TARIFA PLANA PARA MATAR JUAN CARLOS GIRAUTA Lo jurídico no puede ser irracional ni manifiestamente injusto. España es un estado de Derecho, no necesita la bendición de tales insensatos Lo jurídico no puede ser irracional ni manifiestamente injusto. España es un estado de Derecho, no necesita la bendición de tales insensatos UN gran equívoco jurídico sobrevive al paso del tiempo. Su triste último éxito ha cobrado forma de sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humano. Sepan que, desde ayer, Estrasburgo encarna la antijuridicidad, atenta contra las víctimas y patrocina a los asesinos. Lo digo con todas las letras para que se escandalice de entrada, y se vaya largando de mi columna, cualquier amigo de contemporizar con el terror. Nulla poena sine lege, nos recuerda la Gran Sala. Un principio esencial del Derecho Penal, en efecto. En realidad, un principio civilizatorio. Sólo que sus europeas señorías lo invocan mal, como un Sancho con toga, porque aquí la ley sí preexistía al delito. Lo que no preexistía era el cabal cumplimiento de dicha ley en su recta y racional interpretación. La única posible: la que estableció finalmente el Tribunal Supremo en 2006 y avaló el Tribunal Constitucional en 2012 ante múltiples evidencias que nos interpelan: un país donde se puede asesinar a dieciséis personas pagando menos de un año por cada crimen no es ni puede ser un Estado de Derecho, porque ni esa injusticia es Derecho, ni quien lo consiente merece ser llamado Estado. Sí introdujo el TC el llamado doble cómputo (desaparecido en la última reforma del Código Penal), que resta el tiempo pasado en prisión preventiva de cada una de las condenas firmes que el reo estuviera cumpliendo. Pero lo sustancial seguía en pie: la redención por trabajo, por estudio prevista en la legislación de 1973 no podía seguir computándose de modo que las condenas judiciales no significaran nada: que diera lo mismo un asesinato que veinte, una violación que treinta. Porque cualquier interpretación diferente a esta (como por ejemplo la de Estrasburgo) tiene que ser capaz de justificar que complejos procedimientos judiciales, con toda su carga de trabajo policial, pericial, judicial, con toda su puesta en juego de un poder del Estado, y con toda su solemnidad en la aplicación de la Justicia, no signifiquen, a la hora de la verdad, absolutamente nada. Lo jurídico no puede ser irracional ni manifiestamente injusto. Y eso es exactamente lo que era el cómputo de pena efectiva a partir de la máxima pena efectiva, la redención de penas a partir de treinta años fuere cual fuere la suma de condenas, fueren cuales fueren los delitos cometidos. Una tarifa plana para terroristas. Una aberración, una burla amarga a las víctimas, un premio al asesinato múltiple, un fomento de la gratuidad del crimen, un escupitajo a la lógica y una afrenta a los principios generales del Derecho con los que se decora la Grande chambre. Más de un centenar de violadores reincidentes, terroristas y asesinos múltiples (valga la redundancia) serán liberados si se acata el papel en forma de sentencia de ese club en forma de tribunal. España es un estado de Derecho, no necesita la bendición de tales insensatos. UN gran equívoco jurídico sobrevive al paso del tiempo. Su triste último éxito ha cobrado forma de sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sepan que, desde ayer, Estrasburgo encarna la antijuridicidad, atenta contra las víctimas y patrocina a los asesinos. Lo digo con todas las letras para que se escandalice de entrada, y se vaya largando de mi columna, cualquier amigo de contemporizar con el terror. Nulla poena sine lege, nos recuerda la Gran Sala. Un principio esencial del Derecho Penal, en efecto. En realidad, un principio civilizatorio. Sólo que sus europeas señorías lo invocan mal, como un Sancho con toga, porque aquí la ley sí preexistía al delito. Lo que no preexistía era el cabal cumplimiento de dicha ley en su recta y racional interpretación. La única posible: la que estableció finalmente el Tribunal Supremo en 2006 y avaló el Tribunal Constitucional en 2012 ante múltiples evidencias que nos interpelan: un país donde se puede asesinar a dieciséis personas pagando menos de un año por cada crimen no es ni puede ser un Estado de Derecho, porque ni esa injusticia es Derecho, ni quien lo consiente merece ser llamado Estado. Sí introdujo el TC el llamado doble cómputo (desaparecido en la última reforma del Código Penal), que resta el tiempo pasado en prisión preventiva de cada una de las condenas firmes que el reo estuviera cumpliendo. Pero lo sustancial seguía en pie: la redención por trabajo, por estudio prevista en la legislación de 1973 no podía seguir computándose de modo que las condenas judiciales no significaran nada: que diera lo mismo un asesinato que veinte, una violación que treinta. Porque cualquier interpretación diferente a esta (como por ejemplo la de Estrasburgo) tiene que ser capaz de justificar que complejos procedimientos judiciales, con toda su carga de trabajo policial, pericial, judicial, con toda su puesta en juego de un poder del Estado, y con toda su solemnidad en la aplicación de la Justicia, no signifiquen, a la hora de la verdad, absolutamente nada. Lo jurídico no puede ser irracional ni manifiestamente injusto. Y eso es exactamente lo que era el cómputo de pena efectiva a partir de la máxima pena efectiva, la redención de penas a partir de treinta años fuere cual fuere la suma de condenas, fueren cuales fueren los delitos cometidos. Una tarifa plana para terroristas. Una aberración, una burla amarga a las víctimas, un premio al asesinato múltiple, un fomento de la gratuidad del crimen, un escupitajo a la lógica y una afrenta a los principios generales del Derecho con los que se decora la Grande chambre. Más de un centenar de violadores reincidentes, terroristas y asesinos múltiples (valga la redundancia) serán liberados si se acata el papel en forma de sentencia de ese club en forma de tribunal. España es un estado de Derecho, no necesita la bendición de tales insensatos.
Posted on: Tue, 22 Oct 2013 05:48:28 +0000
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