Sobre la Ley de pensiones a ex presos políticos diciembre 3, 2013 By José Marcelino García Rozado. O cómo nuestros compañeros no conocen argumentos de defensa del Gobierno Constitucional de Juan Perón y María E. Martínez de Perón. Tuvieron que dar idas y vueltas, sobre el proyecto de Ley del Diputado por Formosa (FpV) Juan Carlos Días Roig para otorgar pensiones a ex presos políticos porque el proponente fijaba como fecha de inicio el 24 de marzo de 1973, por lo cual estaba sesgadamente dirigida, mientras que, al llegar nuevamente a la Cámara de origen modificada por el Senado, este proponía, también -tendenciosamente-, como fecha de inicio el 6 de noviembre de 1974. El desconocimiento de la historia argentina, sumado a las desviaciones ideológicas de muchos de nuestros compañeros, además de quienes “se dicen” compañeros sin serlo, más la confusión que se llegó a producir cuando el apoderado legal del Partido Justicialista Nacional inscribiera como “parte del Partido Justicialista” al Frente para la Victoria, una agrupación política que tiene y tubo su propia representación e inscripción en el Registro de Partidos Políticos como “Partido Frente para la Victoria”, y cuyo presidente era el extinto Néstor Carlos Kirchner y su apoderado el ex Jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández. Esta “confusión o chicana” del Dr. Jorge Landau contradice todas las presentaciones llevadas a cabo por ese Frente electoral tanto en las elecciones legislativas de 2005, 209 y 2013 y las presidenciales de 2007 y 2011, ya que en las presidenciales de 2003 el Frente para la Victoria se presentó como tal y sin incluir al Partido Justicialista. Desentrañada esta primera y vital situación que lleva a engaño a una enorme porción del pueblo argentino, y es usada perversamente por los medios de difusión masiva, seudo opositores como el multimedio Clarín, y los diarios La Nación y Perfil, y los oficialistas cuya lista es enorme e innecesaria de ser aquí presentada. Una vez aclarado este primer punto, que conlleva el porqué, el cómo y el cuando del proyecto de Ley presentado por Díaz Roig quien como se referencia como legislador del Frente para la Victoria y no del peronismo formoseño, está liberado de ser el creador de esta verdadera brutalidad jurídica, porque de ser plausible presentaciones de este tipo y extemporáneamente llevadas al recinto (como lo fuere su proyecto de Ley), caeríamos en lo que el Ejecutivo de Cristina Fernández ha denominado “la industria del juicio”, pues también debería alcanzar a los deudos y herederos de los presos políticos de “toda la historia nacional”, pues discriminar entre quienes fueron presos, después determinaremos cuales son políticos y cuales no lo son, en base a un debate que la sociedad nacional deberá darse, de una buena vez y para siempre, así dejamos de cometer tropelías jurídicas en nombre de reivindicaciones de ciudadanos –nativos o extranjeros- que bajo el rótulo “romántico” de “guerrilleros” se alzaron en armas contra gobiernos constitucionales; sin importar el motivo alegado, cometiendo el delito claramente tipificado por la misma Constitución Nacional de “sedición”, y que hasta la modificación de 1994, éste delito se consideraba “alta traición a la Patria” y se penaba con “la pena de muerte”. Abolido que fuere el castigo, se lo reemplazó por el máximo que otorga el hoy tan renombrado –por las burradas y barbaridades que se discuten- Código Civil Argentino. El debate deberá ser masivo, popular y bien explicado por todas y cada una de las fuerzas políticas y sociales -Partidos Políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicales, etc.-, quienes deberán fijar su posición ante el mismo (para acabar con las hipocresías existentes entre legisladores, funcionarios, jueces, fiscales, camaristas y hasta Jueces del Supremo, incluyéndose además la definición sobre el tema de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, que incluyen a los de las intendencias). Una vez debatido y llegado a una o más conclusiones o propuestas deberá someterse a un plebiscito tal lo que manda la Constitución reformada de 1994, donde quedará consagrado los límites, cuales son de “lesa humanidad” y cuales no, las penas y los derechos a resarcimientos para quienes y por cuanto tiempo… Mi postura es muy clara y consecuente, yo siempre afirmé que el delito de “sedición” tal como lo declara nuestra Constitución Nacional debe ser aplicado por igual a civiles, tanto como a militares, no importando su pertenencia, ideología, religión o raza. Además de