TENÍA UN CAMPO EN WINIFREDA : Exoneraron a Amoresano El Poder Ejecutivo emitió un decreto exonerando al ex funcionario del IPAV Silvio Amoresano. En ese decreto -Nº 791 del 16 de octubre pasado- se aprueba lo actuado por la “instrucción en el Sumario Administrativo ordenado por Resolución N° 1168/10 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, en el Expediente N° 6995/2013. Se trata de la remisión de la causa por enriquecimiento ilícito del Juzgado de Instrucción y Correcional, iniciada en el año 2005. El artículo 2º señala “declarar Exonerado a partir de la notificación del presente Decreto, al agente Silvio Pascual Amoresano, D.N.I. N° 12.989.338, Afiliado N° 37524, Legajo 25533, perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos conforme lo previsto en el artículo 273 inciso e) de la Ley N° 643, de conformidad con lo normado por el artículo 278 inciso b) de la citada norma legal”. Amoresano actualmente está en prisión. Fue detenido el pasado 15 de abril de 2013 después que la Corte Suprema rechazó un último recurso. El 8 de junio de 2011 la Cámara del Crimen N º 1 condenó al exfuncionario Pascual Silvio Amoresano a tres años y medio de prisión e inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos. Esa vez se ordenó el decomiso de 223.243 pesos ajustados. Además de culpable de enriquecimiento ilícito se lo condenó por omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas. El exfuncionario no quedó preso esa vez, porque la defensa apeló ante el Tribunal de Impugnación Penal. Después hubo apelación ante el Superior Tribunal de Justicia y un recurso ante la Corte Suprema. El fallo de la Cámara del Crimen estuvo a cargo de los jueces subrogantes, Eduardo Olmos, Carlos Mattei y Carlos Bessi. La sentencia coincidió con la pena que había solicitado el fiscal Jorge Marcelo Amado, quien no estuvo presente en la lectura. El detenido fue en 1994 director provincial del Registro Permanente de Licitaciones de Obras Públicas, luego pasó a ser director de Obras Básicas del Ministerio de Hacienda y a fines de 2003 fue nombrado director municipal de Servicios Públicos por el intendente Néstor Alcala. A mediados de 2005 volvió a su categoría 1 en el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, aunque después de esa época permaneció como adscripto en la Administración Provincial de Energía. Entre 1999 y 2002, su patrimonio neto creció cuatro veces, pasando de 47.000 a 235.976 pesos, sin contraer deudas ni tomar créditos. En la última DD.JJ. de 2004 Amoresano declaró que poseía inmuebles por 53.740 pesos y su esposa, Norma Patricia Aranda, por 135.740 pesos. En su caso se trataba de cuatro propiedades (el domicilio familiar y otras tres como inversiones) y en el de la mujer -quien estuvo imputada en la causa hasta que falleció a principios del año 2011- de cinco inmuebles (todos como inversiones excepto la casa familiar). Además tenía dentro de los bienes familiares un campo en Winifreda, adquirido en 1998 por 50.000 pesos, una camioneta Ford 100 modelo ’94, un Seat Córdoba modelo 2000 y depósitos por 4.200 pesos. El ex funcionario declaró como único ingreso el sueldo del IPAV (1.750 pesos mensuales) y dijo que Aranda había tenido ingresos anuales por 20.000 pesos por su condición de arquitecta, más 14.000 en alquileres. También que él había gastado 34.000 pesos en tarjetas de crédito y su esposa 4.500. El organismo evaluó el crecimiento sin justificar en 188.976 pesos. Además en la investigación judicial aparecieron más bienes que no había declarado, y el monto se incrementó a 223.243 pesos. Enriquecimiento “cuantioso” En el fallo de la Cámara del Crimen Nº 1, los jueces destacaron “la objetividad e imparcialidad” de la pericia realizada por la arquitecta Dora Aimale, que determinó el valor de los bienes del ex funcionario. Por otra parte, descartaron la pericia de la contadora Silvia Orgales, ofrecida por la defensa, porque “carencia de rigor científico”, tal cual lo había determinado el juez de Instrucción. La pericia oficial, realizada por el contador Álvarez, determinó “un déficit de justificación patrimonial en el período investigado de 223.243,41 pesos, equivalente al 45,84% del patrimonio final determinado”. “En ambos informes se tomó siempre o el menor valor que puede adjudicarse al costo de construcción o el menor consumo posible para el grupo familiar, apenas por encima del límite de pobreza”, destacó el tribunal. “Considerando que el patrimonio inicial (1994) era de $89.179, 93 y el patrimonio final (2004) de $484.995,74, el incremento patrimonial fue de $397.815,81. Habiendo sido los ingresos en dicho período $584.007,43 y los consumos $409.435,03, el ahorro fue de $174.572,40”, calcularon los jueces. “Si al incremento patrimonial ($397.815,81) se le resta el importe correspondiente al ahorro ($174.572,40), se concluye que el incremento patrimonial no justificado por Amoresano es de $223.243.41”, concluyeron. wini.ar/info/noti_20131031a.htm Foto: TENÍA UN CAMPO EN WINIFREDA : Exoneraron a Amoresano El