Pusieron a un fiscal tierras-malhabidas a investigar la más grande matanza de campesinos de nuestra historia democrática, caídos en la lucha por recuperar, justamente, tierras estatales usurpadas por la familia Riquelme. Jalil Rachid, hijo del político colorado Bader Rachid, amigo de Blas N. Riquelme, supuesto dueño de las tierras de Marina Cue, donde se produjo la Matanza de Curuguaty. Los acontecimientos de Marina Cue (Curuguaty) componen uno de los momentos más turbios y controversiales de nuestra historia, hasta el punto de que sobre él descansa la justificación de un Golpe de Estado. Ese es el peso que tiene, y el que sienten sobre sí los 12 presos y presas víctimas de la injusticia, de la venalidad del sistema fiscal y judicial de Paraguay. Ese es el peso que sienten las viudas, hijas, hijos, madres, padres, hermanas de los caídos. De alguna manera lo sienten todas las organizaciones sociales democráticas. La Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial son las instituciones estatales que deben encargarse de esclarecer aquellos acontecimientos, a partir de investigaciones de rigor que sigan todas las hipótesis en juego y que además respeten el debido proceso y otras garantías de detenidos y detenidas. Sin embargo, actualmente estos son los principales órganos a través de los cuales la clase dominante paraguaya (agroganadera, exportadora, importadora) ejerce su poderío. También cumplen esa función el Parlamento, el Ejecutivo, la prensa empresarial y los propios gremios agroganaderos (exportadores/importadores). Este último es el sector que acapara el 86% de la tierra cultivable en Paraguay, gran parte de ella robada al Estado en el pasado. Y es el sector económico al cual históricamente -por ese injusto acaparamiento- el campesinado le disputó las tierras a través de ocupaciones y trámites institucionales. De estas filas proviene la familia del fiscal Jalil Rachid, y como gran parte de esta clase social, edificó su patrimonio sobre el robo de bienes estatales durante la dictadura estronista, según la investigación sobre los crímenes de entonces, realizada por la Comisión Verdad y Justicia (CvyJ). El padre del fiscal, el señor Bader Rachid Lichi, referente estronista, figura entre los usurpadores de tierras fiscales en la página 69 del Tomo IV de la CVyJ. A pesar de no ser beneficiario de la Reforma Agraria, esta familia se apropió de 1.498 hectáreas de tierras fiscales en el año 1.986, ubicadas en el distrito de Santa Rosa, departamento de Misiones. En estos momentos, se juega la interpretación de lo que pasó en Curuguaty (y lo que acarreó políticamente), y hay fuerzas económicas y políticas que intentan imponernos la hipótesis que les exima del crimen que cometieron ayer y hoy. En juego está la historia, otro capítulo de impunidad e injusticia sobre cruces campesinas. ¿Podremos revertirlo?
Posted on: Thu, 01 Aug 2013 13:25:02 +0000