LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ( 2012) Nosotros vamos votar - TopicsExpress



          

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ( 2012) Nosotros vamos votar negativamente este Informe de Liquidación de Gastos del Presupuesto del 2012 y esperaría que también lo voten negativamente todos los compañeros y compañeras diputadas que en noviembre del 2011 dimos la lucha contra los gastos superfluos del Gobierno, la mala asignación presupuestaria, y la falta de eficiencia y calidad en el gasto. Esperaría que lo voten negativamente porque estos y otros problemas no se corrigieron y aparecen reflejados en los informes de liquidación de Hacienda, de MIDEPLAN y en el Dictamen de la Contraloría. El proceso legislativo que tuvo el presupuesto del 2012 fue un proceso muy particular y un proceso muy interesante, porque, por primera vez en la historia de este país, un Presupuesto Nacional enviado por el Poder Ejecutivo fue rechazado en la Comisión de Hacendarios, por el gasto superfluo que traía. Ese presupuesto destinaba sumas millonarias para actividades innecesarias. Se quería gastar a manos llenas en publicidad y propaganda, en actividades protocolarias, en las famosas consultorías, en gastos confidenciales, en los gastos en viajes al exterior, y en la compra de vehículos para los jerarcas, por mencionar algunos de los gastos que en aquel momento cuestionamos. Sabíamos que eso no tenía relación con las necesidades reales de las instituciones que ejecutan el presupuesto, pero si generaban fuertes incrementos en el gasto. Ese presupuesto mostraba la doble cara del Gobierno y una gran contradicción, porque al mismo tiempo que se discutía este presupuesto en la Comisión de Hacendarios, también se discutía el fallido paquete de impuestos que pretendía aprobar el Gobierno. Por un lado nos querían apretar con más impuestos y por el otro lado querían gastar a manos llenas. En ese momento, la Comisión de Hacendarios estaba controlada por una mayoría de diputados de la oposición y se hizo una revisión muy detallada de esos gastos que alcanzaban cifras de cientos de miles de millones. La situación hizo que la Comisión de Hacendarios, por primera vez en la historia, emitiera un Dictamen Negativo de Mayoría para ser discutido en el Plenario. Esta situación obligó a las autoridades del Gobierno a reconocer que efectivamente se estaba gastando a manos llenas y que la oposición no lo iba permitir. Finalmente, a unos días de cumplirse el plazo constitucional para la votación del Presupuesto, el Plenario aprobó un recorte cercano a ¢25.000 millones de puro gasto superfluo y se aprobó el Presupuesto. Habríamos querido que el Gobierno aprendiera la lección, pero no fue así, porque muchos señalamientos de la Contraloría no fueron atendidos y las demandas de la oposición por establecer calidad y eficiencia en el gasto tampoco fue atendida. En este contexto es que estamos ahora discutiendo este Informe de liquidación presupuestaria, que al igual que anteriores liquidaciones, ésta también tiene una nota roja. La liquidación presupuestaria es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo, porque son los ministros los responsables de la ejecución y la distribución del presupuesto que es aprobado por esta Asamblea Legislativa. Podernos decir muchas cosas de esta liquidación presupuestaria, sin embargo señalaremos las más relevantes para justificar el porqué no podemos aprobar esta liquidación: Está claro que no han tenido claridad en los objetivos de los programas que han pretendido desarrollar, porque muchos de estos programas ni siquiera se relacionan con los objetivos que señalaron en el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 4.- de la Ley de Presupuestos Púbicos, Ley 8131 dice que el presupuesto de la República debe estar sujeto al Plan Nacional de Desarrollo, pero una vez más este Gobierno se ha quedado corto y no ha cumplido con este mandado legal. La ley dice que todo presupuesto público debe responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; y además, debe contener el financiamiento asegurado para todo el año, conforme a los criterios que se definen. Y el Plan Nacional de Desarrollo es el marco global que debe orientar los planes operativos institucionales. Pero, cuando uno analiza este presupuesto, y su liquidación, lo que primero que ve es el incumplimiento de lo que establece el marco legal, porque la inversión y el gasto no corresponde en muchas ocasiones, con lo que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero más que eso, nos encontramos programas dentro del Presupuesto, que en realidad fueron improvisaciones que obedecen a una coyuntura que no estaba contemplada en los planes que se definieron. Entonces los objetivos no están enfocados a la solución de los problemas nacionales. Con relación a este tema, la Señora Contralora de la República dijo ante la Comisión de Gasto Público lo siguiente: “…En relación con el Plan Nacional de Desarrollo se observa un resultado mixto de logros y algunos rezagos en el cumplimiento de las metas. Algunas metas han sido modificadas, otras enfrentan importantes riesgos o condiciones que podrían afectar su logro. Esto lo menciona la Contraloría como una voz de alerta para que se tomen medidas y las metas que se propusieron desde un inicio sean cumplidas para el bienestar de la sociedad costarricense.” Como ya hemos visto, la alerta que lanza la Contraloría no ha calado fuerte en el Gobierno, porque no se han tomado esto con seriedad. Y