Poder Ejecutivo emitió un decreto exonerando al ex funcionario del IPAV Silvio Amoresano. En ese decreto -Nº 791 del 16 de octubre pasado- se aprueba lo actuado por la “instrucción en el Sumario Administrativo ordenado por Resolución N° 1168/10 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, en el Expediente N° 6995/2013. Se trata de la remisión de la causa por enriquecimiento ilícito del Juzgado de Instrucción y Correcional, iniciada en el año 2005. El artículo 2º señala “declarar Exonerado a partir de la notificación del presente Decreto, al agente Silvio Pascual Amoresano, D.N.I. N° 12.989.338, Afiliado N° 37524, Legajo 25533, perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos conforme lo previsto en el artículo 273 inciso e) de la Ley N° 643, de conformidad con lo normado por el artículo 278 inciso b) de la citada norma legal”. Amoresano actualmente está en prisión. Fue detenido el pasado 15 de abril de 2013 después que la Corte Suprema rechazó un último recurso. El 8 de junio de 2011 la Cámara del Crimen N º 1 condenó al exfuncionario Pascual Silvio Amoresano a tres años y medio de prisión e inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos. Esa vez se ordenó el decomiso de 223.243 pesos ajustados. Además de culpable de enriquecimiento ilícito se lo condenó por omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas. El exfuncionario no quedó preso esa vez, porque la defensa apeló ante el Tribunal de Impugnación Penal. Después hubo apelación ante el Superior Tribunal de Justicia y un recurso ante la Corte Suprema. El fallo de la Cámara del Crimen estuvo a cargo de los jueces subrogantes, Eduardo Olmos, Carlos Mattei y Carlos Bessi. La sentencia coincidió con la pena que había solicitado el fiscal Jorge Marcelo Amado, quien no estuvo presente en la lectura. El detenido fue en 1994 director provincial del Registro Permanente de Licitaciones de Obras Públicas, luego pasó a ser director de Obras Básicas del Ministerio de Hacienda y a fines de 2003 fue nombrado director municipal de Servicios Públicos por el intendente Néstor Alcala. A mediados de 2005 volvió a su categoría 1 en el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, aunque después de esa época permaneció como adscripto en la Administración Provincial de Energía. Entre 1999 y 2002, su patrimonio neto creció cuatro veces, pasando de 47.000 a 235.976 pesos, sin contraer deudas ni tomar créditos. En la última DD.JJ. de 2004 Amoresano declaró que poseía inmuebles por 53.740 pesos y su esposa, Norma Patricia Aranda, por 135.740 pesos. En su caso se trataba de cuatro propiedades (el domicilio familiar y otras tres como inversiones) y en el de la mujer -quien estuvo imputada en la causa hasta que falleció a principios del año 2011- de cinco inmuebles (todos como inversiones excepto la casa familiar). Además tenía dentro de los bienes familiares un campo en Winifreda, adquirido en 1998 por 50.000 pesos, una camioneta Ford 100 modelo ’94, un Seat Córdoba modelo 2000 y depósitos por 4.200 pesos. El ex funcionario declaró como único ingreso el sueldo del IPAV (1.750 pesos mensuales) y dijo que Aranda había tenido ingresos anuales por 20.000 pesos por su condición de arquitecta, más 14.000 en alquileres. También que él había gastado 34.000 pesos en tarjetas de crédito y su esposa 4.500. El organismo evaluó el crecimiento sin justificar en 188.976 pesos. Además en la investigación judicial aparecieron más bienes que no había declarado, y el monto se incrementó a 223.243 pesos. Enriquecimiento “cuantioso” En el fallo de la Cámara del Crimen Nº 1, los jueces destacaron “la objetividad e imparcialidad” de la pericia realizada por la arquitecta Dora Aimale, que determinó el valor de los bienes del ex funcionario. Por otra parte, descartaron la pericia de la contadora Silvia Orgales, ofrecida por la defensa, porque “carencia de rigor científico”, tal cual lo había determinado el juez de Instrucción. La pericia oficial, realizada por el contador Álvarez, determinó “un déficit de justificación patrimonial en el período investigado de 223.243,41 pesos, equivalente al 45,84% del patrimonio final determinado”. “En ambos informes se tomó siempre o el menor valor que puede adjudicarse al costo de construcción o el menor consumo posible para el grupo familiar, apenas por encima del límite de pobreza”, destacó el tribunal. “Considerando que el patrimonio inicial (1994) era de $89.179, 93 y el patrimonio final (2004) de $484.995,74, el incremento patrimonial fue de $397.815,81. Habiendo sido los ingresos en dicho período $584.007,43 y los consumos $409.435,03, el ahorro fue de $174.572,40”, calcularon los jueces. “Si al incremento patrimonial ($397.815,81) se le resta el importe correspondiente al ahorro ($174.572,40), se concluye que el incremento patrimonial no justificado por Amoresano es de $223.243.41”, concluyeron. wini.ar/info/noti_20131031a.htm
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 00:04:43 +0000
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