CASOS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 1.5 Malversación en el Fondo de Inversión Social (FIS) En el año 1995, un informe de auditoría de la Corte de Cuentas responsabilizó al Consejo de Administración del FIS de haber utilizado ilegalmente 18 millones 87 mil colones (10 millones de dólares). Según el informe, un número importante de empleados y de altos ejecutivos del FIS recibieron desproporcionados aumentos a sus salarios antes de renunciar, razón por la cual recibieron exorbitantes indemnizaciones económicas, algunos de ellos de más de 800 mil colones (92,000 dólares). El informe reveló que un estudio de las nóminas de empleados permitía observar que algunos de los que se “retiraron” fueron recontratados el mismo día a petición de la Presidenta del FIS, Norma de Dowe. En medio del escándalo, la señora de Dowe renunció. Sin embargo, ni ella ni los ejecutivos beneficiarios de la malversación fueron sometidos a la justicia. Los imputados quedaron libres y el dinero no fue reintegrado al Estado. 1.6 Fraude en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) Entre los años 1995 y 1999, hubo un fraude en el BFA por un monto de 138.6 millones de colones (alrededor de 16 millones de dólares). Por el hecho fuero acusados el presidente del BFA, Raúl García Prieto y otros altos funcionarios del banco, a quienes se acusó de comprar el ingenio El Carmen por 59 millones de colones y sin poner dinero de garantía. También se les acusó de haber realizado la venta a través de maniobras financieras. Al ex presidente del BFA se le acusó de favorecer la negociación desde su cargo. La Cámara 2a. de lo Penal luego exoneró de cargos, en forma definitiva, a Enrique Rais, Ruth Salazar Campos, Héctor Cristiani, Luis Omar Cruz Guevara, Ricardo Rivera Villalta y Raúl Castellón Lemus, acusados por delitos de defraudación a la economía pública, negociaciones ilícitas y asociaciones ilícitas. García Prieto, quien fue condenado, está prófugo. 1.7 Malversación en la Federación Nacional de Futbol (FEDEFUT) En septiembre de 1999, la Corte de Cuentas anunció un faltante de fondos en la FEDEFUT por un monto de 35 millones de colones (unos 4 millones de dólares). El principal implicado era el ex-presidente de esa institución, Juan Torres. La Fiscalía emprendió una causa judicial. Demandó a los ex-directivos de la FEDEFUT por peculado, malversación de fondos, administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas, uso de documentos falsos y apropiación indebida. También demandó a dos funcionarios de la Corte de Cuentas por actos arbitrarios. Después de varios años de tratar el caso, el poder judicial exoneró a los implicados y cerró el caso. El Estado perdió el dinero. 1.8 Estafa de una institución financiera En 1997 se detectó una estafa de 100 millones de colones (11.5 millones de dólares) de la empresa Crediclub, por la desviación de los fondos captados hacia actividades nunca esclarecidas. La empresa quebró y en julio de 1999 tomó 1,200 millones del BCR (138 millones de dólares) para cubrir el agujero financiero, al 1% anual y a 2 años plazo. En septiembre de 2001, el Juzgado 6o. de Instrucción de San Salvador liberó de responsabilidad penal a 18 personas acusadas de estafa y defraudación a la economía pública. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Sala de lo Penal, reiteró el fallo de dos tribunales a favor de los procesados. El plazo de 2 años para pagar el préstamo del BCR expiró en el 2001, pero el BCR no ha recuperado plenamente el dinero público. 1.9 Fraude a la economía pública por parte de dos instituciones financieras El 3 de julio de 1997, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) intervino las sociedades financiera FINSEPRO e INSEPRO. La Fiscalía General de la República determinó que el señor Roberto Mathies Hill y otros miembros de las Juntas Directivas de dichas instituciones habían cometido el delito de defraudación de la economía pública, por un monto que podía llegar a 500 millones de colones (57.5 millones de dólares). El fraude consistió en que FINSEPRO, institución autorizada por la SSF, remitía a sus clientes hacia las instalaciones de INSEPRO, no autorizada por la SSF, la cual les prometía intereses más altos y seguridad en sus ahorros. INSEPRO captaba depósitos ilegalmente y daba a cambio cheques pagaderos en otros bancos, muchos de los cuales carecían de respaldo. El monto final del fraude fue estimando en 1,268 millones de colones. El estado asumió el pago de 700 millones a los ahorrantes (80.5 millones de dólares). El señor Hill tuvo varios años preso. Luego fue absuelto, pero el Estado no recuperó el dinero. 1.10 Malversación de recursos de una Financiera En enero 1999, los accionistas del Banco de Crédito Inmobiliario (CREDISA), liquidaron la institución tras comprobar pérdidas por más de 72 millones de dólares. CREDISA fue adquirida por varios bancos privados. Pero como estaba quebrada, el BCR le inyecto 1,239 millones de colones (142.5 millones de dólares), mediante una línea de crédito con un interés anual de 1% y por un plazo de pago de 2 años. Hasta junio de 2007 se había cancelado el 18.9% del capital adeudado, a pesar de que el plazo de pago expiró hace seis años. 1.11 Licitaciones amañadas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) En los años 1998.-2001, el Ministerio de Obras Públicas realizó adjudicaciones de obras de forma amañada y aumentó los costos de construcción en un 70.8%, en las Carretera Litoral, de Pto. La Libertad hacia Acajutla, la Carretera El portezuelo-Atiquizaya-Las Chinamas-El Jobo y el Puente Cuscatlán. El monto adjudicado fue de 332 millones de colones (38 millones de dólares). Ninguna autoridad fue investigada ni sancionada por el hecho. 