En Corrientes existen 42 empresas en regla, 30 en Capital y 12 en el interior. Hasta el año pasado había 63 en todo el territorio provincial. Desde la cámara que las nuclea aseguran que existe una gran cantidad de irregularidades para su desempeño. En cambio, desde el organismo policial que las regula indican que periódicamente se vigila las calles de la ciudad. Un vigilador de una empresa de seguridad de la capital correntina, agencia que había dejado de tener la habilitación en regla hace algunos meses, decidió sustraer el dinero del local que custodiaba hace un tiempo. El hecho ocurrió hace un poco menos de 20 días en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Misiones y San Martín. Según se pudo saber, el hombre adoptó esta medida como consecuencia de que trabajaba en negro y desde hace varios meses, le adeudaban los haberes. Pero este no es el primer caso registrado, por el contrario; otro tanto ocurre porque existen empresas y vigiladores que no cumplen con los requisitos y normas establecidos por la oficina Sección de Control de Agencias de Investigaciones, Informes y Seguridad Privada que pertenece al Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía de Corrientes, órgano de habilitación y contralor general de dichas agencias. Según pudo conocer “época” en diálogo con personal de esa área, que prefirió mantener su identidad en reserva, los controles se realizan periódicamente en las calles de la ciudad. Aunque dicha afirmación fue refutada por los propietarios de agencias habilitadas y activas de la provincia que indican que dicho control se cumple en forma parcial, “priorizando la persecución hacia empresas en regla en vez de hacerlo en busca de las que no están registradas”. En ese sentido, una de las cuestiones con las que hace varios años viene trabajando la Cámara de Empresas de Seguridad Privada de Corrientes, presidida por Carlos Augusto Franceschi Carabajal, es la necesidad de una ley provincial que regule la actividad y que establezca que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Gobierno y Justicia, ya que entienden que se trata de un rubro comercial y que debería estar fuera del ámbito policial. “La Policía no es organismo para controlar una actividad comercial. Nos ponen una serie de exigencias que son contradictorias con el régimen comercial. Una de ellas es que exigen que las agencias renueven su habilitación cada dos años y los vigiladores cada uno”, sentenció a este medio Carabajal agregando que “lo mismo no sucede con la habilitación de un kiosco al que se le exige una sola vez”. Por ello, en el último proyecto de Ley que presentaron a la Legislatura correntina y que aún no tuvo ingreso parlamentario, en su Artículo Nº 20 señalan que: “Esta exigencia y las tasas exigidas constituyen un impuesto al trabajo y en consecuencia se oponen directamente al Artículo 14 de la Constitución Nacional”. El actual órgano de control de la Policía de Corrientes se rige por el decreto Nº 2684/84, “que faculta al jefe de Policía para hacer las modificaciones que permitan ir mejorando el sistema”, expresaron desde el Departamento de Inteligencia Criminal quienes agregaron que de constatarse una infracción realizan actuaciones, que “son multas que pueden ir desde el monto de lo que percibe un cabo de policía sin antigüedad y sin salario familiar, de uno a cinco sueldos. El monto es de $1.369, y de ahí hasta multiplicar por cinco”. En ese sentido, según explicaron la mayoría de las actuaciones que realizan es por falta de habilitación o por tener la documentación habilitante vencida. Aunque también han hallado menores de edad realizando dicha actividad, mientras que uno de los principales requisitos es ser mayor de 21 años. Trabajo irregular Por su parte, Carabajal dijo que “el control de parte de la Policía se cumple en forma parcial, uno de los factores es el escaso personal con el que cuenta el órgano, son sólo seis personas, y el problema más grave es que no salen a las calles. Si saldrían a la noche se encontrarían con gran cantidad de personas que trabajan en forma irregular sin ningún tipo de habilitación”, resaltó. “Por eso luchamos por una Ley, ya que esta actividad es muy difícil de