MENTIRA OFICIAL, PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA PARA TODOS Y TODAS Posted: 18 Aug 2013 09:05 AM PDT Quien escribe es un Oficial de Gendarmería Nacional, de esos caracterizados como Caballeros, ejemplar en todos los aspectos, escolta del abanderado cuando cadete, apreciado por todos quienes lo conocen. Pasó a retiro voluntario como Comandante Principal al acceder a una oferta laboral de Telefónica Argentina. Hasta el año pasado estaba entre los directivos del Círculo de Oficiales de Gendarmería. Les mando a algunos para conocimiento y para que no sean sorprendidos por noticias desprovistas de alguna humanidad. Sepan que por el caso de testigo en donde doy fe de un nacimiento para hacer una adopción trucha, con conocimiento de autoridades de la época y monjitas del Hospital de Formosa, lo que evitó un aborto e hizo felices a padres estériles, estoy por ser trasladado a declarar en indagatoria, junto con la madre y otro testigo (tan infiel como yo) en presunción de que se hubiera tratado de un hijo de desaparecidos. Quiero que sepan que entiendo la magnitud de la cosa hoy, pero en su momento obré de buena fe y seguro tanto antes como ahora que esa criatura no tiene relación con lo que se quiere maliciosamente probar. Les mando un abrazo y difundan a quienes crean conveniente a fin de sentir la fuerza de todos, que me hará falta. Si fuera necesario y pueden, apoyen a Bety. Muchas gracias. Cte Principal (R) Esteban Ferreira Texeira FUENTE: porladignidad/aqu-tema1461.html?sid=681bf7ae15e114db31941e27803f2b2d LOS DERECHOS HUMANOS EN UNA REPÚBLICA Domingo 18 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa Editorial I La vara para medir conductas pasadas no puede violentar el principio de igualdad ante la ley ni estar atada a conveniencias políticas o ideológicas Lleva años construir una república, pero bastan pocos actos de depredación para destruirla. Hay dos pilares republicanos que las sociedades maduras preservan a toda costa: el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. No hay república organizada que pueda sobrevivir cuando los gobernantes atentan contra las instituciones y degradan la Justicia. Estos desvíos suelen ser acompañados por la demonización de determinados sectores de la ciudadanía a quienes se les adjudica la culpa de todos los males. Los populismos autoritarios han hecho gala, cada vez que se han instalado en el poder, de una habilidad casi única para esos menesteres, tal vez por carencia de escrúpulos que los frenen. La Argentina está viviendo esta situación. El gobierno nacional se ha empeñado -y en parte lo ha logrado- en convencer a una parte considerable de la ciudadanía de que las postergaciones sociales, la inseguridad, la falta de adecuada infraestructura en servicios esenciales o los desbarajustes económicos no se deben a fallas del propio gobierno, que lleva ya diez años en el poder, sino a una conspiración de entelequias apátridas. Todos los días actúa una maquinaria propagandística destinada a fabular responsabilidades sobre las corporaciones dominantes, el capital concentrado, los "medios monopólicos", los imperialismos o cuanta abstracción se encuentre útil para deslindar culpas sobre la inocultable degradación del país. Para hacer factible ese esquema simplificador, que pone sobre hombros ajenos la carga de los propios fracasos, la domesticación del Poder Judicial se convierte en un elemento de acción indispensable. Es que sólo jueces realmente independientes podrían tener el coraje de anteponer el imperio del derecho a los designios oficiales autocomplacientes, y sólo aquéllos son la última garantía de que el preciado paradigma de la igualdad ante la ley no se convierta en una expresión vacía de contenido. Durante la década del setenta nuestro país atravesó por una situación de violencia y crimen. Muchos argentinos encontraron justificado matar tanto a los que suponían enemigos internos como a ciudadanos inocentes. La represión de aquel desbordado terrorismo dio lugar a procedimientos clandestinos y a otros crímenes en una verdadera guerra interna. El retorno a la democracia dio paso al juzgamiento y a las leyes de obediencia debida y punto final que encauzaron el sentido y alcance de las condenas. Los indultos a los condenados de ambos lados de aquella violencia intentaron dejar atrás una etapa dolorosa y crítica de nuestra historia. Sin embargo, aquel proceso de pacificación fue interrumpido y un gobierno que hizo de los extremos ideológicos y de la confrontación un instrumento de creación de poder revirtió aquellas medidas. Para lograrlo debió pasar por encima de principios básicos de la Justicia y del Estado de Derecho. Se anularon leyes sancionadas constitucionalmente por el Congreso, se violentaron los principios de cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal y aplicación de la ley más benigna. Adicionalmente, todo esto, se hizo asimétricamente, contra sólo una de las partes, aduciendo la imprescriptibilidad de las causas por su carácter de crímenes de lesa humanidad sin aplicar esta misma calificación -como lo dicta la jurisprudencia internacional- a los crímenes realizados por fuerzas terroristas apoyadas además por otros Estados. Tanto el Estado de Derecho como la igualdad ante la ley fueron superados. Una condición más caracteriza a las sociedades sanas: la virtud del arrepentimiento ante los errores cometidos y la asunción de culpas cuando una determinada línea de conducta ha probado ser lesiva para el pacto de convivencia en que se apoya nuestra Constitución. Y es aquí donde lo sucedido durante los trágicos años setenta ha dejado su sello más perturbador. Después de tantos años, muy pocos parecen estar arrepentidos de los atropellos cometidos en nombre de slogans dignos de mejores causas, como "la revolución" o la "reconstrucción nacional". Después de tantos años, tampoco se oyen de boca de la mayoría de quienes actuaron a sangre y