tipificar a los “delitos de lesa humanidad” como tales, a todos aquellos que fueren cometidos desde el Estado o con participación de éste por funcionarios o con la aquiescencia de éstos, a niveles nacionales, provinciales o municipales –sus FFAA y FFSS-, pero también a aquellos cometidos por facciones o sectores civiles o militares que se declaran “alzados en armas” contra el gobierno Constitucional (elegido por el pueblo). Mi postura ante los resarcimientos es que deben ser “muy acotados” y definidos los tiempos de reclamo y de resarcimiento. Y aquí comienza el debate, una vez fijada mi posición para que nadie se llame a engaño, como espero hagan todos aquellos que pretendan apoyar y oponerse a éste. Lo que verdaderamente llama la atención, no es “el porqué del proyecto”, ayer hecho y convertido en Ley de la Nación, sino el desconocimiento, o peor aún la hipocresía explicitada en el debate para “fijar la fecha de comienzo” de las penas, detenciones o secuestros, porque el proyecto original de Diaz Roig es claro y bien connotado, éste proponía el 24/03/1976 fecha en que era depuesta la presidente constitucional de la Nación Argentina. Podrá tildarse este proyecto de sesgado, pues no se les reconoce el mismo carácter a las víctimas y detenidos/desaparecidos del sector militar o de sus aliados, además de preguntarse con total razón el porqué de esta fecha arbitraria, pues hubo y aún viven muchos detenidos o familiares directos -hijos, cónyuges, padres, hermanos, etc.- de los golpes de 1966, 1962, 1955, 1952, 1943 por citar sólo los más recientes y no retrotraernos a tiempos aún más lejanos y donde se cometieron claros actos sediciosos en nuestra Patria. Todos estos merecen el mismo tratamiento ante la ley, para no incurrir en arbitrarias prácticas que terminan discriminando delitos iguales, según sean llevados a cabo por cuestiones ideológicas, religiosas o de razas. Pero lo importante fue “el debate” que se dio primero en el Senado de la Nación, donde llegó cambiada la fecha propuesta originalmente desde Diputados, con expresa finalidad ideológica se fijó el inicio de los actos a ser reparados con esta Ley el 6 de noviembre de 1974. Esta fecha no fue elegida al azar por nuestros diputados y luego debatida por los senadores, sino que por el contrario se eligió ex profeso porque es en ella donde poder iniciar “el ataque” a la presidencia constitucional de Juan Domingo Perón y su viuda, por ese entonces a cargo del Poder Ejecutivo, la Cra. María E. Martínez de Perón. Ataque que viene siendo llevado a cabo por los exegetas del kirchnerismo más puro y duro, y sus aliados las Madres de Bonafini y las Abuelas de Carlotto, más la agrupación HIJOS, contando con la ayuda de grupos tales como el CELS, La Cámpora, Unidos y Organizados, el Movimiento Evita, Nuevo Encuentro y sectores marxistas hoy en el poder -adláteres de Axel Kicillof, etc.-. No debemos olvidar los juicios a Isabel llevados a cabo en nuestra justicia, los pedidos de extradición a España por jueces y fiscales de la Nación o de las Provincias, así como intentos aún más amplios que nacen a partir de las denuncias de ex montoneros o erpianos sobre los decretos y las leyes dictadas por el Gobierno Constitucional iniciado tras la legítima y contundente elección del 25 de setiembre de 1973. Actos administrativos que “no son judiciables” pues fueron la consecuencia para reestablecer el orden interno de la Nación atacada por facciones terroristas que se escudaban tras posturas ideológicas antiperonistas. Aquel día la viuda de Perón decretó el “estado de sitio” y aplicó la Ley Antisubversiva de setiembre de 1974. Es tal la hipocresía reinante en la sociedad que los senadores nacionales –representantes de los pueblos de las provincias- para esquivar el bulto arguyeron “fallas técnicas para modificar el proyecto”. Unos porque tras 40 años de historia aún ignoran el abrazo Perón Balbín, y siguen aferrados a un “antiperonismo ahistórico” y pasado de moda. Otros porque desideologizados al máximo no saben cual es su pertenencia ideológica y por lo tanto partidaria. No saben si son peronistas o del Frente para la Victoria (un engendro desideologizado donde prima un supuesto “modelo” y un seguidismo personalizado hoy en Cristina Fernández, ayer en Néstor Kirchner), entonces se da la paradoja que desconocen la historia, o la tergiversan para que pueda ser el marco de su novedosa identidad “partidaria”. Y desgraciadamente, los que se dicen peronistas -en su enorme mayoría- también desconocen la historia por lo cual no pueden defender