Los comuneros de Camos destituyen a su directiva en la primera remoción de la comarca Con 54 votos a favor y 26 en contra, relevan a Rafael Costas ocho meses después de unas elecciones impugnadas por irregularidades y nombran presidente a Juan Vázquez De izquierda a derecha, Rogelio Iglesias (que sustituirá a su padre en la próxima asamblea), Luis Méndez, Juan Vázquez y Plácido Pereira, nuevos directivos de la comunidad de montes de Camos Ganó el sí a la remoción. Un total de 54 comuneros apoyaron el cese de la junta rectora de la comunidad de montes de Camos, frente a 26 votos en contra. Por primera vez en la historia de la comarca miñorana, la mayoría de los integrantes de una sociedad mancomunada destituía el domingo a la directiva presidida por el maderero Rafael Costas y elegía una nueva, encabezada por Juan Manuel Vázquez Estévez. El colectivo ponía fin a una década de mandato del empresario y arrancaba una nueva etapa de caras nuevas y proyectos renovados. Un total de 80 personas asistieron a la asamblea convocada por parte de 95 comuneros con el fin de desalojar del poder a los mandatarios de la entidad, ocho meses después de las elecciones impugnadas por presuntas irregularidades. Ni siquiera alcanzaban la mitad de la masa social, de 206 integrantes, pero sí el quórum suficiente del 25 por ciento para seguir adelante con la reunión, que arrancaba con enfrentamientos dialécticos entre la directiva derrocada y la aspirante. Tras vencer la remoción, como se denomina en la normativa de montes a esta especie de moción de censura más habitual en la política, la mayoría de comuneros que respaldaban a la antigua directiva abandonaron la sesión. Pero aún así, permanecieron en el salón de sesiones los miembros de la comunidad necesarios para continuar el encuentro y elegir nueva junta rectora. Más de medio centenar de asistentes respaldaron la candidatura alternativa y solo se registró un voto en contra y una abstención. Así, Juan Vázquez es el nuevo presidente, mientras que Luis Méndez ocupa el cargo de vicepresidente, Rogelio Iglesias el de secretario y Claudio Sánchez el de tesorero. Manuel Figueroa, Plácido Pereira, Vicente de la Peña y Jaime Crespo son los vocales. El fiscal pide 4 años y 9 meses para una edil del PP de Nigrán por fraude a Hacienda Reclama que Ana Rosa Costas pague multas por 542.700 euros y abone 418.664 a la Agencia Tributaria, defraudados en 2005 en el IVA y el impuesto de sociedades con facturas falsas La concejala de Educación y Personal de Nigrán, la popular Ana Rosa Costas Abalde, se sentará en el banquillo acusada de dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. La Fiscalía solicita un total de cuatro años y nueve meses de prisión para la edil, además de multas por importe de 542.700 euros, así como el abono de los 418.664,78 euros a la Agencia Tributaria, que supuestamente defraudó en relación con el IVA y el impuesto de sociedades durante el año 2005, a través de facturas falsas que suman casi un millón de euros. La vista oral estaba prevista hoy en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo, aunque finalmente fue suspendida en las últimas horas sin que trascendiese la nueva fecha fijada para su celebración Costas y su directiva aseguran que sigue vigente su mandato en la comunidad de montes de Camos La familia Costas tiene dos frentes abiertos. Paralelamente al proceso judicial por fraude, el padre de la edil imputada, Rafael Costas, fue destituido el domingo como presidente de la comunidad de montes de Camos junto a su junta rectora con una especie de moción de censura. La directiva de Costas aclaró ayer que su mandato continúa vigente porque fue elegida democráticamente el pasado 3 de marzo en una asamblea que no fue impugnada ni anulada por ningún juzgado. Manifestó que la reunión del domingo resultó ilegal por la presencia de personas ajenas a la comunidad y por la ausencia de una mesa electoral o de un secretario para dar fe. Apuntan que la directiva autoproclamada tiene intereses económicos. Recuerdan que la reunión no representó a una comunidad con más de 300 comuneros y anuncian el traslado de lo ocurrido a los juzgados, así como de amenazas de muerte al presidente, al que advirtieron con quemarle su coche. El alcalde de Nigrán evita pronunciarse sobre el futuro de la edil acusada de fraude a Hacienda Valverde guarda silencio, aunque fuentes municipales sugieren que los supuestos delitos que se atribuyen a la concejala son una