DESISTIMIENTO EN LA ACCION DE LESIVIDAD EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO CON EL BANCO NACION. EN LA SESION DE HOY DEL H.C.D., RETTORE VOTÓ POR LA NEGATIVA Y FUNDAMENTÓ SU POSICIÓN La gestión municipal peronista 2003-2007 celebró un contrato con el Banco Nación, por el cual se realizarían obras en la ciudad de Paraná por un monto de $ 16.000.000 y el Fideicomiso del Banco Nación, una vez concretadas, debía hacer el desembolso para pagarlas; mientras que la Municipalidad cedía en propiedad al Fideicomiso, las contribuciones por mejoras de las obras a ejecutar y otros fondos provenientes de la coparticipación de Impuestos nacionales y provinciales, y de la recaudación de la tasa general inmobiliaria, que ascendían a $ 5.000.000 ( $ 3.600.000 por coparticipación y $ 1.400.000 por recaudación de la tasa general). Entre otras cosas, se estableció que la Municipalidad de Paraná, como organizador del proyecto, contratara un Gerente de Proyecto, distinto de las partes, designación que recayó en la firma “FOR S.R.L.”, cuyo Presidente era el Contador Sebastián Faure quien percibiera los importes por esa tarea y que luego la Municipalidad denunciara judicialmente por Fraude a la Administración Pública, causa de la cual fue sobreseído. Quien por ese entonces era la Contadora General de la Municipalidad, María Inés Deharbe, oportunamente realizó varias observaciones al contrato, pero estas observaciones fueron desechadas por el entonces Fiscal Municipal de esa gestión, quien por Ordenanza 8434 tenía la función de control de legalidad de los actos de gobierno, y dictaminó que el contrato con el Banco Nación estaba correcto. Iniciada la operación, comenzaron las distintas interpretaciones sobre si el Fideicomiso debía mandar el dinero para luego pagar las obras, o si por el contrario, el Fideicomiso le reembolsaba el dinero a la municipalidad, luego que esta pagara a las empresas. Esto quedó definido posteriormente entre ambos, ya que la mecánica que se adoptó fue que los Auditores del Fideicomiso certificaban la obra realizada, constataban que la municipalidad las había pagado, y posteriormente giraban el dinero en forma de reembolso; mientras que la Municipalidad de Paraná debía girar posteriormente al banco los dineros que se les cobraba a los frentistas como Contribución por Mejoras por dichas obras, juntamente con el resto de los ingresos que había cedido en propiedad al Fideicomiso. Debo destacar que, el por entonces Bloque de Concejales de la U.C.R. votó unánimemente en contra de la autorización para este Fideicomiso, en virtud que en el listado de obras que iban a ser realizadas mediante esta operación, algunas ya estaban ejecutadas; como también porque otra condición para esto, era que el Banco Nación debía convertirse en el único Agente Financiero del municipio, ya que hasta entonces era el Banco de Entre Ríos, y por supuesto porque el radicalismo estaba en contra de ceder en propiedad la contribución por mejoras de los vecinos, como tampoco los montos coparticipables ni la recaudación de la Tasa General Inmobiliaria. Y la cuarta causa del voto negativo del radicalismo fue el hecho de haberse anoticiado por los mismos funcionarios del Banco Nación, en una entrevista previa que tuvieron con ellos, que los dineros que se iban a utilizar para esta operatoria no eran capitales del Banco, sino que eran inversores privados que compraban al Banco Nación un bono llamado “Fideicomiso Ciudad de Paraná”. Luego del cambio de gestión en diciembre del año 2007, cuando el país estaba convulsionado por el escandaloso “Caso Skanska”, la nueva administración peronista tomó la decisión de desaprobar lo actuado por la gestión anterior y revocar el contrato con el Fideicomiso Banco Nación por haber sido dañoso para las arcas municipales, lo que se materializó en la Ordenanza 8735, la cual tampoco fue votada por el Bloque de la U.C.R., ya que en su art. 2do. reconocía deudas del municipio y se comprometía a su pago. A partir de esta decisión, la nueva gestión denunció judicialmente a la administración justicialista anterior por