fuego, testimonios de genuina reconsideración respecto de cuánto contribuyó cada uno para que en el país campeara un clima de total desprecio por el derecho y la dignidad del prój imo. Las secuelas de todo esto aún nos persiguen y atormentan. Preso Político encade nado a la cama en un hospital Los derechos humanos deben ser una conquista que las sociedades civilizadas enarbolen con orgullo. Su vigencia plena en la Argentina reclama justamente esas notas de arrepentimiento por los graves errores cometidos, y la absoluta sujeción al supremo principio de igualdad ante la ley. La vara para medir conductas pasadas no puede quedar anudada a conveniencias políticas o ideológicas o a alianzas circunstanciales. Tal el caso de lo ocurrido con el general César Milani quien, en mérito a su adhesión política al Gobierno, accedió a la jefatura del Ejército exculpado de actos que llevaron a la cárcel por mucho menos -cuando no se trató de causas armadas sin fundamento que también las ha habido- a muchos otros jefes y oficiales. Lo acontecido en esta tan cuestionable situación queda en las antípodas del injusto trato de "apropiadora de hijos de desaparecidos" dispensado a Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín. Este caso permanece arbitrariamente abierto cuando, en un auténtico Estado de Derecho, ya debiera haberse dictado sentencia definitiva para cerrarlo. Estos ejemplos, qu e se suman a muchos otros, evidencian el grosero, hipócrita y cínico uso político que el gobierno nacional continúa sistemáticamente haciendo de los derechos humanos. FUENTE: lanacion.ar/1611793-los-derechos-humanos-en-una-republica IMPROPIAS E IMPROCEDENTES SANCIONES APLICADA A LOS PRESOS POLÍTICOS Posted: 18 Aug 2013 07:25 AM PDT La frase: “lo detuvieron por po rtación de apellido, nació durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, cuando durante los turbulentos días de las rebeliones de los carapintadas, se ordenó la injusta detención del Mayor Granada, al que luego debieron liberar ante la ausencia de pruebas concretas que justificaran tremenda decisión. Ya en plena democracia se abusó de la “portación de apellido” y es así que numerosos Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas, vieron truncadas brillantes carreras profesionales por el simple hecho de tener el apellido de algún militar –normalmente su padre o familiar cercano- que había participado en el último gobierno de facto de 1976 a 1983. Ahora vemos que se castiga por portación de apellido, el hermano del Tte. 1ero. (R.E.) Gustavo Ramón Gustavo, quién se evadió del Hospital Militar Central por ineficiencia del Servicio Penitenciario Federal, único organismo responsable de su custodia… por más que el Negro de Mierda Hortel -no es una ofensa es como le gusta autodenominarse- pretenda descargar su responsabilidad en terceras personas e instituciones. Para colmo en Ministro de Defensa, Ing. Agrónomo Agustín Rossi, haciendo uso de facultades que no le son propias dicta la Resolución del Ministerio de Defensa 85/2013, carente de validez, y no debería siquiera tener vigencia, aplicabilidad y eficacia, ya que legisla y reglamenta sobre la situación de la salud de personas sometidas a procesos por delitos, sin distinguir su entidad ilícita; pero que tengan estado militar. La discriminación surge porque está dirigida sólo a los condenados y procesados militares que se encuentren privados de su libertad y cumpliendo prisión preventiva. El Ministro de Defensa queda así facultado para prohibir la atenció n médica de cierto personal militar. Es inconstitucional: Al Ministro no le cabe cumplir esa función. A continuación le dejamos una carta de lectores que describe el irregular castigo que le ha sido impuesto al Capitán (R) Don Juan Carlos De Marchi, vaya a saber uno ¿ordenado por quién? No creemos que haya sido el tribunal… y si lo fuera, este asunto reviste una mayor gravedad institucional. Sinceramente, Pacificación Nacional Definitiva por una Nueva Década en Paz y para Siempre Domingo 18 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa Cartas de los lectores RESPONSABLE SIN CULPA ¿Ahora tenemos en la Argentina penas accesorias sin ley previa ni sentencia de juez? ¿La reclusión dejó de buscar la reinserción social de los condenados y se convirtió en tormento para su castigo? ¿Se pena un recluso como represalia por las acciones de su hermano? ¿Hay responsabilidad sin culpa en el derecho penal argentino? ¿Por qué se sanciona a Juan Carlos De Marchi por la falta de su hermano Gustavo Ramón? ¿Ahora se determinan crueles condiciones de hacinamiento, descuido sanitario, falta de asistencia religiosa, alejamiento de la familia, mortificación psicológica, privación de ropas y efectos personales, aislamiento e impedimento del derecho a informarse? No son preguntas inverosímiles. Son las que surgen al conocerse el arb itrario traslado sufrido, entre gallos y medianoche, por Juan Carlos De Marchi, desde la Unidad Penitenciaria N° 34 en Campo de Mayo a la Unidad N° 2 en Marcos Paz. Y esto infligido a un recluso cuyo comportamiento fue calificado como sobresaliente por la autoridad competente, y merecedor de lo que exigen la Convención de Derechos Humanos de la ONU, nuestra Constitución y el Reglamento de Procesados y Condenados: mejora de condiciones para el cumplimiento de penas. ¿O acaso no es sujeto de derecho y carece de garantías jurídicas por tratarse de un capitán del Ejército Argentino que pasó a retiro en 1976? Todo esto sucede con un hombre que el año pasado sufrió igual traslado arbitrario, el cual fue terminantemente revertido por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El infortunio de Juan Carlos De Marchi y la calamidad jurídica que lo asuela deben llegar a conocimiento de la opinión pública. Carlos Benítez Meabe cabmeabe@hotmail FUENTE: lanacion.ar/1611751-cartas-de-los-lectores
Posted on: Mon, 19 Aug 2013 22:06:06 +0000
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