LO ANTI-ÉTICO Y LO INMORAL DE LA “DEMOCRACIA ELECTORAL” VENEZOLANA Silvia Schanely de Suárez () Siempre he pensado que, en política, lo moral es actuar conforme a lo que piense, predique o denuncie. A partir de ello se tendrá credibilidad en lo social. No sólo basta con denunciar las constantes violaciones político-legales producidas por un régimen, sino que, en consecuencia, se debe actuar haciéndole frente a ellas. Y como civiles, nuestra única herramienta a dicho efecto es la resistencia pacífica, no violenta, para que seamos creíbles. En éste caso me voy a referir solamente a los hechos ocurridos desde hace 90 días hasta hoy. -La primera violación política se produjo el 5 de enero en la conformación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Si bien los representantes de la oposición obtuvieron en las elecciones de diciembre de 2010 el 52 % de los votos -47 % reconocido por el oficialismo, tras la triquiñuela del cambio de los circuitos electorales-, ninguno de ellos tuvo acceso a formar parte de la directiva, tal como correspondía. Se produjeron algunas denuncias por parte de algunos diputados de oposición, quienes presentaron la conformación de una directiva distinta a la oficial y fueron ignorados completamente. Pero tampoco hubo una reacción en bloque de la oposición ante tal desproporción. -La segunda violación se produjo el 9 de enero, tras una interpretación sui generis por parte de la Sala Constitucional del TSJ del artículo 231 de la Constitución, relativo a la toma de posesión del candidato electo –que debería producirse al día siguiente-, frente a la cual se forjó una hipótesis teórica de “la continuidad en el poder”. El art. 231 señala: “El candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”. ¿Hubo una reacción opositora en bloque ante tal desparpajo de la hipótesis de la continuidad del poder? No hubo ninguna importante ante la demostración de “fuerza popular” que juramentaba írritamente a “un cuerpo no presente del Presidente de la República” ante parlamentarios y algunos Jefes de Estado o Gobierno afines al poder, el día 10 de enero. Sólo la de algunos diputados y la de un grupo de estudiantes universitarios quienes están actuando conforme a lo que piensan. Se produjo entonces un divorcio entre los conceptos de legitimidad y legalidad. Peor aún, en consecuencia, el reconocimiento tácito por parte de los Jefes de Estado Latinoamericanos de un “vice-presidente encargado de la República” y la de un Canciller designado fraudulentamente -mediante una supuesta firma electrónica del Presidente Electo. Se produjo entonces, una vuelta a la doctrina Estrada de 1930 –la cual establece que los Estados tienen la libertad de continuar relaciones diplomáticas con otro Estado, sin tocar lo atenuante a que fuera un gobierno “de facto, sin que ello implique un reconocimiento o un rechazo al gobierno”. -La tercera violación política de magnitud, tras el anuncio público de la muerte del “Presidente electo” el pasado 5 de marzo -ya que nunca fue juramentado ante la Asamblea Nacional o ante el TSJ, según el artículo 231, que se sepa,-, la constituyó una segunda decisión del TSJ el 8 de marzo, en el día de los actos oficiales fúnebres del Presidente electo, en torno a la falta absoluta de primer mandatario –conforme al artículo 234 de la Constitución. Mientras no se sepa la fecha exacta y real de la muerte del Presidente Electo, tanto el segundo párrafo del art. 234 sobre la falta absoluta antes de juramentarse, como el tercer párrafo del mismo art. 234, referente a la muerte del Presidente en los primeros cuatro años del período, obligan a considerar nulos e irritos los efectos de la citada decisión del TSJ. Aceptar el designado candidato de la oposición participar en unas nuevas elecciones presidenciales, a pesar de declarar que considera irrita la segunda decisión del TSJ, es incongruente con las apreciaciones políticas y legales arriba señaladas. Más aún cuando el poder electoral y el poder judicial, en su máxima representación, se encuentran secuestrados por el Poder Ejecutivo. Acusa el candidato opositor que se estaría violando el art. 229 de la Constitución en la cual se señala que no podrá ser elegido como Presidente de la República un vice-presidente Ejecutivo, un gobernador en funciones, etc., en momentos en que se ha tolerado de facto la violatoria juramentación de Nicolás Maduro como Presidente encargado. Participar en unos comicios que se anticipan ventajistas y fraudulentos, sin exigir condiciones mínimas electorales es seguir yendo a un nuevo “matadero electoral” que entraña no sólo la muerte política del candidato opositor, sino también la del pueblo que lo percibe como “la última oportunidad democrática”. Es una acción política incoherente ante las violaciones de hecho y de derecho perpetradas en contra de la Constitución de manera continua. De no participar en ellas, ya conocemos también sobradamente las consecuencias. Somos civiles y demócratas. Los últimos ocho años han demostrado que la oposición venezolana ha participado democráticamente, sin condiciones, porque es un pueblo amante de la paz. No tenemos la opción armada o golpista para reaccionar en contra de un Estado progresivamente totalitario y tiránico. Pero tenemos dignidad y debemos tener coherencia entre lo que pensamos, defendemos y actuemos: debemos exigir el respeto a la Constitución y exigir como condición sine qua non las mínimas condiciones electorales. Y si el Consejo Nacional Electoral -parte de un recién inventado “Consejo Político Armado de la Revolución”, no lo acepta, nos llevará a la resistencia pacífica –no violenta; a desconocer la enorme infracción que se le ha hecho a la democracia venezolana, al legitimar su fraude, pretendiendo “elegir”. (Internacionalista, doctora en Ciencias Políticas)
Posted on: Wed, 16 Oct 2013 02:28:34 +0000