Repliegue y desorden septiembre 1, 2013 By Jorge Raventos El gobierno de la señora de Kirchner ingresa en septiembre retrocediendo, procurando con dificultad reordenar sus fuerzas en medio del repliegue. La decisión de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a trabajadores y jubilados, finalmente adoptada esta semana, forma parte de ese doble movimiento. La Casa Rosada rechazaba dar ese paso, reclamado por el conjunto del movimiento obrero (en primer lugar por la CGT que conduce Hugo Moyano) y por las fuerzas políticas opositoras (en particular por el Frente Renovador que lidera Sergio Massa). El gobierno aducía que “en un momento de la economía mundial como éste” la discusión del tema era inadecuada, que una medida de esa naturaleza tendía a desfinanciar al Estado; además, descalificaba políticamente esa reivindicación (“No es peronismo, es oligarquía”, aseguraba, por caso, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina). El resultado de las elecciones primarias obligó al oficialismo a archivar esos argumentos. El riesgo de que las urnas de octubre dicten una derrota más dura que la del 11 de septiembre aconsejó una aproximación a públicos que tres domingos atrás castigaron a los candidatos kirchneristas. El recule fue precipitado y confuso: quedaron al margen de los beneficios monotributistas y trabajadores autónomos y la desprolijidad provocada por el apuro generó inequidades que ahora deberán solucionarse por vía casuística. La medida, eso sí, fue adoptada con el estilo K clásico, como si se tratase de una merced presidencial y no de la corrección de una injusticia; se actuó por decreto y sin establecer una norma objetiva que enderece automáticamente los desquicios que provoca la inflación. Al ritmo actual de aumento de los precios, los topes recién fijados quedarán desactualizados en un santiamén. Pese al maquillaje de concesión graciosa que intentó darse a la decisión, es improbable que la corrección al impuesto al salario se traduzca en rédito político para el oficialismo: hay una quiebra de la confianza, una decepción de sectores que conformaron aquel 54 por ciento de 2011 que vuelve difícil al gobierno las maniobras de recuperación. Comprometidos por la obediencia que exige el Poder Ejecutivo, los candidatos del Frente para la Victoria durante la campaña de las primarias gambetearon el tema del impuesto a las ganancias o directamente rechazaron las modificaciones, con lo que les hicieron el campo orégano a los candidatos opositores, que hoy pueden reivindicar como triunfo propio la medida tardíamente adoptada. El Canje 3 y el patriotismo No menos tardío resulta el canje que el gobierno quiere ofrecer ahora a los bonistas tras una nueva derrota jurídica en sede judicial neoyorquina. La Casa Rosada había proclamado que no emplearía ni un dólar para pagar los títulos de los “fondos buitre” y empujó a los abogados defensores del Estado argentino a desafiar atrevidamente al tribunal afirmando que el país no acataría una sentencia adversa. Tal conducta (sumada al no pago de indemnizaciones por pleitos perdidos ante el CIADI, el centro de arreglo de diferencias dependiente del Banco Mundial, o de deudas como la que el país tiene con el Club de París, para no hablar del anterior default) ha alentado la caracterización de Argentina como un “deudor pertinaz”, calificación que empleó el reciente fallo negativo de la Cámara de Apelaciones neoyorquina. El discurso oficial presenta su remiso y extemporáneo cambio de posición como una determinación espontánea que probaría su vocación de resolver el problema por las buenas. Como parte de la decoración, el Ejecutivo pide al Parlamento que vuelva a anular la ley cerrojo que impide reabrir el tema del canje de la deuda. Se trata, en realidad, de un recurso desesperado y probablemente inefectivo de presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, si es que ésta decide tomar el caso. Como lo hace habitualmente, el gobierno procura disimular su impericia o sus reveses culpando a la maldad ajena o envolviéndose en