controlar porque sin ir más lejos en el interior provincial hay empresas de seguridad que pertenecen y son dirigidas por comisarios de esas localidades, lo cual es totalmente ilegal”, denunció. Cabe señalar que según el registro actual del Departamento de Inteligencia Criminal, en la capital correntina hay 30 agencias habilitadas. En tanto, no cuentan con datos procesados sobre las del interior. Mientras que según los datos de la Cámara de Empresas de Seguridad de la provincia, Corrientes cuenta en total con 42 agencias en regla, 30 de capital y 12 del interior, mientras indican que hasta el año pasado eran 63 en todo el territorio provincial, 44 en la ciudad y 19 en el interior. En cada una de ellas existe una cantidad de vigiladores diferente, pero según las estadísticas brindadas por Carabajal, habrían hoy en la provincia alrededor de 4 mil agentes de seguridad privada, de los cuales sólo un 10 por ciento estaría en regla, es decir una totalidad de 400 trabajadores. En ese sentido, también existe una gran cantidad de irregularidades que van desde el monto de haberes hasta la situación y el régimen de trabajo con el que muchos empleados son contratados. De acuerdo al último convenio colectivo de trabajo que rige dicha actividad, el Nº 507/05, establece que un vigilador debe cobrar un sueldo básico de $1.250 más viáticos por $450, lo que hace un total de $1.700. Mientras que la hora simple de trabajo debe ser de $6,25 y la hora del 50 por ciento $9,28. A contraposición del convenio, en Corrientes hay vigiladores que están cobrando, según las empresas, (la mayoría no habilitadas), por hora sólo $2,30 lo que hace un sueldo mensual de aproximadamente $400, situación que perjudica a las agencias que se encuentran en regla porque el pago legal de sueldos les impide que puedan ser contratadas para servicios con un canon de costos más alto al que le ponen aquellas que no cumplen con las reglamentaciones. “La persona que contrata un servicio de seguridad siempre busca el costo más económico, y eso hace que las agencias que no están habilitadas sigan creciendo porque nosotros no podemos competir con ellas por la cantidad de requisitos legales que debemos cumplir y pagar”, sentenció al finalizar Franceschi Carabajal. Proyecto de Ley Desde la Cámara de Empresas de Seguridad de Corrientes enviaron en octubre del año pasado una nota hacia la presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Josefina Meabe de Mathó, donde les ponían en conocimiento los inconvenientes que veían en la aprobación del proyecto de ley remitido por la Cámara de Senadores para su consideración. Entre los fundamentos indican que: “No se adapta a las necesidades de la Provincia de Corrientes, porque es una mera copia de la legislación de la Capital Federal, la cual, si bien es nueva, no es la más eficiente. Establece un capítulo referido a la Seguridad de espectáculos públicos, descartando a las empresas de seguridad a realizar este tipo de servicios y legaliza el empleo de patovicas. No establece ningún requisito para los servicios a que se refiere la ley. Determina la “creación de registros” que ya existen. Habla de institutos de formación que no existen. Pretende regular la actividad, pero no regula nada. Normas a cumplir para un buen servicio - Las empresas de seguridad sean obligadas a pagar lo que corresponde a su personal. - Cumplan la legislación impositiva, previsional, social y de seguridad del trabajo vigentes. - Provean a su personal de las armas, los medios y el equipamiento necesario para brindar el servicio. - Exigirles que mantengan un servicio de supervisión permanente. - Los comitentes paguen lo que realmente cuesta el servicio. Pagar menos significa no tener un servicio. - Exigir que capaciten a su personal en forma permanente. Convenio Colectivo de Trabajo Nº 507/05 1 vigilador debe cobrar: - Sueldo básico: $1250 - Viáticos: $450 - Sueldo líquido: $1700 - Por hora simple: $6,25 - Por hora del 50 %: $9,28 En Corrientes un vigilador en negro cobra: · Por hora: $2,30 · Por mes: $400 En Argentina hay dos vigiladores por cada policía La delincuencia crece a pasos agigantados al mismo tiempo que la necesidad de contar con seguridad para la