«En todos los sistemas políticos hay corrupción: es tan consustancial con la política como el monóxido de carbono con el automóvil. Por ello, en las democracias avanzadas existen leyes que regulan la actividad interna de los partidos políticos. Esta regulación impone los mecanismos de reciclaje de toxinas que permiten que la democracia siga funcionando de manera saludable. El nivel insoportable que ha alcanzado la corrupción política en España se debe a la ausencia de reciclaje de los residuos tóxicos que generan nuestros partidos. La democracia española es como un cuerpo sin riñones o un coche sin tubo de escape. Esto es así porque la ley española de partidos políticos está vacía de contenido y permite que, en la práctica, los partidos se autorregulen. Esto es una anomalía gravísima e insólita en las democracias avanzadas». Estas palabras de los politólogos José Antonio Gómez Yáñez y César Molinas sirven para explicar de forma muy gráfica lo que sucede en España, donde, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países civilizados, las formaciones políticas son las que escriben su propia ley de financiación y deciden, a través de nombramientos que realizan los propios partidos, quién conformará el organismo encargado de su control. La raíz a este problema hay que buscarla en la Transición, cuando los miedos por regresar al régimen pasado y el recuerdo de la inestabilidad que imperó en la IIRepública hicieron que se otorgara un poder casi ilimitado a las cúpulas de los partidos en aras de la estabilidad. Pero aquellos partidos que entonces se entendieron como una garantía de democracia son hoy un foco de corrupción, lo que explica que la desafección ciudadana hacia ellos ronde el 80% y que los españoles vean en los partidos políticos uno de los mayores problemas del país. Es posible que estos datos sean el reflejo del cierre organizativo que los partidos políticos han ejercido en los últimos años, de sus prácticas burocráticas y clientelistas, de sus listas electorales cerradas, bloqueadas y elaboradas lejos de los votantes, de sus políticas internas opacas y guiadas por intereses de poder, del abandono de sus ideales, de su incapacidad para satisfacer las demandas sociales, de su nepotismo, de los escándalos de corrupción que parecen no tener fin... La ley y la trampa Y es que los partidos políticos han pasado de ser cauce de soluciones a fuente de problemas, porque su papel privilegiado les ha permitido ocupar y al mismo tiempo averiar todo el entramado institucional, incluyendo los máximos tribunales del Estado. La solución, según varios expertos, pasa porque desocupen los espacios conquistados. Pero no lo van a hacer por sí mismos. De hecho, basta oírles para saber que la única institución que no cuestionan es precisamente la de los partidos políticos. Y no parecen dispuestos a cambiar, a pesar de la que está cayendo y de su falta de sintonía con la sociedad. Sólo eso explica que las sucesivas leyes con las que se ha intentado regular los partidos y arrojar luz y taquígrafos sobre su financiación, a pesar de lograr ligeros avances, han dejado importantes resquicios que les permiten canalizar fondos más o menos cuestionables. La ley más reciente, del pasado octubre, por ejemplo, extiende la prohibición de recibir donaciones de empresas que contraten con la Administración a todas las que formen parte de su grupo, pero elimina este requisito para las fundaciones asociadas a los partidos. O sea, que una constructora que contrate con la Administración no puede hacer donativos al PP o al PSOE, pero sí a Faes o Ideas. Hecha la ley, hecha la trampa. Las peligrosas donaciones Uno de los capítulos más peliagudos a la hora de regular la financiación de los partidos es el de las donaciones de particulares y empresas, preocupación que ha expresado el mismísimo Consejo de Europa, al quejarse reiteradamente de las malas prácticas en los partidos españoles (sobre todo el dinero que manejan las agrupaciones locales y el procedente de fundaciones). Y es que no se trata de un asunto menor: entre 2003 y 2011, solo en donaciones nominativas, el PP recibió 43.920.004 euros, y el PSOE, 17.999.455. En cuanto a los donativos anónimos, en 2006, último año en que fueron legales, de los 3,74 millones de euros que el PP declaró en donativos, 3,10 millones procedían de donantes sin identificar. El PSOE recibió ese año 560.439 euros en donaciones de las que solo estaban identificados particulares que dieron 1.484, según publicó ElPaís. Sin embargo, el partido que más donaciones recibe, a mucha distancia, es CiU: 46.557.782 euros entre 2003 y 2011, sin contar con las anónimas: casi 42 millones de los más de 100 que recibieron todos los partidos entre 1987 y finales de 2006. Y eso pese a que su ámbito político de referencia es Catalunya, mientras que PP y PSOE tienen un ámbito nacional. Democratizar los partidos Y así, mientras nuestros líderes se llenan la boca con la palabra transparencia sin el menor interés de llevarla a la práctica, cada vez surgen más voces ciudadanas exigiendo su regeneración. Una de las últimas ha sido la de un grupo de académicos reunidos bajo el manifiesto ‘Por una Nueva Ley de Partidos’, una iniciativa promovida por el profesor de la London School Luis Garicano; el economista y empresario César Molinas; la presidenta de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, y el diplomático y escritor Carles Casajuana. Entre sus demandas se halla la de que los partidos celebren congresos cada dos años como mínimo –así lo hacen en Alemania– o una reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Además, proponen limitar los mandatos en los órganos de control, elección de los órganos mediante voto secreto, elección de los candidatos por elecciones primarias, mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y auditorías anuales por empresas independientes previas a la presentación de las cuentas, entre otras medidas. Se trata de propuestas también realizadas al Diari por miembros de la sociedad civil tarraconense. En este sentido, el profesor asociado de la URVEndrius Cocciolo apuntaba que «los partidos no deben ser una máquina para la ocupación del Estado, sino organizaciones para promover la participación ciudadana. Es necesario aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas y de otros mecanismos de control otorgándoles potestad sancionadora». Por su parte, el abogado Antoni Vives tocaba el tema de la financiación: «Se impone una reforma legal que reduzca los recursos económicos procedentes de la financiación pública, haga más transparente la financiación privada, extreme las obligaciones contables de los partidos y refuerce la fiscalización y el control de sus cuentas». En lo que coinciden todos los analistas es en que no es concebible la democracia representativa sin partidos políticos. Pero estos necesitan una regeneración, y no se puede esperar que surja de ellos mismos. Los partidos han fracasado en cada intento de elaborar una ley que garantice todo esto. Ahora, forzados por los escándalos y la creciente desafección ciudadana, se dicen decididos a hacerlo. Pero la experiencia demuestra que sería mejor encargárselo a otro. Y es que todos están de acuerdo en la necesidad de un cambio radical. Todos, salvo los partidos.
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 20:30:20 +0000
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