Ponce Lerou en el pantano: Cuicos y flaites en la Operación “Cascadas” Por Paul Walder PARTE 2 LAS AFPS SE QUERELLAN A diferencia de La Polar, del fraude de Cencosud a sus clientes o del mismo caso BancoEstado, este escándalo ha circulado hasta el momento solo por la prensa especializada. En principio, no habría miles de humildes estafados. Pero la querella interpuesta por las AFPs contra Ponce abre un espacio que lo haría similar. Si las AFPs se sienten perjudicadas en su calidad de accionistas minoritarios que han perdido beneficios en las transacciones fraudulentas, son también sus millones de afiliados quienes resultan afectados. Desde otro punto de vista, debemos recordar que son los trabajadores quienes con sus fondos han estado alimentando a estas sociedades y permitiendo el juego de un grupo de estafadores. Somos los trabajadores el combustible del sistema financiero, energía controlada y apropiada por esas elites. La SVS ha levantado varios cargos contra Julio Ponce, Aldo Motta y los otros ejecutivos. Pero son estos dos los que más arriesgan, con multas que podrían llegar a unas 15 mil UF o al 30 por ciento de las operaciones irregulares, cuyos montos exactos están aún por establecerse. Pero además enfrentan sanciones penales, en cuanto varios de esos cargos constituyen abiertos delitos. Aquí ingresa la justicia ordinaria, que investiga faltas que debieran ser sancionadas con prisión. Decimos “debieran”, porque al recordar casos como las farmacias o La Polar, las penas no han trascendido de amonestaciones, clases de ética o arresto nocturno en una parcela de agrado. Hacia la primera semana de octubre, la Fiscalía comenzó a hallar obstáculos y saltaron algunas irregularidades en la investigación, las que estarían relacionadas presuntamente con oscuras presiones. De partida, está el rechazo de Coloma a entregar al fiscal el informe, a lo que argumentó que era información reservada (pero felizmente filtrada a la prensa). A este inicial bloqueo a la difusión de los datos, se sumó el apoyo público y amplificado que le dio a la negativa de Coloma el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Por aquellos mismos días, El Mostrador relacionaba estas declaraciones de Larraín con el fuerte recorte presupuestario para el año entrante que tendría la Superintendencia que preside Fernando Coloma. El superintendente ha advertido que la investigación está aún en sus inicios, por lo que con el curso de los días, semanas y aún meses, podrían sumarse muchos otros operadores bursátiles de la elite financiera. Al leer el informe, la mención a estas firmas comienza a extender la maraña hacia los nombres más importantes del sistema financiero. Además de Leonidas Vial, de la corredora LarraínVial, aparecen listadas las corredoras de Banchile, del grupo Luksic, y Citigroup, hoy socio del mismo grupo en el Banco de Chile. La SVS menciona al ex gerente de inversiones de Banchile, Cristián Araya, socio de la corredora Tanner. Otra de las firmas mencionadas es Celfin, la segunda corredora chilena, controlada por Jorge Errázuriz y Juan Andrés Camus. Con menos menciones aparece en el informe Corpbanca, de Alvaro Saieh, BCI, del grupo Yarur, y Santander. Hay más nombres conocidos, que aparecen vinculados con el fondo de inversión Linzor Fund Return, gestionado al momento de las irregularidades por conocidos ejecutivos, tales como Canio Corbo Atria, hijo homónimo del empresario y director de Sigdo Koppers y la Compañía Sudamericana de Vapores, y sobrino del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo; Nicolás Larraín Hurtado, hijo del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín; y Tomás Hurtado Larraín, sobrino del controlador de Entel y del holding financiero Consorcio, Juan Hurtado Vicuña. Consorcio, sin embargo, es socio en el gestor privado de fondos Moneda Asset Management, que lidera Pablo Echeverría, y que junto a AFPs como Habitat, Cuprum, Provida y Planvital, lideraron la denuncia contra Ponce, desatando la investigación de la SVS. PONCE, EN LA INTIMIDAD DE LA FAMILIA PINOCHET Cuando el presidente Sebastián Piñera se refirió a los “cómplices pasivos” de la dictadura, es claro que hacía también alusión a estos personajes que estuvieron tras Pinochet para beneficiarse económicamente. Por ello, no podemos dejar de recordar los orígenes de Ponce Lerou, que de un oscuro funcionario público con cargos directivos en empresas del Estado pasó a ser dueño de varias de ellas. En el clásico y revelador libro de María Olivia Mönckeberg El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, el ex marido de Verónica Pinochet Hiriart aparece desde el comienzo como ejecutivo de empresas públicas controladas por la dictadura. Pero es ya entrados los años 80 cuando se le atribuyen grandes compras y posesiones, desde tierras en el sur a activos en las empresas. “Es un hecho evidente que a Julio Ponce Lerou sus cargos públicos y sus lazos familiares le ayudaron a cohesionar una próspera posición económica. Cuando tuvo que alejarse de la actividad pública la tarea ya estaba hecha: ya había logrado amarrar una bien armada red de familiares y socios que -con la venia de militares y del equipo económico civil- alcanzó hasta los principales puestos ejecutivos de las empresas estatales más importantes: Codelco -donde su socio Patricio Contesse llegó a ser vicepresidente-, Soquimich y CAP”. Pero es en 1987 cuando Ponce irrumpe en gloria y majestad con la privatización de Soquimich, la empresa productora de salitre y yodo de la que había sido ejecutivo en representación del Estado. “Junto a su grupo encabezó la privatización de la productora de salitre natural y yodo. Una herramienta clave en ese proceso ha sido la sociedad de inversiones Pampa Calichera, que es el principal accionista de Soquimich y está bajo el control de Ponce Lerou”. Desde 1987 Julio Ponce Lerou es presidente de Soquimich y su socio, Patricio Contesse, el gerente general de la empresa que cuenta con más de un millón de hectáreas de propiedad minera y ha diversificado su producción incursionando hacia el litio v el cemento. Escribe Mönckeberg que “sólo por concepto de dietas de directorio, Ponce Lerou obtuvo durante 1999 casi 300 millones de pesos en su calidad de presidente del holding Soquimich y de las filiales Nitratos, SQMQ y Salar”. Pero se las arregló muy bien para mejorar más tarde. En 2010, SQM tenía el directorio mejor pagado de todas las empresas chilenas, y Ponce era el director estrella: ganó 1.599 millones de pesos sólo en esa empresa. Publicado en “Punto Final”, edición Nº 791, 11 de octubre, 2013
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 17:50:12 +0000
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