Si los gobernantes de un Estado insisten en solucionar un problema social recurriendo al mismo instrumental jurídico y político que está en el origen de ellos, el problema en cuestión solo se hará más grande e irreductible en el futuro. Eso es lo que viene ocurriendo en La Araucanía desde hace 100 años, y particularmente después de 1990, imponiéndose la autoridad del Estado con un arsenal que oscila entre pequeño fomento productivo, un poquito de tierras y muchos policíaEl riesgo actual de esas relaciones es que el conflicto violento se haga endémico y legítimo para la mayoría del pueblo mapuche (lo que no ocurre todavía), e introduzca una distorsión total de gobernabilidad en el país variando a conflicto de autodeterminación. Entonces habría ganado la opción violentista. La acumulción histórica de hechos y su escalada actual obligan a pensar en la raíz del problema. Y ella está, si no exclusivamente, en gran medida marcada por la forma como el Estado de Chile creó “chilenos” e integró el territorio de La Araucanía. Con toda la violencia la usurpación el saqueo que a tenido a lo largo de la historia de Chile y la respuesta de una parte del pueblo mapuche con violencia tratando de recuperar sus tierras. Entonces lo que sucede aqui no se trata de seguridad ciudadana, derecho de propiedad o aplicación rigurosa de la ley, si bien hay parte importante de ello. El problema se vincula a una crítica profunda del proceso político de construcción del pacto social constitutivo del Estado de Chile. Este, para la historia mapuche reciente, es una herida abierta y una agresión. El Estado por pacto constitutivo es el ente administrativo y político cuyo principal fin es distribuir bienestar, paz social, desarrollo, justicia y seguridad, y tiene que actuar en consecuencia, representando el bien común. Ello debiera ser comprendido a fondo por el gobierno y toda la elite política, pues crecientemente se va instalando con validez social la idea no solamente de una “historia nacional del despojo del pueblo mapuche”, sino de un Estado oligárquico que opera fuera del bien común y al que no le importa la paz social y la seguridad política de la sociedad. Hoy el país está frente a un problema político referido a la constitución del Estado, cuya solución implica acuerdos sobre su organización y gobierno interno en la región, representación política y satisfacciones de carácter económico y cultural del pueblo mapuche, quien no está conforme con su inserción en nuestro Estado. Pero de la misma manera, requiere una postura clara de condena y no justificación de los hechos de violencia, bajo argumentos de la historia pasada. Si deseamos tenerlos como parte integrada del Estado de Chile, debemos actuar en consecuencia y entablar un diálogo efectivo sobre autonomía política funcional, desarrollo económico, representación parlamentaria y existencia y derechos constitucionalmente reconocidos. Hay que hacerlos parte de la riqueza forestal y agrícola de tierras que una vez les pertenecieron y, sobre todo, lavar de manera digna la heridas de la guerra que el Estado de Chile llevó contra el pueblo mapuche, y de la cual resultaron pérdidas de derechos ciudadanos, de libertad y de cultura. Ese es la parte simbólica fundamental de la solución.
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 21:43:10 +0000
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