El chanchullo de las firmas contra Petro Todos los días se descubren nuevas irregularidades. La tramoya pisa los predios del Código Penal. El intento fallido de revocarle el mandato al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, puede terminar en la Fiscalía y con sus promotores en la cárcel. Por ahora uno de ellos está obligado a presentarse a las autoridades judiciales, las cuales lo condenaron por una acción criminal, en la que le impusieron como pena accesoria a la de privación de la libertad la pérdida de los derechos políticos por el mismo tiempo de la sanción principal. Esa es la primera gran falla del trámite de la revocatoria del mandato, un proceso político que obliga a que sus promotores estén en ejercicio de los derechos políticos. De entrada, todo el diligenciamiento hasta ahora adelantado es nulo, irregularidad que no se puede subsanar con la renuncia del “personaje”, como se hizo para tratar de ocultar burdamente el abuso cometido. La otra gran falla fue la de contratar la recolección de los apoyos con una empresa dedicada al menester mecánico de buscar firmas entre la ciudadanía y entregarlas al que las necesite, por un valor determinado. Se ha dicho que por cada firma se cobra entre dos mil y siete mil pesos, según la urgencia con que se requieran y la importancia del evento para el que se necesita. En este caso se buscaron, ni más ni menos, para “tumbar” al alcalde de Bogotá, el segundo cargo oficial más importante del País. Los promotores, con el representante a la Cámara, conservador uribista Miguel Gómez, a la cabeza, compraron 650.000 firmas. Batman y Chapulín a la palestra La recolección de firmas corresponde a una labor política para justificar ante las autoridades electorales la seriedad y solidez de una consulta popular dirigida a revocarle a un funcionario los poderes concedidos en su elección. Los interesados se denominan promotores, porque deben ser los que accedan a la ciudadanía pidiendo su aprobación y su confianza para sustentar la solicitud de revocatoria. Tienen que ser ellos y sus equipos políticos o cívicos los que asuman el papel de convencer a los ciudadanos sobre la necesidad de su propuesta y de recibirles la firma, lo que implica que deben llenar un formulario de su propio puño y letra y consignar en él los datos exigidos por la autoridad electoral. De esas firmas contratadas, entregadas a la Registraduría por los contratantes, solo 350.000 fueron reconocidas como válidas. Casi el 50% resultaron ‘chimbas’, porque la cédula de ciudadanía no corresponde a ciudadanos inscritos en Bogotá, la letra no es de la persona que firmó, los datos proporcionados son falsos o los nombres escritos fueron una burla para significar el rechazo ciudadano a la propuesta de revocatoria. Supermán, Batman y Robin, la Mujer Maravilla, Tongorito, el Chapulín Colorado y hasta Linterna Verde figuran entre los firmantes. Tan descuidado fue el análisis de las firmas por parte de los revocantes, que estas “perlas” identifican de cuerpo entero su folclorismo e irresponsabilidad. El fraude fue enorme Pero ahí no pararon las irregularidades, los abusos y las falsedades. El alcalde elegido por los Progresistas pero que ejerce sus funciones en nombre de todos los bogotanos, demandó ante la autoridad contenciosa administrativa la falta de garantías procesales en el trámite de las firmas, las cuales motejó de falsas. El Tribunal le reconoció el derecho a examinarlas, una a una. Así se hizo con una comisión de los mejores expertos grafólogos de Colombia, los cuales acaban de expresar que el 80% de las 350.000 firmas aceptadas como válidas por la Registraduría no reúne los requisitos que exigen la ley y los reglamentos. Solo 70.000 de las 650.000 firmas compradas, sirven. Es decir, más fraudes, más falsificaciones, más engaños. El país no tiene antecedentes de una actividad política tan engañosa, tan irresponsable y tan abusiva. Todo un fraude montado con el fin de desvirtuar el mandato ciudadano, asaltar la buena fe de las autoridades electorales e imponer torticera y criminalmente un resultado mentiroso, politiquero y malintencionado para sacar a Petro de la alcaldía e imponer en su reemplazo a conmilitones y cómplices de los jefes revocantes. Urge la presencia de la Fiscalía y la Procuraduría Esta sucesión de hechos indelicados y delincuenciales clama la oficiosa presencia de las autoridades disciplinarias y judiciales. Exige un inmediato pronunciamiento de las autoridades electorales e impone a ciudadanas y ciudadanos extremos cuidados, suma diligencia, para que en la política no prospere la molicie y los latrocinios no se impongan como procedimiento para hacer revanchismo político y buscar en los escritorios oficiales los resultados que no fueron capaces de lograr en las urnas. Petro tiene derecho a continuar en la alcaldía.
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 18:45:21 +0000
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