una bandera patriótica: son recursos que le han dado réditos. Esta vez también: un sector de la oposición se muestra dispuesto a acompañarlo en la anulación de la ley cerrojo, inclusive a sabiendas de que el paso es inconducente. En algún momento la política argentina se liberará de las extorsiones retóricas que encubren desastres y empezará a definir el interés nacional en términos realistas y prácticos, como una disposición a adoptar las decisiones más útiles para una estrategia nacional de crecimiento e inserción en el mundo, aunque ese paso aparezca antipático o costoso en el corto plazo. No debería alentarse la idea de que Argentina puede adquirir una posición en el vecindario global con sensibilidad y modales de barrabrava. El canje y el cambio de jurisdicción que ahora ofrece el gobierno difícilmente serán aceptados, ni por la totalidad ni por una parte sustancial de los bonistas. Hasta diciembre de 2014, cualquier arreglo con los holdouts que mejore las condiciones que obtuvieron aquellos que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 debería ser extendido a estos, con lo cual la suma a pagar sería inalcanzable. Esta ardua situación expira a partir de entonces. Un objetivo inteligente y práctico (también patriótico) podría ser desarrollar una negociación que gane tiempo (tanto con los acreedores más agresivos como en los tribunales) de modo de culminar a principios de 2015, cuando el pago a los holdouts no acarree la consecuencia de la multiplicación de las obligaciones. Se trata de cambiar el relato por el reconocimiento de la realidad y la defensa efectiva de los intereses. Sensación de fin de ciclo Aunque viciados por conductas que quizás ya sean inmodificables en lo sustancial, muchos de los pasos que ha dado el gobierno en los últimos días exponen una tendencia a cambiar, a corregir. Se trata, sin duda, de una tendencia forzada por los hechos (la derrota electoral y las presiones que ejercen sobre el centro del aparato oficial los jefes territoriales de la coalición oficialista), pero así son las cosas: si se le reclama al gobierno que escuche el mensaje de las urnas, no se le puede acusar de que lo haga. En todo caso, se le pueda objetar que no oiga demasiado bien. En el tema seguridad, por ejemplo, la rectificación del discurso ha sido asombrosa: desde aquella famosa frase de Aníbal Fernández que definía la inseguridad como una sensación a la profusión de estadísticas que empleaba Nilda Garré para demostrar que la inseguridad era una especie de mito urbano se ha pasado a la seguidilla de declaraciones de los últimos días en las que se reitera que la inseguridad es una realidad y que en modo alguno se trata de un invento de los medios. Se podrá alegar que es una muestra de lucidez tardía. Que es un intento de captar votos. Cierto. Pero algo es algo. Quizás la nueva actitud no se traduzca exclusivamente en escenas como las que se vieron ante la legislatura neuquina esta semana, sino en un mejoramiento consistente de la lucha contra el delito y de la prevención de actos criminales. Si sólo se trata de palabras, el gobierno debería perder toda esperanza de mejorar su performance electoral de agosto. Y habrá que ver incluso si, después de tanta morosidad, algunos hechos alcanzan para una mejora. Vuelos de ida y vuelta En materia de repliegues, hay que registrar esta semana el que se produjo con la empresa aérea LAN, una sociedad anónima argentina vinculada a la red mundial de Latam, compañía de capitales brasileros y chilenos. Hace meses que, fogoneada por la conducción camporista de Aerolíneas Argentinas, se despliega una campaña de hostigamiento contra LAN, a la que se le negaron servicios de aeropuerto, se le dificultaron las operaciones, se le pretendió quitar rutas (como confiesa en un video el presidente camporista de AA, Mariano Recalde) y se la empujaba fuera del aeroparque metropolitano, con la excusa de hacerle abandonar un hangar operativo. Una vez más la retórica patriótica pretendió justificar ese comportamiento: se trataba de defender “nuestra” aerolínea