los daños económicos al municipio, lo que prescribió en la Justicia y solo continuó su trámite el expediente caratulado “FAURE SEBASTIAN MIGUEL / DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA”, Expediente N° 39482, que se tramitaba en el Juzgado de Instrucción N°1, de esta ciudad. Otro efecto interno que tuvo este caso, fue que la nueva administración peronista del año 2008, aduciendo mal desempeño, dictó el Decreto N° 647/08 y removió del cargo de Contadora General Municipal María Inés Deharbe, quien desempeñaba ese cargo con todas las garantías legales, ajustada a derecho y con acuerdo del Cuerpo Deliberativo, y lo hizo sin la instrucción de un sumario previo y sin la intervención del HCD. El desistimiento que hoy estamos tratando, es solo de la acción civil por lesividad contra Faure, por la suma de $ 88.760,57, ya que en la causa penal el Juez determinó que el servicio del Sr. Faure se había prestado correctamente de acuerdo a lo convenido por las partes y por lo tanto la Municipalidad de Paraná se quedó sin argumento en el proceso contencioso administrativo, ya que el Juez afirmó que los fondos fueron legítimamente abonados a Faure, y si se continúa con esta causa el estado municipalidad, no solo no cobrará la suma que se le reclama a Faure, sino que también terminará pagando todas las costas y honorarios profesionales de todos los peritos actuantes en la causa. En síntesis, estamos en la urgencia de desistir de acciones judiciales iniciadas en nombre de la Municipalidad de Paraná por un gobierno justicialista; contra actos de gobierno de otro gobierno peronista que, según ellos mismos y como consta en toda la documentación a la que hemos tenido acceso, fueron lesivos para las arcas municipales en varios millones de pesos. Dos causas penales que, una cayó por prescripción debido al tiempo transcurrido sin la producción de pruebas y la restante tiene una sentencia contraria a la municipalidad que es justamente la que impone el apuro de esta administración para desistir en la causa civil que también había iniciado, ya que si se prosigue acarrearía una mayor erogación económica que el monto de $88.760,57 que pretende resarcirse. Definitivamente, una irresponsabilidad tras otra en el manejo de la cosa pública municipal, que no solo evidencia la ligereza como se manejan los dineros públicos y las demandas judiciales del municipio; sino que también nos muestran el oscurantismo que tienen los pasivos ocultos de la municipalidad; ya que esto solo sale a la luz, debido a la necesidad del DEM de contar con la autorización de este Concejo Deliberante para desistir de la acción judicial; pero este Cuerpo y el resto de nuestros vecinos desconocen la cantidad de juicios en los cuales el municipio es actor o demandado, y por los cuales siempre, o casi siempre, deben pagarse sumas siderales por las pérdidas de los mismos y por honorarios de profesiones y peritos; todo lo cual debería informarse al HCD en oportunidad de remitir los presupuestos anuales para su aprobación e informarlo públicamente a toda la población. Párrafo aparte debe tener la decisión del gobierno peronista que en el año 2008 desplazó, sin información sumaria y sin intervención del HCD, a la entonces Contadora General de la Municipalidad María Inés Deharbe, quien había realizado observaciones al contrato que se firmó por ese entonces y comunicado al Tribunal de Cuentas de la Provincia, como corresponde, lo que fue desestimado por el mismo fiscal municipal de esa época, quien dictaminó la legalidad del mismo. Por todo lo expuesto, y siendo coherente con la posición que, en todas las etapas de este caso, los Concejales de mi partido han mantenido; ya que en su momento advirtieron estas situaciones, votaron en contra las dos ordenanzas y, lamentablemente, el tiempo les ha dado la razón; adelanto mi voto negativo para dejar sin efecto la Ordenanza 8735 y autorizar el desistimiento de la acción judicial por lesividad, a que hacemos referencia
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 20:47:57 +0000
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