1.12 Malversación de recursos en el Ministerio de Hacienda En 1999, la Secretaría Técnica de Financiamiento (SETEFE), adscrita al Ministerio de Hacienda, desvió 10 millones de colones (1.1 millones de dólares), que eran parte de un paquete de ayuda destinada a los afectados por la tormenta “Mitch” y que le fueron entregados a la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS), integrada por ex patrulleros que sirvieron a la Fuerza Armada durante el conflicto armado. El desvío de fondos se hizo con la autorización del ex presidente Armando Calderón Sol, en plena campaña electoral y, según revelaron miembros de APROAS, con la petición expresa a los ex patrulleros de apoyar al candidato presidencial del partido ARENA en la elecciones de 1999, señor Francisco Flores. La UCA señaló que “a partir de las revelaciones que varios de los implicados han hecho a los medios de comunicación, una cosa puede darse por cierta: importantes figuras de ARENA hicieron una negociación política con los ex patrulleros, a sabiendas de que eran tales, para lo cual, a cambio de apoyo electoral, utilizaron recursos que no eran del partido. Y es que, independientemente de si se trataba de fondos propios del Estado o de fondos provenientes de la cooperación internacional, el punto es que esos recursos no eran patrimonio de ARENA, por lo cual no podían ser usados para comprar apoyo electoral.” El caso quedó en la impunidad, pues nadie fue investigado ni sancionado. El dinero quedó encubierto como gasto de la partida secreta de la Presidencia. 1.13 Fraude a la economía pública por parte de ONG y de institución pública En 1999, la ONG progubernamental, PROCADES, desvió 40 millones de colones (4.6 millones de dólares) que una ONG sueca llamada Rada Barnen había aportado para un proyecto de viviendas para familias pobres. El desvío de fondos se hizo con la complicidad de las autoridades del Fondo Nacional para Vivienda Popular (FONAVIPO), que es una institución pública.12 El dinero se perdió y nadie fue capturado ni juzgado. 1.14 Tráfico de influencias y conflictos de intereses en el Ministerio de Economía En el año 2000, el Ministerio de Economía permitió la importación, libre de aranceles, de desperdicios de pilas y otros insumos para la fabricación de baterías. La decisión la tomó el Ministro Miguel Lacayo, Presidente de la empresa “Baterías de El Salvador”, la única que fabricaba baterías en el país.13 El valor de las importaciones fue de 350 millones de colones (40.2 millones de dólares). Tal medida se aprobó sin el aval de la Asamblea Legislativa, que es el Órgano del Estado encargado de “decretar impuestos”.14 Tal medida, declarada inconstitucional por La Corte Suprema de Justicia, le ocasionó pérdidas de ingresos al fisco. 1.15 Robo de abono donado por el gobierno de Japón En el año 2001, los medios de prensa informaron que se habían perdido 11,000 quintales de fertilizantes donados por el gobierno de Japón para los damnificados de los terremotos de ese año. La auditoria Interna del BFA determinó el hecho. El embajador japonés en El Salvador, Saburo Yuzawa, lamentó el robo e instó a la Policía y a la Fiscalía a que identificaran a los responsables. La Fiscalía determinó que el 23% de la donación había sido trasladada a las bodegas de la Unión de Importadores de Fertilizantes (UNIFERSA), de capital privado y en la que participan accionistas como el ex presidente Alfredo Cristiani y el ex ministro de Hacienda, Ricardo Montenegro. Sin embargo, el hecho quedó impune. 1.16 Irregularidades en contrato de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con la empresa Nejapa Power En el año 2000, el Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, señaló que las condiciones del contrato suscrito por la empresa estatal, CEL, con la empresa de capital estadounidense, Nejapa Power, colocaban al Estado en una situación desventajosa, pues para CEL implicaba un costo adicional de 215 millones de colones (24.7 millones de dólares) anuales por un período de 15 años, que era el plazo estipulado en el contrato. Funcionarios de CEL también dijeron que la venta de las generadoras térmicas de electricidad se hizo en condiciones ventajosas para los compradores, al extremo de que la CEL debe pagar hasta por la energía no producida en las plantas de generación térmica privatizadas.16 Los gobiernos no hicieron caso de esas denuncias. 1.17 Fraude a la economía pública en la Asociación nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) En el año 2003 se conoció que el presidente de ANDA, Carlos Perla, y otros funcionarios de esa institución, estaban involucrados en un desfalco de 875 millones de colones (100 millones de dólares), por manipulación en las licitaciones y contratos de la empresa autónoma. Perla huyó hacia Francia, donde fue capturado y devuelto a El Salvador. Actualmente enfrenta un proceso judicial. 1.18 Fraude a la economía pública y lavado de dinero por parte de empresa financiera El 19 de julio de 2004 se conoció el fraude cometido por los Inversionistas de Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), con un monto de 6.3 millones de dólares. La empresa realizó una captación ilegal de fondos y cometió irregularidades en el manejo y administración de las inversiones.18 Un total de 400 personas fueron estafadas. Uno de los socios fundadores de la empresa es Mauricio Sandoval, ex Director de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Francisco Flores. Hasta la fecha el caso se mantiene estancado en el juzgado Séptimo de Instrucción, debido a la fuga de los dos principales implicados.
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 21:50:05 +0000