El editorial Por Benjamín Cuéllar Verdad y justicia, temblores y mentiras Con la reciente admisión de la demanda de inconstitucionalidad sobre la amnistía decretada el 20 de marzo de 1993, de nuevo se volvió a “alborotar el panal”. Y como ha ocurrido siempre desde hace más de dos décadas al salir a flote el asunto, ya comenzaron a oírse las mismas mentiras que se caen solas y las temerarias amenazas que únicamente reflejan la desesperación de quienes –a lo largo de los años de posguerra– nunca habían sentido tan cerca los pasos de las víctimas en el techo de la guarida donde se pensaban eternamente seguros: la aberrante ley que ahora está ante la posibilidad cada vez más cierta de desaparecer. Qué terrible ha de ser el trance en que se encuentran los que se consideraron “intocables” y que chocante el papel de quienes los defienden escribiendo o declarando necedades. Un ejemplo: el ex presidente Francisco Flores acaba de sacar del “baúl de los recuerdos” la frase que pronunció el 18 de octubre del 2002, para recrearla en el escenario actual. “La amnistía es la piedra angular del proceso de pacificación del país”, dijo días atrás. Pero hace casi trece años también la llamó “piedra angular”, pero de los acuerdos de paz. Más locuaz, atrevido y falaz que ahora, agregó entonces que la amnistía –cita textual y temeraria– “fue lo que nos permitió a nosotros perdonarnos […] La persecución de los crímenes de guerra hubiera producido otra guerra […] A mí me parece que aquellos que buscan quitar esa piedra angular de los acuerdos de paz, pueden sumergirnos en un grave conflicto adicional”. Menuda pieza de antología esa dichosa o, más bien, desdichada perorata; primerísimo lugar en la competencia mundial de hipocresía retórica y barata. Nada más sencillo de demostrar eso pues según el Acuerdo de Ginebra –el que marcó el principio del fin de la guerra entre el ejército gubernamental y el insurgente– además del “adiós a las armas” pactado, en el país se debía impulsar su democratización, garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos y “reunificar” la sociedad. Esos eran los componentes del proceso de pacificación que, con muy buen tino, establecieron las partes negociantes el 4 de abril de 1990 ante el entonces secretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Por más que uno lee y relee ese documento y el resto de los acuerdos, desde el de Caracas hasta el de Chapultepec, no encuentra en algún lado la palabra “amnistía”. No hubo compromiso al respecto, así que Flores se “sacó de la manga” lo de la “piedra angular” tanto de los acuerdos como del proceso de pacificación; más bien, la amnistía ha sido la piedra de tropiezo que ha impedido avanzar en democracia y respeto de los derechos humanos. Porque este país no es ni será democrático ni respetuoso de los derechos humanos, mientras siga sin tratar por igual a sus habitantes. Y es que solo para ciertas personas ha habido verdad; también justicia, en alguna de sus expresiones, y reparación. Eso les permitió perdonar a sus victimarios cuando se lo pidieron. Son determinadas y contadas, pertenecientes a las minorías privilegiadas de viejo y nuevo cuño, las que dan fe de ello; pero porque experimentaron el proceso necesario para sanar y cerrar sus heridas. Son gente de las élites económica, social, política y militar que –según Francisco Flores– la amnistía les facilitó perdonarse entre sí. Y quizás por eso Flores habla del perdón en primera persona y en plural, aunque no sea tan amplio el círculo, pues a su suegro lo ejecutó con lujo de barbarie la guerrilla; también porque de haberse opuesto Flores a la amnistía, seguramente habría arriesgado muchas de las ventajas que lo llevaron a estar donde está dentro del poder. “La persecución de los crímenes de guerra –sostuvo Flores– hubiera producido otra guerra”; además, para este personaje quienes demandan su nulidad “pueden sumergirnos en un grave conflicto adicional”. O sea que, desde su óptica retorcida, las víctimas pasarían de esa condición a la de victimarios. ¡Por favor! Como cantan Sabina y Páez, los “enemigos íntimos”, qué falta de respeto y qué atropello a la razón. Pero hay más, aún. Los que pretenden devaluar y hasta deslegitimar la lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas, o no lo han leído o deliberadamente les vale el numeral cinco del primer capítulo del Acuerdo de Chapultepec, que trata sobre la Fuerza Armada. “Superación de la impunidad”, se lee en dicho párrafo que en resumen establecía la necesidad de “esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad”, principalmente en casos de irrespeto de derechos humanos. Esa “papa caliente” se la pasaron a la Comisión de la Verdad reconociendo que “hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”. Eso fue lo acordado: superar la impunidad investigando hechos y castigando responsables sin importar su bando, mediante el funcionamiento de las instituciones del sistema interno de justicia. Superación y no fortalecimiento. O, para quienes ocupan tan gastada figura: curación y cierre de heridas; no mantenerlas abiertas, infectando el cuerpo social con inseguridad y violencia, muerte y pesar a lo largo de la posguerra. Y el grueso de las víctimas las siguen poniendo siempre en su enorme mayoría, con o sin “tregua”, las mayorías populares. En el IDHUCA desfilan a diario rostros marcados por el dolor y el temor. Ese perenne constatar, autoriza para asegurar que las víctimas no salen de los entornos de Flores, de Joaquín Villalobos o de Paolo Luers, quien sostiene que la amnistía es “uno de los pilares del proceso de paz, de reconciliación y de la reconstrucción conjunta del país”. Eso es así salvo contadas excepciones, como el reciente asesinato de Miguel Ángel Gallardo Larios. ¿Cuál “paz” entre las mayorías populares donde se muere lenta y violentamente? ¿Cuál “reconciliación”, más allá de los brindis y abrazos de criminales en recepciones diplomáticas o en la bohemia de alguna cantina? ¿Cuál “reconstrucción conjunta” del país, si lo que uno hace el otro lo deshace? ¿Cuál si el “tejido social” que dinamitaron los guerreros, no se restaura ni se restaurará mientras las víctimas tengan que vivir junto a sus victimarios envalentonados por la impunidad que los protege? Pero Villalobos es “punto y aparte”. La Comisión de la Verdad determinó en su informe tener plena prueba de que decidió y ordenó –con Jorge Meléndez, alias “Jonás” y otras personas– asesinar a varios alcaldes en el oriente del país. Al hoy amanuense de Antonio Saca, la citada Comisión le atribuye una responsabilidad especial por ser entonces el jefe máximo del Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero además de esos crímenes, carga sobre su espalda la infame ejecución de Roque Dalton y la indignante desaparición de su cadáver. Quizás por eso presume de haber “jugado un papel muy importante para viabilizar la amnistía”. Claro, no le conviene quedar descobijado. Pero como su cinismo obsceno parece no tener límite, como “palabra de Dios” arremete sosteniendo que derogar la amnistía no es “trascendental para el país” y que la impunidad que generó “no es de interés nacional”. Hoy, dice, lo que importa es la “impunidad masiva de las maras”. ¡Qué descarada contradicción! Esta da para otro comentario más adelante. Porque desmontar sus sofismas, igual que los del otro par, no cuesta mucho. Y entre más triunfos vayan consiguiendo las víctimas que luchan contra la impunidad, que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo a este país donde sobreviven –no a Inglaterra– se verán y se oirán más cosas. Eso ha ocurrido en Guatemala donde la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas está en pañales, pero limpios. No como acá, que no cuenta ni siquiera con ese pedazo de tela o celulosa para absorber la porquería entre la que se esconde tanto criminal y tanto defensor de criminales.
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 20:58:50 +0000
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