cuestión personal ajena a su función en el Concello Silencio. La imputación por presunto fraude a Hacienda de la concejala de Educación y Personal de Nigrán, la popular Ana Rosa Costas Abalde, no mereció ayer ni un solo comentario por parte del alcalde de la localidad, Alberto Valverde, que evitó realizar declaraciones manteniendo así la incógnita sobre el futuro en el cargo de la edil. Para ella, la Fiscalía pide un total de cuatro años y nueve meses de prisión, además de multas que alcanzan una cuantía de 542.700 euros y el abono de los 418.665 euros que supuestamente defraudó a la Agencia Tributaria. Fuentes municipales recordaron, sin embargo, que los hechos en que basa su acusación el fiscal se remontan a 2005, mucho antes de que Costas Abalde entrase a formar parte del gobierno municipal. Señalaron asimismo que son una cuestión personal independiente de las funciones que la edil tiene atribuidas en el Concello. De hecho, los delitos que se imputan a la hoy concejala de Educación corresponden a su actividad privada como administradora única de Maderas y Transportes Rafael Costas, S.L., una empresa con domicilio en la parroquia de Camos que Ana Rosa Costas gestionaría junto a su padre. En su escrito, la Fiscalía relata que la empresaria habría intentado reducir con nueve facturas falsas, por un importe total de casi un millón de euros, las cantidades que le correspondería tributar a la Hacienda Pública en 2005. Los albaranes ficticios, supuestamente expedidos por un proveedor, llevaban la firma del administrador de esta segunda empresa sin que fuesen escritas por él, explica en su escrito el fiscal, que sostiene que habría sido Costas quien, directamente o por mediación de otros, los elaboró, incurriendo en un presunto delito de falsedad documental. Mientras la incógnita de la continuidad de la concejala en el Concello podría concretarse en las próximas horas, sigue sin conocerse aún la fecha definitiva de la vista oral, que estaba prevista para el pasado martes en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo y que fue aplazada por razones que tampoco han trascendido El PSOE exige su dimisión o cese ´inmediato´ Dimisión o cese inmediato. Para el PSOE nigranense no existen más opciones para la concejala de Educación y Personal, Ana Rosa Costas, tras conocerse ayer su doble imputación por presunto fraude a la Hacienda Pública y falsedad documental. El portavoz del grupo municipal socialista, Juan González, exige por tanto al alcalde, Alberto Valverde, el cese de la edil de todas sus funciones, puesto que, a su juicio, resulta absolutamente incompatible y fuera de toda ética política que la concejala encausada, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y nueve meses de prisión, siga formando parte de la junta de gobierno del municipio. Juan González recuerda además que es el propio Ministerio Público el que en su escrito de acusación solicita su inhabilitación para ocupar cargos públicos. Es por ese motivo que el portavoz de los socialistas nigranenses sostiene que el regidor municipal nigranense debería tomar ya la delantera y proceder, si la concejala no lo hace motu proprio, a la destitución inmediata. El Seprona investiga la aparición de dos cables-trampa de acero en pistas forestales de Oia El Seprona completó ayer la inspección de los montes de Oia en busca de los cables-trampa de acero cuya presencia en varias pistas forestales del municipio suscitó en los últimos días una cascada de denuncias a través de las redes sociales. En total se hallaron dos de estos elementos, explicó ayer Antonio Pimentel, uno de los guardias forestales de la zona, que peinó la zona con los agentes. En concreto, se constató la presencia de un cable que cruzaba un camino en Santa María de Oia y de una red que cortaba una pista en la parroquia de Burgueira, precisó Pimentel. La Guardia Civil investiga ahora quién pudo haber instalado estas peligrosas barreras, que da la impresión que están puestas para cerrar el paso al ganado y evitar que se acerque a las propiedades. Por su parte, Olaia Fernández, diputada del BNG en el Congreso, registró una pregunta al respecto en la Cámara Baja en la que, entre otras cuestiones, plantea al Gobierno si se realizará una especial vigilancia para detectar y eliminar estas trampas. Noticias enviadas por Jose Rodriguez desde Gondomar(Galicia)
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 12:46:10 +0000
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