OPINION El Congreso y los DDHH (La República - Editorial).- Pleno del Parlamento debe frenar el asalto en la Comisión de Justicia. No hay duda de que la nueva elección de Martha Chávez como coordinadora del subgrupo de DDHH de la Comisión de Justicia del Congreso es ilegal como la anterior. La reunión de ayer fue ilegal de acuerdo al reglamento de la Comisión de Justicia. El último esfuerzo por empoderar a Chávez como supervisora de los DDHH del país no contó con el quórum reglamentario porque la actuación del congresista Mauricio Mulder no tiene efecto legal. Por todo lo señalado, es muy probable que usando el sentido común y aplicando los reglamentos, una vez más será infructuoso el intento de colocar al fujimorismo en esa delicada responsabilidad. El problema no es, exclusivamente, la legisladora Martha Chávez; finalmente, el asunto tampoco se agota en la conocida posición del fujimorismo, defensor de las violaciones de los DDHH y promotor de nuevos recortes de derechos y libertades. El problema es el silencio institucional del Parlamento y de sus bancadas democráticas ante el manoseo de un tema fundamental del quehacer legislativo. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos no está cumpliendo el encargo siquiera en la conjugación simple del verbo dirigir. La ausencia de una agenda responsable y el desorden en la toma de decisiones por un subgrupo que se ha autonomizado indican que es imperativo recuperar la agenda proactiva que esa comisión desarrolló en los dos últimos años. Lo mismo sucede con las bancadas democráticas, Gana Perú, Perú Posible, PPC, Solidaridad Nacional, AP-Frente Amplio, Concertación Parlamentaria y Unión Regional. En los asaltos del subgrupo de DDHH por el fujimorismo se han puesto de costado y dos de ellas, Solidaridad Nacional y Concertación Parlamentaria, han colaborado activamente con el desorden, la confusión o la ilegalidad. Finalmente, está la Mesa Directiva del Congreso y, específicamente, su presidente, que han ignorado de modo oficial dos eventos en los que se han violado los procedimientos democráticos en el Legislativo. Aunque los argumentos de la Oficialía Mayor luego del primer asalto han sido jurídicamente impecables, sus funciones son de servicio parlamentario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40° del Reglamento del Legislativo. El Pleno del Congreso tiene la obligación de desactivar este intento de desviar el compromiso del Parlamento con los DDHH; este es un asunto político y a esta instancia le corresponde volver las cosas a su lugar. El mandato del Reglamento del Congreso (artículo 29°) dispone sobre el Pleno del Parlamento que en él se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Desde la recuperación de la democracia, el año 2000, el Congreso de la República tiene un compromiso vigente con los DDHH. Sucesivos parlamentos liquidaron el entramado legal que legitimó la violación de los DDHH y que encubrieron a sus responsables. El Legislativo peruano también se ha comprometido con el reconocimiento de nuevos derechos y libertades legislando en función de las políticas públicas garantistas y de universalización de los derechos, y atendiendo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Todo ello se pretende negar ahora de modo que más allá de las personas está en juego ese compromiso que es momento de recordar y defender.
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 13:29:46 +0000
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