tranquilidad de millones de argentinos. En el país esta necesidad impulsó a contratar vigiladores privados para frenar la ola delictiva y custodiar casas, quintas, negocios, entre otros. Según el presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación, Aquiles Gorini, existen actualmente más de 200.000 hombres encargados de la seguridad privada, de los cuales alrededor de 150.000 trabajan en empresas registradas y 50.000 lo hacen en negro. Desde la crisis de 2001, la actividad creció a un ritmo del 5% anual. La cámara que preside reúne al 90% de las 1000 empresas de seguridad habilitadas en todo el país. Gorini expresó que "hay que desideologizar esta actividad. Es injusto que se piense en seguridad privada y se hable de mano de obra desocupada. Un negocio en expansión, donde vienen empresas europeas a trabajar aquí en este rubro no va a quedar en manos de ningún retirado de ninguna fuerza". Además cuenta que en Estados Unidos, hay seis vigiladores por cada policía y que hay estados que tienen hasta 20 por cada agente público. En la Argentina se calcula que 80.000 policías integran las fuerzas bonaerense y Federal y que alrededor de 40.000 uniformados más aporta el interior del país. Denunció, además, la existencia de agencias de seguridad privada ilegales. "En el conurbano norte hay 700 garitas ilegales. Las denunciamos y nadie hizo nada. Hasta un señor vino de Paraguay, compró dos garitas por 250 pesos, contrató a dos de sus connacionales y los puso a uno en cada esquina y se dice una agencia de seguridad”. No obstante, destacó la predisposición del Ministerio que conduce Aníbal Fernández, que los convocó cuando tuvieron que delinear los proyectos de ley de seguridad privada de la provincia. Nómina de las empresas registradas y habilitadas Seguridad Privada S.A. Sernos Corrientes seguridad & protección Lubiseg S.R.L. Macrofianza S.R.L. Escorpión Agencia de inv. informes y seg. priv. S. R .L. Inti S.R.L. Patagua s.a. Em.se.nor. San José S.S. El mangrullo s.h. Prosegur s.a. Halcon El protector Tr servicios Servicio integral de seguridad s.r.l. Worksistem servicios informáticos s .r .l. El guardián s. r .l. El águila Máxima seguridad Wem protección empresaria s.a. Norte servicios s.r.l. Star servicios empresarios s.a." Control x s.r.l. Totalsegur Carsat s.r.l. Brinks Argentina s.a. Prevenir seguridad y servicios Mawe s.a Control, prevención y seguridad s.r.l. Demoras para otorgar el carné de portación de armas Uno de los reclamos que denuncia la mayoría de los vigiladores de seguridad privada cuyas agencias exigen la portación de armas en su puesto de trabajo, es la tardanza para la entrega de dicha documentación que les permite trabajar en forma legal con un arma reglamentaria. En Corrientes se estableció que la autoridad encargada de dar el alta sea el Registro Nacional de Armas (RENAR) y no el Registro Provincial de Armas (REPAR) que es el que se encarga de tramitar desde la provincia hacia Buenos Aires toda la documentación. Dicho trámite cuesta en total alrededor de $200 que deben salir del bolsillo de cada trabajador y cuyo monto es destinado al Fondo Especial de Seguridad del Estado (FOESE). Un vigilador contó a “época” que hace más de un año y medio espera que le entreguen el carné habilitante para portar su arma. Sin embargo, hace meses que visita el REPAR sin novedad sobre su documentación. “Parece que ahora voy a tener que tramitar todo de nuevo porque según me dicen desde esa oficina no encuentran mis papeles. Ya reclamé varias veces y no pasa nada”, sentenció el hombre. Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad de Corrientes, Carlos Franceschi Carabajal, también indicó que las demoras son inexplicables. “Es una barbaridad como tarda el trámite, a mi me lo entregaron después de un año y seis meses de entregar la documentación. Pero tampoco es culpa del personal policial que se encuentra en el REPAR, el problema viene de Buenos Aires y por eso apuntamos en uno de los artículos del proyecto de Ley a que el control del uso como la habilitación y guarda de armas debe hacerlo el REPAR, no el RENAR”, sentenció.
Posted on: Sat, 29 Jun 2013 22:14:48 +0000
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