la razón es muy sencilla. Mientras no se tomen medidas en este campo, va resultar más difícil medir los resultados y evaluar el gasto. Va ser más difícil identificar los programas que no dan resultados. Entonces lo que uno ve es que al Gobierno le interesa más seguir con este desorden. En parte, por eso es que las malas prácticas se siguen repitiendo; y esto lo vemos en esta liquidación y es un problema grave. Continuamos recurriendo al endeudamiento para financiar los gastos corrientes. Estamos hablando de un endeudamiento que pagamos todos los costarricenses. Estamos hablando de un endeudamiento que el Gobierno no supo ni ha sabido administrar en forma sana, ni eficiente, y mucho menos responsablemente. Con estas malas prácticas se incumple otra vez la Ley de Presupuestos Públicos, en el artículo 6, que prohíbe el financiamiento de gastos corrientes con ingreso de capital. El artículo 6 es muy claro, y dice que para una adecuada gestión financiera, no se podrá financiar gastos corrientes con ingresos de capital. Por otro lado volvemos al cuento de no acabar en el MEP. No se corrigen los problemas del Sistema de Pagos en el Ministerio de Educación Pública. En el 2011 se estimaba en ¢23.000 millones los pagos en salarios que fueron girados de más y que tienen que recuperarse. Resulta que en los Regímenes de Pensiones, tampoco se corrigen los problemas de los Sistemas de Información que usan para pagar las pensiones. Esto es una gran injusticia porque sobre todo afecta el pago de las pensiones de mucha gente de las clases más bajas. También se incumplió otro principio presupuestario que es el de “universalidad e integridad”, porque resulta que no se incorporó la totalidad de los recursos generados con la colocación de los Eurobonos. No es que se haya perdido la plata, pero es una cuestión de orden. Para nosotros está claro que los problemas de este presupuesto y de su liquidación se presentan porque tenemos un Gobierno que no fue capaz de organizar adecuadamente las prioridades del gasto y entonces, más bien comprometió la estabilidad futura de los costarricenses para cumplir compromisos que no eran la verdadera prioridad del país. Según la Contraloría los principales fundamentos para no aprobar esta liquidación presupuestaria son los siguientes: • En la mayoría de los 23 títulos presupuestarios, el Ministerio de Hacienda no se pronunció sobre la efectividad de los programas. • No existe uniformidad para asignar los recursos a cada indicador o meta, sino que cada institución lo realiza conforme a su criterio y posibilidades. • La mayoría de los indicadores incluidos, son de eficacia, pero muy pocos son indicadores de eficiencia, de economía y de calidad. • Muy pocos indicadores están ligados a productos, la mayoría se refieren a los Objetivos. • Las transferencias no incorporan la programación física en el Presupuesto y tampoco existen controles que garanticen la ejecución de las obras o proyectos para los cuales se giraron. • La metodología utilizada para medir los logros especificados en el Presupuesto Nacional y en el Plan Nacional de Desarrollo, no permite cuantificar el verdadero impacto del gasto en la sociedad costarricense. Yo espero que esta discusión que realizamos en este Plenario sobre la liquidación presupuestaria, sirva al menos para que los costarricenses puedan ver de qué forma se gasta la plata en este Gobierno. Porque cuando uno revisa los informes de Liquidación Presupuestaria y los dictámenes de la Contraloría que se han venido presentando durante este periodo constitucional, lo que se encuentra es siempre los mismos problemas que, año con año se repiten: • Subejecución presupuestaria que a veces llega a niveles alarmantes. • Falta de coordinación entre los ministerios de Hacienda y Planificación para que la información sirva para una rendición de cuentas de verdad. • Ausencia de vinculación de las metas nacionales, sectoriales y de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo con el Presupuesto de la República. • Ausencia de indicadores que demuestren la efectividad del gasto público. El Presupuesto del 2012, inicialmente fue aprobado por ¢5,9 billones, pero durante el año fue modificado con dos presupuestos extraordinarios más la incorporación de los saldos de recursos externos no utilizados en el año anterior, y al final llegó a ¢6.0 billones. A pesar de que gran parte de este presupuesto se financia con deuda, el Gobierno no paró el despilfarro, porque todos vimos cómo se votó plata en la trocha fronteriza, sin que a la fecha conozcamos sanciones contra los funcionarios inescrupulosos que no ejercieron control, o se prestaron al juego de los que se llenaron las bolsas con dinero de todos los costarricenses. Cuando uno ve lo que pasa con los presupuestos, empieza a entender porqué el desempleo sigue en aumento en este país, con 400 mil jóvenes que no tienen trabajo fijo y quienes con mucho costo han hecho una carrera universitaria también tienen problemas para encontrar empleo. Veamos el programa AVANCEMOS. Este Programa sigue con problemas muy graves. Los recursos no han sido bien fiscalizados, y no han sido bien asignados, y por eso no está cumpliendo la meta de bajar la deserción. Resulta que según la Encuesta de Hogares hay un 20% de filtraciones, en cambio un 50% de estudiantes que deberían estar adentro, se quedan por fuera del Programa y no reciben el beneficio. Entonces la deserción en secundaria más bien sube. Vean la plata que se asigna al Ministerio Seguridad Pública. No se