actos constitucionales llevados a cabo por un gobierno popular y nacional (en serio) libremente y ampliamente elegido para conducir los destinos de la Patria, y en defensa de sus valores es que éste legisló para contener los ataques sangrientos de una facción sediciosa armada, denominada aquí y en cualquier parte del mundo como “terroristas”. Si esto no queda claro no podemos llevar adelante el debate que no se supo o quiso dar, tanto en el senado como en la Cámara de Diputados que corrigieron el proyecto de ley recibido en revisión por el senado y lo convirtió en ley en la tarde-noche de ayer, 28 de noviembre de 2013, o sea a 30 años de haberse instaurado un gobierno democrático. Hipócritas, porque no puede definirse de otra manera a quienes para “lavarse las manos” y no asumir posición respecto de un tema “crucial para el peronismo”, porque aceptar alegremente que un Gobierno Constitucional está limitado para dictar normas y leyes ajustadas a la Constitución Nacional en defensa de los intereses de la Patria, es como aceptar que en esta hora donde el flagelo del tráfico y consumo de drogas en territorio nacional no requiere de normas, decisiones estratégicas y adaptar la legislación a esta nueva realidad, imponiendo penas severísimas a los narcotraficantes y a sus financistas, legislar para adecuar la legislación a las nuevas realidades del delito y su punición y lucha. Esconderse bajo la cama y explicitar “fallas técnica” acordando lo increíble dejando la fecha tope en el 10 de diciembre de 1983 y el inicio “con fecha indefinida” Son tan hipócritas y cobardes, unos y otros que cuando se dieron cuenta de donde se estaban metiendo, y no sabiendo como salir decorosamente utilizaron la del avestruz de esconder la cabeza. Y aquí pasamos a la segunda gran ilegitimidad de esta ley de reparación para los ex terroristas y de los cientos de presos que quizás no estaban integrando los sectores guerrilleros. Pero legislar para otorgar pensiones de por vida para ellos o sus herederos, cuando a las víctimas y familiares de Cromañón o de la tragedia de Once se les va a dar, como se les dio a los de Cromañón, apenas por cinco (5) años. Un beneficio equivalente a categoría D nivel 0 del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) por $ 6 mil mensuales siendo la Secretaría de Derechos Humanos el organismo de aplicación. ¡¡¡Está tan mal parido este proyecto!!! Es tal el despropósito de esta ley que un insigne diputado del Frente para la Victoria dijo “también por una cuestión económica, que había que analizar. Pero ya habían viajado muchos compañeros e incluso del exterior” dejando en claro que muchos de los requirentes ni siquiera viven en el país. Un verdadero y total despropósito que sólo puede ser convalidado –“o sea, participar de ésta barbaridad jurídica cobrando estas mal llamadas pensiones vitalicias”- por traidores o peor aún por aquellos (o sus familiares y deudos) que anteponen sus intereses personales a los intereses sagrados del pueblo sufriente que no cuenta con educación, salud o vivienda dignas, mientras otros, ”ellos” anteponen mezquinos intereses personales y dinerarios por sobre el “bien colectivo” . Estos personajes no son dignos de llamarse argentinos y mucho, pero mucho menos “Peronistas de Perón, Evita e Isabel” (por mucho que a algunos les moleste ésta última inclusión). Es más, el pasado miércoles 27 de noviembre iba a tratarse solamente en el diputados la Ley por la regulación de responsabilidad del Estado (otra aberración jurídica preparad ex profeso para resguardar a funcionarios de la administración cristinista) tal como expresara un diputado del Frente para la Victoria. El proyecto había quedado afuera del temario por las “diferencias” que se mantenían en el propio bloque oficialista. “También por una cuestión económica, que habías que analizar. Pero ya habían viajado muchos compañeros e incluso del exterior” explicaba un diputado cristinista, para intentar justificar en estas presencias (como no iban a estar presentes si esos esperaban este espurio dinero que le van a robar al pueblo con esta Ley) la urgencia de la Ley; organizaciones de ex presos políticos -los mismos que atestiguan falazmente en los juicios a oficiales de las FFAA y de SS, ya que una enorme mayoría nunca estuvieron presentes durante los hechos por los que atestiguan, y otros lo hacen “de oídas de terceros”-, festejaron desde las gradas del recinto. Fue la diputada bonaerense del FpV, y jefa del bloque de ese Frente, Juliana Di Tulio quien interrumpiendo la sesión, pidió la