Las primas tan generosas Contraprestaciones de país millonario para servidores de un Estado que no funciona. Aquí la indignación ciudadana no vale nada ante el riesgo de altos poderes, ellos sí, descontentos. EL COLOMBIANO | Publicado el 9 de octubre de 2013 ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS La operación tortuga aplicada por el Congreso de la República al trámite de la reforma a la salud y otras leyes fue una de las causas que, con toda seguridad, obligó al Gobierno a firmar y expedir raudo el decreto que les restablece a los congresistas una buena suma, que se les había retirado de su nómina en virtud de sendas decisiones del Consejo de Estado, de febrero y agosto de este año. El máximo tribunal contencioso administrativo había dictaminado que el poder Ejecutivo incurrió en omisión legislativa, en 1992, al no definir las causales y motivos que ameritaban privilegiar a los congresistas con prima de localización y vivienda, más prima especial de salud. Una vez conocidas estas sentencias, el Gobierno central, esta vez sí muy preocupado por los derechos laborales y por la rebaja del poder adquisitivo de los servidores públicos, consideró que esta eliminación de tales primas afectaba a "unos 1.900 funcionarios", según cálculos del ministro de Hacienda. De ahí concluyeron que tendrían que enfrentar "1.900 demandas que con toda seguridad íbamos a perder", según declararon dramáticamente, al unísono los ministros Aurelio Iragorri, del Interior, y Mauricio Cárdenas, de Hacienda. Hasta donde nuestra información alcanza, el Consejo de Estado se pronunció específicamente sobre las primas otorgadas a los congresistas, al subrayar que no tenían sustento legal que las justificara. El Gobierno temió que ello arrastrara hacia abajo las remuneraciones de altos funcionarios del Estado, incluyendo a los propios magistrados, procuradores, contralores, etc., cuya defensa de sus propias remuneraciones puede adquirir la fiereza propia de los más recalcitrantes sindicatos. Y grande tuvo que ser el susto del Poder Ejecutivo, para adelantarse, vía decreto presidencial, a la contingencia de demandas laborales por desmedro de derechos adquiridos. Contrario a la morosa tradición colombiana, prefirió precaver el pasivo contingente de eventuales condenas, antes que esperar la ejecutoria de las sentencias y su carga probatoria sobre efectiva vulneración de derechos laborales. Esto, naturalmente, no indica un cambio de mentalidad del Gobierno para adelantarse a los riesgos, si no que se trata de cerrar una nueva fuente de presión insoportable constituida, ni más ni menos, que por los parlamentarios y los demás funcionarios citados por los ministros del Interior y de Hacienda. El decreto que crea esta prima de servicios a los congresistas por valor presente de $7.898.445, esgrime normas constitucionales y cita jurisprudencia relativa a las garantías laborales, y se duele de la "distorsión" que las decisiones del Consejo de Estado generaron en la calidad de vida de los sacrificados servidores públicos ubicados en la cúspide de la pirámide salarial. Cita este decreto (el 2170 del 4 de octubre) tal catálogo de derechos fundamentales que la privación de esta prima violaría (igualdad, irreversibilidad de beneficios laborales, irrenunciabilidad de beneficios mínimos, no menoscabo de derechos prestacionales), que será interesante observar el cariz que asume el mismo Gobierno que ahora tan ardorosamente los defiende, durante la inminente discusión de salario mínimo para 2014. El Ejecutivo asumió sin mayores afanes el costo político de no molestar a los servidores mejor pagados del Estado, sosteniéndoles sus excepcionales privilegios. En estos casos de equilibrio de poderes, la insatisfacción ciudadana por la cruda inequidad, vale más bien poco. O nada.
Posted on: Wed, 09 Oct 2013 13:18:18 +0000
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