El estrépito de los vagones destrozados y los gritos de las personas heridas taparon el clamor por el horrendo asesinato de la niña Angeles Rawson. También en este caso se intentó volcar el espanto contra el Gobierno, comenzando por el padre de la víctima, Franklin Rawson. “Hay que ser responsable y acordarnos de todo esto a la hora de votar. Hacer que los gobernantes estén a la altura de las circunstancias”, dijo. Rawson es uno de los integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, un organismo bautizado así en involuntario homenaje al CELS. Por Internet circuló una convocatoria para manifestarse en la Plaza de Mayo en repudio por el crimen, pero nadie acudió a la cita, acaso porque no hay forma de establecer algún vínculo creíble con el Gobierno. Los avisos fúnebres publicados en La Nación completan el perfil paterno. Entre los firmantes estuvieron el general Jorge Dansey Gascon, quien se atribuye haber sido el jefe del comando de Inteligencia del Ejército que secuestró el cadáver de Eva Perón de la CGT en 1955. Otro amigo doliente es Marcelo White Pueyrredón, miembro de una pintoresca asociación de Fundadores de la Patria. Descendiente de Cornelio Saavedra y de Juan Martín de Pueyerredón, White fue procesado hace dos años por vender un documento histórico firmado por Saavedra y Mariano Moreno que formaba parte del “patrimonio cultural del país”, según escribió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El procesamiento fue revocado por la Cámara Federal, no por inexistencia del delito cuya prueba es inconmovible, sino por imposibilidad de cobrar la multa. La ley 15.930 fue sancionada en 1961, y fijó para el “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos, una multa de diez mil a cien mil pesos moneda nacional”. Como ese monto nunca fue actualizado, en 2010 equivalía a 0,0000000000001 pesos, y en consecuencia era de cumplimiento imposible. Junto con el mercader del patrimonio cultural firmó también Pedro Pusineri, integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el grupo de lobby de inspiración episcopal que reclama una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Aparte de estos ribetes picarescos, se desató una avalancha de opiniones enconadas. En un editorial titulado “Masacre por goteo”, La Nación consideró el asesinato de Angeles Rawson como “una metáfora perversa del sentido que estamos dando a los derechos humanos de todos a vivir en libertad, seguros, sin miedos a desaparecer apenas traspasamos el umbral de nuestras casas”; instó a replantearse “qué está pasando con los derechos de todos, no sólo los de alguna parte o los de alguna época” e interpeló a las autoridades políticas para que enfrenten el problema. La expresión “masacre por goteo” está tomada de un artículo publicado en el mismo diario por Diana Cohen Agrest. Esta doctora en filosofía y madre de Ezequiel, asesinado en 2011 en un intento de robo sostiene que la reducción a 23 años de la condena a prisión perpetua al autor del disparo mortal, Sebastián Pantano, hijo de un policía, sigue un itinerario de impunidad que siempre favorece al delincuente. La columnista de La Nación denuncia a los jueces con “prodigalidad asesina” que dejan libres a convictos de altísimo riesgo, y la exageración de un “garantismo penal que está destruyendo el entramado social”. El editorial del mismo diario afirma que “la vía pública está hoy abandonada a su suerte”. Lejos de esta fantasía aterrorizante de que debido a una Justicia garantista nadie puede estar seguro fuera del sacrosanto recinto del hogar, la investigación judicial logró establecer que la criatura volvió a su casa luego de la clase de gimnasia, cosa que la familia ocultó. Hasta ahora no hay registro de que haya vuelto a salir sobre sus pies de allí. Y el primer detenido fue el portero. También aquí parece que el problema estaba adentro.
Posted on: Sun, 16 Jun 2013 18:47:25 +0000
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