palabra en el recinto para incluir esta “supuesta y falsa reparación” en el orden del día, logrando que se aprobare la mencionada Ley de Reparación de ex Presos Políticos. Díaz Roig celebraba ruidosamente este disloque al estimar en cerca de 2 mil los potenciales solicitantes, aunque cifras mucho más realistas y menos cristinistas calculan en cerca de 10 mil los beneficiarios. Es tal el mamarracho que a las propuestas de “limitar el resarcimiento, a quienes tuvieren un ingreso inferior a cierta suma”, los diputados oficialistas se negaron a todas y cada una de ellas. Es más, es tal la desfachatez de estos nefastos personajes de la vida argentina, que con sorna el diputado Roig exclamó: “Ni Kunkel, ni yo vamos a cobrar, eso fue una chicana. Los que estamos dentro del sistema de seguridad no entramos” Este verdadero robo al pueblo argentino, fue votado por el oficialismo y la oposición lográndose un insólito número de 176 votos favorables, dos negativos -los peronistas disidentes Assef, y Brown- y una abstención, la del macrista Tonelli, es también cierto que algunos legisladores para no convalidar esta Ley prefirieron retirarse como hizo la radical Patricia De Ferrari. Junto a los cristinistas y peronistas opositores festejaban increíblemente la mayoría de la UCR pidiendo en su antiperonismo rabioso, que la Ley se denomine “Ley Ricardo Scalet” en homenaje al ex titular de la Asociación de ex Presos Políticos, muerto en Marzo. Aprovechando esta Ley de reparación de ex Presos Políticos -erpianos, marxistas y montoneros-, el ¿periodista? Marcelo Larraquy en Clarín tituló un recuadro como “¿Cuándo comenzó el horror?”. En este panfleto sesgado y panfletario él se pregunta arteramente: “La pregunta es un problema para la historia del peronismo en la década del setenta”, desconociendo abiertamente la historia argentina verdadera, no la escrita panfletariamente por montoneros, erpianos y marxistas sobrevivientes –la historia algún día deberá preguntarse como algunos lograron zafar de aquello que ellos denominan el “terrorismo de Estado”, ¿habrán botoneado y entregado a sus camaradas? -de aquellas luctuosas y bárbaras jornadas tales como Magario, Bonasso, etc. En aquella historia, investigada, confrontada y escrita por profesionales de la Historia, deberán dilucidarse causas, efectos, momentos históricos, legislaciones “no judiciables” por emanar de períodos constitucionales, actos sucedidos en abierta violación a las leyes y decretos de parlamentos y ejecutivos legales y constitucionales, de otros llevados a cabo por civiles y militares que contradecían cada una de aquellas, es por este motivo que el panfleto de Larraquy es tendencioso y falta a la verdad abierta o encubiertamente. “es el 6 de noviembre de 1974, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, cuando se decretó el Estado de sitio, fue el punto de partida para la cesión de las “pensiones graciables” para ex presos políticos, daba por sentado que el gobierno justicialista había vulnerado los derechos civiles y políticos de miles de personas que habían permanecido en sus cárceles, a quienes se mantuvo detenidos sin juicio ni garantías constitucionales. Una responsabilidad política -no sólo histórica- que también podría derivar en una nueva inculpación penal por secuestros y desapariciones perpetradas durante el gobierno 1973-1976.” Se necesita agregar algo a lo escrito por Larraquy, es totalmente claro el planteo no sólo de él, sino de la enorme mayoría de los comunicadores sociales del multimedio Clarín, La Nación y Perfíl; en ellos se intenta burdamente implicar en ilegalidades, secuestros y torturas no al Gobierno Isabel, sino en realidad al Gobierno Juan Perón y su continuidad luego del fallecimiento el 1º de Julio de 1974 del Gobierno Constitucional, arteramente atacado por la izquierda apátrida y genocida, esa izquierda que intentó y no pudo infiltrar al Movimiento Nacional Justicialista, sus cuadros gubernamentales (nacionales y provinciales) y los de las fuerzas de seguridad y armadas no cooptadas por aquellos ni por las derechas cavernícolas que querían hacer de la Argentina la “punta de lanza de su intromisión en el subcontinente Sudamericano”. Aquellos personeros que no lograron sus fines en los 70 del siglo XX, arremeten hoy, desde los medios de comunicación -opositores y oficialistas (que tendencian sus presentaciones)-, las Cámaras legislativas nacionales y provinciales y hasta aparatosamente la propia “Justicia, en especial la Federal y penal argentinas”, quienes se prestan -cuando no lo