Una herramienta creada por la Procuraduría contra la Trata Cuando la matemática ayuda a combatir la trata de personas El juez Lijo procesó a cinco personas por trata de personas. En el fallo tuvo especialmente en cuenta los parámetros del “coeficiente de abuso”, una herramienta diseñada por la Procuraduría contra la Trata para colaborar en las investigaciones de los fiscales. ANTECEDENTES Desde 2008 se rescataron 4757 víctimas de trata Cómo operaba la red de trata integrada por colombianos Cada vez que se iba a dormir, Antonio tenía que entrar a la habitación por una ventana. Debía atravesar un agujero de 60 centímetros. La pieza en la que Antonio pasaba las noches junto con otras diez personas no superaba el metro de altura. Antonio trabajaba 12 horas por día, al igual que otros 57 bolivianos como él. Todos estaban distribuidos en tres talleres comandados por la misma organización. Confeccionaban prendas de vestir para marcas como “M51”, “Narrow”, “Penguin”, “Basement”, “Berry Blue” y “Zurah Jeans”. Una cámara de seguridad los vigilaba y todos los movimientos que hacían eran anotados en cuadernos anillados. El mecanismo para captarlos y engañarlos era similar a todos los casos de trata para la explotación laboral. En Bolivia les prometían un trabajo bien rentado. Cuando llegaban les descontaban el pasaje y prometían regularizar su pago cuando obtuvieran documento de identidad argentino. Se quedaban a la espera de la promesa de regulación. La mayoría desconocía los derechos laborales del país. Esto reforzaba la dependencia. Profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con la División Trata de Personas de la Policía Federal y la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Cinturón Sur” de Gendarmería Nacional, pudo rescatar a estos trabajadores explotados. Fue el último 30 de abril después de un allanamiento por una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En menos de un mes, el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dispuso el procesamiento para ocho personas responsables del delito de trata de personas para la explotación laboral, reducción a la servidumbre y facilitación y permanencia de inmigrantes ilegales en el país. Más allá del interés particular por el procesamiento, en la sentencia, el juez tuvo especialmente en cuenta los parámetros del “coeficiente de abuso”. Se trata de una herramienta diseñada por el equipo de la Procuraduría contra la Trata en 2011, con el objetivo de colaborar en las investigaciones de los fiscales. Permite identificar el límite entre la explotación en términos penales y la informalidad laboral utilizando como indicadores algunos mínimos datos. La herramienta matemática de “coeficiente de abuso” forma parte de una “Guía de procedimientos y criterios para detectar e investigar la trata con fines de explotación laboral”. El coeficiente se obtiene de un cálculo estimativo para el que se tienen en cuenta dos indicadores: cuánto dura la jornada del empleado y cuál es el salario que recibe por ello. A su vez, estos datos se contrastan con lo que le correspondería según el salario establecido por el convenio oficial del rubro y la provincia en la que se desarrolla la actividad. Cuando el coeficiente arroja un resultado de 1,6 o mayor, el trabajador recibe una remuneración que resulta un 60% menor al que le correspondería por convenio. Esta información determina una relación laboral abusiva que habilita poner en juego otros elementos de contexto que podrían configurar el delito de trata de personas. En el fallo, Lijo determinó que la mayoría de los trabajadores explotados recibía un salario muy inferior al estipulado para esa actividad. Además, puso de relieve las condiciones en las cuales se daba la explotación. Por ejemplo, las condiciones de salubridad, el confinamiento físico y restricción de salidas del lugar de trabajo, la falta de higiene, alimentación adecuada y hacinamiento; sumado a la coacción psicológica y la violencia física. La sentencia dictó el procesamiento de Juan Carlos Quispe, Wilma Chacolla Marca, Valentín Mamani Lecoña, Graciela Choquetarqui Marca y Virginia Mamani Lecoña, por considerarlos coautores de los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación y permanencia de inmigrantes ilegales en el país, y a Efraín Serrano Mamani, Santos Álcon Huanacuni, Agustín García Álbarez, como partícipes necesarios. También se ordenaron embargos de hasta 200.000 pesos. Los lugares allanados estaban todos ubicados en la ciudad de Buenos Aires y estaban registrados bajo el nombre de una cooperativa denominada Taverguis, creada en 2006. Desde 2008 a abril de 2013 se rescató un total de 4757 víctimas, en el marco de 2193 allanamientos. Más de la mitad de esas víctimas (51%) es por explotación laboral.
Posted on: Thu, 29 Aug 2013 23:58:30 +0000
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