usan de la mejor forma; por eso el problema de la inseguridad ciudadana sigue golpeando a los costarricenses, y principalmente a la provincia de Limón. Pero en ese Ministerio se gastaron un montón de millones en la Trocha Fronteriza. Veamos lo que pasó en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Simplemente no se ejecutó, nada más y nada menos ¢49.000 millones de colones, dinero suficiente para mejorar buena parte de la maltrecha red vial nacional, o reforzar estructuras como puentes, siempre y cuando no se continúe con los desaguisados procedimientos utilizados con La Platina. Como bien señaló la Contralora en su comparecencia, una de las razones del atraso en infraestructura es precisamente “LA NO EJECUCIÓN”, pues los recursos existen pero no se utilizan para enfrentar los problemas en esta área, sino que se quedan guardados por incapacidad de gestión en este ministerio. Como ejemplo de esto está la información que salió en las noticias de algunos medios nacionales: “Hasta agosto anterior, el Gobierno canceló un total de $3,8 millones de dólares (casi ¢2.000 millones de colones) en comisiones de compromiso e intereses por préstamos que comenzaron a ejecutarse en los últimos cuatro años, según el Ministerio de Hacienda. De los $780 millones de dólares (¢390.000 millones de colones) disponibles, la mayoría para infraestructura, se han usado apenas $41 millones de dólares (¢20.500 millones de colones), apenas un 5% del total. Existen cuatro Proyectos que a pesar de tener Programación para el 2012, no fueron ejecutados, como fue el caso del Proyecto Limón Ciudad Puerto. Compañeros. La liquidación presupuestaria debería ser un asunto muy serio, donde no solo se discuta si estamos haciendo buen uso los recursos públicos, sino que también se discuta sobre el Estado que tenemos, y el Estado al que aspiramos. Por eso siempre he creído que la Comisión de Gasto Público debe estar en manos de la oposición, porque es así como se puede hacer efectivo el control político sobre los gastos del gobierno. Cuando renuncié a esa Comisión dije entre otras cosas: “La Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público es por naturaleza una comisión para ejercer el control político. Su tarea es, de acuerdo con el propio Reglamento, el estudio y análisis de la liquidación de los presupuestos de la República y además, la vigilancia y la fiscalización permanente de la Hacienda Pública. 1. De acuerdo con lo anterior, esta Comisión debe estar conformada sino en su totalidad, con una amplia mayoría, por diputados de oposición, precisamente para otorgar legitimidad y credibilidad a sus informes y dictámenes. 2. Una integración mayoritaria de diputados de oposición de distintos partidos políticos, garantiza la transparencia en la investigación, la objetividad y la permanente fiscalización de la que debe ser objeto el accionar de los funcionarios estatales en relación con la Hacienda Pública. 3. La Comisión de Ingreso y Gasto Público ha tenido una participación muy activa en la tarea de revelar escándalos con los dineros públicos en que han estado involucradas autoridades gubernamentales, que hoy se encuentran en proceso de investigación en los tribunales de justicia, cumpliendo a cabalidad, con lo que el propio Reglamento de la Asamblea Legislativa encomendó. 4. Claros ejemplos de lo anterior se encuentran en las denuncias sobre las irregularidades acontecidas en la construcción de la Nueva Cinchona, las anomalías en la concesiones de Caldera y Moín, las famosas consultorías a la empresa Procesos, el tristemente célebre caso de la Ruta 1856, mejor conocida como “La Trocha” y más recientemente el escándalo por la fallida concesión de la carretera San José- San Ramón. 5. La actual integración de esta Comisión, claramente denota un interés por silenciar la denuncia pública, la investigación y fiscalización transparentes, puesto que con diputados de la fracción oficialista y diputados “amigos del gobierno” se conforma una cómoda mayoría que impedirá continuar con las investigaciones pendientes, tales como las actuaciones de la empresa OAS y la concesión a San Ramón, la Ruta 1856, las concesiones de taxi otorgados por el Consejo de Transporte Público, la empresa fundada con capital chino y su relación con RECOPE y otras tantas que se quedarán en el camino, porque claramente existe un interés por parte del Partido Liberación Nacional de que la opinión pública ignore qué es lo que hace cuando llega al Gobierno. Así las cosas y dado que será imposible realizar una oportuna y eficiente labor de control político como una de las tareas encomendadas por los ciudadanos que me eligieron hace más de tres años, reitero mi renuncia a esta Comisión, pero no así mi interés y ánimo permanente por denunciar los actos sospechosos o ilícitos que se puedan generar en las acciones de gobierno. Mantenerme en esta Comisión a sabiendas de que es un engaño, riñe mi compromiso con los costarricenses. Vean compañeras y compañeros diputados, ni la Contraloría aprueba esta liquidación presupuestaria, por la incapacidad que ha tenido este Gobierno para ejecutar el gasto público, y ninguna sanción se le aplica a aquellos funcionarios o jerarcas que incumplen con las leyes que regulan la materia presupuestaria, tanto en su fiscalización como en su ejecución. Por eso es que votamos en forma negativa esta Liquidación Presupuestaria del año 2012.
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 01:29:10 +0000

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