interpretan- a las falacias de sudo juicios a supuestos represores (que los hubo, y de los cuales deberán seriamente ocuparse para obtener “justicia y verdad” pero no venganza). Aprendamos de nuestros vecinos y hasta de nuestra historia que supieron poner “Límites a estos juicios, y estas averiguaciones históricas”, para dejar el pasado y mirar emprendedoramente el futuro. Por eso es importante conocer “el pensamiento” profundo de estos artífices del odio y la venganza, atrasados y fuera de todo momento histórico. Ellos .oficialistas, opositores o seudo opositores, todos “vienen descaradamente por el Dogma y la Doctrina del peronismo”, y para esto es necesario incorporar en el imaginario colectivo que el peronismo de los 70 del siglo XX, estaba emparentado con la dictadura, los atropellos ciudadanos y el “terrorismo de Estado”, y en esto el panfleto de Clarín es, como lo fuera en infinidad de otras oportunidades la punta de lanza, y así el personero abiertamente expresa “Pero ayer en la Cámara de Diputados, para mantener la situación histórica –la de ellos no la real y verdadera- en la nebulosa, se prefirió no colocar la fecha, y dejar que la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaría de Derechos Humanos, decida caso por caso. De este modo, el comienzo de las detenciones sin juicio ni garantía constitucional quedan inmersas en un cono de sombras. La pregunta de “cuando empezó el terror” prefiere no asumirse ni ponerse en discusión”. La verdad histórica, y no la verdad sesgada es que solo a partir del 24 de marzo de 1976, existió el terror, las detenciones y los desaparecidos sin juicios ni garantías constitucionales. Desde el 6 de noviembre de 1974 hasta aquel fatídico 24 de marzo de 1976, siempre y en todo momento imperó la Ley y las garantías constitucionales, esas que definen hasta la implantación ante el ataque al poder y las instituciones de la declaración y puesta en vigencia legal del “Estado de sitio”. Como bien indica Larraquy, existen más allá de los debates políticos los “hechos históricos”, hechos que no pueden ser tergiversados ni sesgados de manera alguna. Desde los inicios de 1974, Perón y María Estela Martínez, como presidentes “constitucionales, amplia y democráticamente electos por una mayoría incuestionable”, y con el aval del Partido Justicialista en el Parlamento, ante el rompimiento del orden democrático y constitucional por parte de facciones sediciosas, fueron sancionadas una serie de normativas –leyes y decretos leyes- represivas que penaban y definían la represión de atentados y ataques a las instituciones y al pueblo mismo, que es cierto “incluso más rigurosas que las del Gobierno de facto del General Lanusse”, que se asentaban en el accionar novedoso y desconocido en la Patria de la lucha armada para “derrocar y tomar el poder” a las autoridades legalmente electas. No existió en la historia del siglo XX, una actividad terrorista y genocida pasible de ser parangonada con las guerras civiles del siglo XIX, por lo cual fue imperioso y necesario adoptar rígidos criterios represivos por parte del Estado legal y constitucional de la República. Larraquy, miente y tergiversa los hechos tanto como la historia, y es mucho más hipócrita que aquellos otros que nos contaron “sus versiones de los enfrentamientos de facciones de los 70 del siglo XX”. Unos cuentan “su verdad” que saben no es “la verdad histórica” pero la cuentan desde su propia identidad, no como aquellos que se escudan tras una supuesta “comunicación social” que intenta desentrañar “la verdad histórica”. Demasiado reciente para ser abordada objetivamente, La “Ley antisubversiva” de setiembre de 1974, fue la consecuencia lógica y última imprescindible para hacer frente a los desmanes y el desgobierno reinante, producto de los arteros y cobardes ataques llevados a cabo contra el Gobierno Constitucional de aquella época. Y es una verdadera barbaridad jurídica que aquellos civiles, militantes o incluso guerrilleros -confesos y abiertamente participantes de hechos delictivos- alzados en armas contra el gobierno constitucional, que haya sido “legalmente detenido” por tribunales civiles en virtud de aquella ley votada por el Parlamento pueda hoy, increíblemente, “reclamarle al Estado su pensión. También sus herederos” ¡Increíble, ahistórico y verdaderamente vergonzante, esa es la Ley de Reparación de las detenciones, aprobada increíblemente por este nuevo Parlamento! Arq. José M. García Rozado
Posted on: Tue, 03 Dec 2013 17:49:56 +0000
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