realmente se analizaban y respetaban, pero los diputados volvieron a rechazar la ratificación. “Pésima e incorrectamente asesorados y dirigidos, cometieron un grave error, tal vez el de mayor envergadura en todo el litigio: sorprendentemente, y fuera de todo pronóstico esperado, repitieron el acto reclamado, negando la ratificación con los mismos vicios que el decreto declarado inconstitucional por el máximo tribunal de justicia en México, o sea, sin motivación alguna”. El magistrado se inconformó y el Pleno de la SCJN “tenía en la mira”, al menos, al diputado Salcido, quien debería ser destituido y consignado directamente a un juez federal por el delito de desacato, sancionado con penas similares a las del abuso de autoridad. El gobierno no quiso asumir el costo político, por lo que solicitó el perdón a través del desistimiento de la inconformidad para que se dejara firme la resolución del juez de amparo, en la que falló que no existió repetición del acto reclamado para evitar la sanción del diputado, a cambio de la ratificación. “Estaban acorralados en un rincón sin otra salida, a menos que eligieran el sacrificio del legislador e incrementar el escándalo local, hasta convertirlo en nacional”. Murillo Chávez explicó que se trató de un litigio estratégico, con lo que se logró, en primer lugar, la inconstitucionalidad, y con ello cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua, que permitía resolver sobre la no ratificación de los magistrados estatales, sin motivarse el decreto respectivo. En segundo término, hacer comprender al poder público de Chihuahua que no puede despedir magistrados estatales de manera arbitraria. Además, que el poder público del estado, al resolver sobre la inamovilidad de juzgadores, debe sujetarse a la Constitución y a la ley, y no otorgar ese estatus con una visión estrictamente política. Como último punto, que la sociedad tenga garantizado que aquellos que no son ratificados como juzgadores, es solo debido a su mal desempeño y no se trata de buenos juzgadores despedidos por no atender los deseos, órdenes, instrucciones o lineamientos de los gobernantes, pues los jueces deben regir su actuación exclusivamente con base en la Constitución, la ley, los tratados internacionales y la interpretación jurídica. Explicó, asimismo, que el mayor impacto de este caso es que se fortalece la independencia judicial de Chihuahua. Y es que, advierte, una judicatura dependiente de otros poderes, como el Ejecutivo o Legislativo, posibilita la tiranía y el autoritarismo. “Su caso (del magistrado Flores Silva) será un icono y no podrá borrarse en la historia de la judicatura chihuahuense”, concluyó el abogado defensor, quien también llevó el caso de los tres polémicos jueces que liberaron a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, el asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, hija de Marisela Escobedo, a su vez ultimada a las puertas de palacio de gobierno el 17 de diciembre de 2010, cuando exigía justicia por la muerte de Rubí.
Posted on: Wed, 02 Oct 2013 04:13:40 +0000
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