Marcha indígena campesina y popular GUATEMALA 93 entidades sociales y políticas de Europa y América Latina se dirigen a los Gobiernos de España y Guatemala para exigir que los derechos territoriales del pueblo maya sean respetados La carta enviada a autoridades y empresa implicada, exige el fin de la violencia que sufren las comunidades indígenas de Barillas desde el comienzo de la construcción de una hidroeléctrica en sus territorios La empresa gallega Hidralia Energía es la responsable de la construcción del proyecto Cambalam, que no cuenta con el consentimiento de las comunidades en cuyos territorios se pretende levantar una hidroeléctrica. El conflicto, que ya en 2012 desembocó en una declaratoria de estado de sitio, se ha cobrado dos muertes (un comunero y un policía), varias personas heridas y el encarcelamiento de varios dirigentes comunitarios. 18 de octubre de 2013. La Carta que se ha enviado a los Gobiernos de España y Guatemala, así como a la Xunta de Galicia y a la empresa implicada, alerta de la compleja situación de conflictividad que se vive en el municipio desde que se puso en marcha el proyecto Cambalam. Este proyecto de producción de energía hidroeléctrica es operado por la empresa Hidro Santa Cruz -subsidiaria en el país de la gallega Hidralia Energía- y ha dado lugar durante las últimas semanas a nuevos enfrentamientos entre las comunidades y las fuerzas del orden público. Las 93 entidades sociales y políticas de Europa y América Latina firmantes denuncian el que consideran un “nuevo episodio de criminalización y represión”, en el marco del cual se produjo, el pasado 28 de septiembre, la detención del dirigente comunitario Maynor López, procediéndose a la militarización del territorio y a la emisión de órdenes de captura contra varios activistas locales. “El Ministro de Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla, llegó al extremo de acusar de terrorismo a la población opuesta al proyecto y de amenazar con la expulsión de las personas extranjeras que participen en protestas sociales”. Es importante señalar -continúa la misiva- que el proyecto de Hidralia Energía “no sólo no cuenta con el consentimiento de la población, sino que ha sido explícitamente rechazado por los y las pobladoras del municipio”, en consulta realizada el 23 de junio de 2007. A pesar de ello, la insistencia por llevarlo a cabo ha dado lugar a un preocupante aumento de la conflictividad en la región, que “vivió sus peores momentos cuando, tras el asesinato del comunero Andrés Pedro Miguel, opuesto al proyecto (1 de mayo de 2012), fue declarado un estado de sitio por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina, de 18 días de duración, en el marco del cual se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos”. También recuerdan que el municipio de Barillas, así como el resto de municipios vecinos afectados por la violencia, “forma parte del territorio del pueblo maya qanjobal, cuyos derechos humanos quedan recogidos en el Convenio 169 de la OIT”, un Tratado Internacional ratificado por los Estados español y guatemalteco y que, por tanto, forma parte de su ordenamiento jurídico. Entre estos derechos, destaca especialmente el de participar en la gestión y conservación de los recursos naturales, así como el de ser consultados acerca de los proyectos que se ejecuten en sus territorios. Demandas recogidas en la Carta A las las autoridades de Guatemala y del Estado español, tanto centrales como autonómicas, que cumplan y hagan cumplir a la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco y español, especialmente los recogidos en el Convenio 169 de la OIT, en cuanto el desempeño de estas empresas se da en un territorio habitado por pueblos indígenas. A las autoridades de Guatemala, especialmente al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que cesen en la represión y la criminalización de las comunidades -así como de las organizaciones que les acompañan- movilizadas legítimamente en defensa de sus derechos colectivos, reconocidos tanto en las leyes guatemaltecas, como en el Convenio 169 de la OIT. A la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, que desistan de la construcción del proyecto hidroeléctrico Cambalam, el cual no cuenta con el consentimiento del pueblo maya qanjobal de Barillas, en cuyo territorio se pretende instalar, y que cesen en el señalamiento de activistas y dirigentes comunitarios. A las organizaciones sociales de Guatemala, del Estado español y a la comunidad internacional, que mantengan su atención sobre el municipio de Barillas y todo el norte de Huehuetenango, denuncien las violaciones de derechos que se están produciendo y se sumen a la presente carta. Organizaciones y personas firmantes Entre las organizaciones que se han adherido a la Carta Abierta, están: Redes y organizaciones europeas y latinoamericanas de defensa de los derechos humanos, como la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI, del Estado español), el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, de Dinamarca), el Centre Intercontinental (CETRI, de Bélgica), Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi, de Perú), o el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, de Brasil). Organizaciones no gubernamentales de todo el Estado español, como Mugarik Gabe, Ecologistas en Acción, Almáciga, Amigos de la Tierra, alterNativa, Pachakuti, Perifèries, EntreAmigos o Acción Solidaria Aragonesa. Organizaciones sociales guatemaltecas, como la Fundación Rigoberta Menchú Tum, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Fundación Guillermo Torriello (FGT) o la Alianza Política Sector de Mujeres. Entidades políticas y sindicales, como el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural (España), el partido Anova-Irmandade Nacionalista (Galicia), la Confederación Central General de Trabajadores (CGTG, de Guatemala), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, o la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos (FETRACUR, de Guatemala). Organizaciones, autoridades, colectivos y centros de estudios indígenas de todo el continente latinoamericano, como Oxlajuj Ajpop (Guatemala), el Colectivo de Comunicación Mapuche Mapuexpress (Chile), o la Organización Indígena de Antioquia (OIA, de Colombia). Otras entidades sociales y sindicales. Además de estas entidades, se han recogido 480 firmas individuales. Se anexa la carta enviada, que contiene también el listado completo de las adhesiones recibidas. Se ruega difusión
Posted on: Sat, 19 Oct 2013 07:12:18 +0000
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