de bandera (que hace tres años no nos muestra un balance a los ciudadanos argentinos, sus propietarios en los papeles, mientras gasta dos millones de dólares de subsidios) de la competencia (no sólo “extranjera”, sino, además, “pinochetista”). La ineptitud de la conducción camporista de Aerolíneas sólo concibe como método de competencia el ejercicio de la fuerza estatal inclinando la cancha. Y el simplismo de su pensamiento pretende reducir el interés nacional a la recaudación de la empresa que les toca administrar: pero el interés nacional, en estos asuntos, pasa por la capacidad de transportar carga, pasajeros y turistas a nuestros destinos. La perspectiva de quedarse sin los servicios de LAN llevó rápidamente a dar el alerta, por ejemplo, a provincias como Salta o Misiones, que se verían en tal caso, duramente perjudicadas en sus ingresos por turismo. Los trabajadores de la LAN se encargaron de señalar que la política inducida por Recalde y por Axel Kicillof, el viceministro de Economía y ex número 2 de Aerolíneas, conspiraba contra ellos y ponía en riesgo miles de puestos de trabajo. Más allá de eso: una conducta que exhibe al Estado como juez y parte, cambiando normas y operando para enturbiar las actividades de una firma que compite con una empresa oficial, no hace sino agregar otras manchas a la bajísima performance del país en materia de atracción de inversiones. También de estos comportamientos tuvo que replegarse el gobierno. No lo hizo pidiendo disculpas ni explicitando una autocrítica (ni siquiera cambiando de puesto al joven Recalde, que logró sin embargo irritar la mismísima Presidente). Lo hizo a su manera: reclamando a LAN, en nombre de la “reciprocidad”, que le facilite a Aerolíneas actuar como línea de cabotaje en Chile, un pedido doblemente extravagante: LAN Argentina es una empresa argentina y Chile ya le había allanado a Aerolíneas su mercado de cabotaje, en el que emplea la política de cielos abiertos (lo propio está implementando Brasil). El reclamo fue, simplemente, una máscara para justificar el paso atrás frente a LAN, a la que afortunadamente se ha renunciado a quitarle el “hangarcito” que pretendían Recalde y Kicillof. Los peronistas piden cancha En materia de repliegue, en fin, el más significativo ocurrió el viernes en Corrientes: allí los gobernadores que integran la coalición oficialista se reunieron y prometieron seguir haciéndolo con frecuencia, para poner en pie el Partido Justicialista, una estructura política que el gobierno guardó en el depósito para moverse bajo el techo del Frente para la Victoria. Los discursos de los gobernadores -algunos de un cristinismo tan vehemente como anacrónico a esta altura- son lo menos relevante del acontecimiento. Lo que debe registrarse es el hecho de que los gobernadores deciden ponerse al frente de la coalición oficialista (una actitud que desplaza a situación marginal al camporismo y otras formaciones especiales de signo K) y reflotar al justicialismo, como instrumento para la batalla de las presidenciales, en principio agendadas para 2015. Es, si bien se mira, otra señal inequívoca del fin de ciclo. La idea de una reconstrucción partidaria del peronismo, por otra parte, difícilmente pueda reducirse al empeño de los gobernadores que se reunieron en Corrientes. A la fecha ya es mucho -y tiene proporción aparentemente mayoritaria- el peronismo que vive al margen de la coalición gobernante. ¿Pretenden los gobernadores un PJ reducido a las fuerzas que ellos reúnen en la actualidad o estarán abiertos a una convergencia con el peronismo autónomo del gobierno? Es decir: ¿quieren avanzar hacia elecciones presidenciales con uno o con dos peronismos? La respuesta a esa pregunta tiene su importancia: en 2015 un peronismo unificado seguramente triunfaría. Pero un peronismo dividido estará seguramente desafiado por el eje no-peronista que empieza a constituirse entre radicales, socialistas y fuerzas afines. Jorge.Raventos.
Posted on: Sun, 01 Sep 2013 17:43:19 +0000
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