"Dinero - Chorizos de Silencio" El mediático de Costa Rica tienen frecuencias Vitalicias y no pagan sin centavo. Este acuerdo con el de facto presidente de Costa Rica - Oscar Arias, Johnny Araya, el PLN, los financieros y los transnacionales llega en un activo simple y valioso para la prensa. A cambio de la transmisión de información falsa, mentiras, encubrimiento de extorcion, el chantaje, las palizas, los abusos de derechos humanos, violaciónes de la Constitución de Costa Rica por el gobierno, el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, el PLN - Policia Presidencial - la DIS de Oscar Arias, Johnny Araya, Rodrigo Arias, Luis Monge, Grupo Sama y los bancos... que ellos no pagan sin centavo por su millonaria porción explotación El dinero se ha comprado el silencio de la prensa, en detrimento de la democracia. ¿SABÍA USTED QUE TELETICA Y REPRETEL NO PAGAN NI UN DÓLAR AL ESTADO POR EL USO DE SUS FRECUENCIAS Y QUE RECIBEN MÁS DE $60 MILLONES DE DÓLARES ANUALES EN GANANCIAS, SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN DE LA UCR? Opinión El insólito regalo de frecuencias de radio y televisión al sector privado Las televisoras de Costa Rica tienen frecuencias vitalicias y no pagan un centavo por su millonaria explotación. Los pobres si pagamos impuestos por todo. El insólito regalo de frecuencias de radio y televisión al sector privado vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=490&Itemid=112 MSc. Enrique Villalobos Quirós Costa Rica se ha destacado en el ámbito internacional porque sus gobernantes tomaron decisiones trascendentales, tales como la abolición de la pena de muerte en 1870 o la abolición del ejército en 1949. Otra de estas decisiones, sólo que funesta para la Nación, ha sido la entrega de las frecuencias de radio y televisión al sector privado, prácticamente de un modo vitalicio. Eso jamás se ha hecho en una nación desarrollada, como Estados Unidos de América o Inglaterra. Si las dos primeras acciones tuvieron un efecto beneficioso para la sociedad, por el respeto a la vida y la voluntad de utilizar los dineros públicos de una mejor manera, lejos del derroche inútil en rifles y cañones, no ha sido así con esa entrega de las frecuencias, principalmente a un grupo grande de empresarios, a cambio de nada y en perjuicio del derecho a la información, que es un valor colectivo de la sociedad. Este derecho se ve perjudicado por la concentración de medios en pocas manos. Y lo que es más grave, nada impide que grupos poderosos continúen acaparando más frecuencias de radio o de televisión. Esto último es algo que se reguló en Argentina el año pasado, donde se legisló que una persona física o jurídica no puede controlar más de diez frecuencias de radio. Esas frecuencias son un bien escaso y de altísimo valor, son bienes demaniales (bienes del dominio público no se puede vender). Tanto es así que la Constitución Política lo establece en el artículo 121, inciso 14: "No podrán salir definitivamente del dominio del Estado. A)... B)... C) Los servicios inalámbricos. Los bienes mencionados en los apartes a, b y c anteriores sólo podrán ser explotados por la Administración Pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo de las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa" (el subrayado es del autor). Los ciudadanos nos hemos enterado que están a punto de licitarse y adjudicarse las frecuencias necesarias para ofrecer el servicio de telefonía móvil (celulares). Esa adjudicación de las frecuencias será por un tiempo limitado: 25 años máximo que establece la Ley General de Telecomunicaciones de 2008 y a cambio de pagar al Estado millones de dólares por el derecho de explotarlas. Eso es lo correcto y así se estila en todo el mundo. La excepción del correcto aprovechamiento de estos bienes demaniales lo constituye la administración de las frecuencias de radio y televisión por parte del Estado, a lo largo de casi seis décadas. Esta triste historia comenzó a tejerse con la aprobación de la Ley de Radio en 1954. En sus inicios esta Ley sólo contempló las frecuencias de Amplitud Modulada (AM), por las que se paga "hasta 3000 colones anuales". Esta suma nunca ha variado, a pesar de la enorme devaluación del colón. Hay sumas ridículas como el pago de ¢25 colones anuales por el uso de una frecuencia de radioaficionado, que es lo que pagan los taxistas y a cuya sombra se hacen negocios millonarios. En el editorial de La Nación (17 junio de 2010) sobre el negocio de los porteadores se lee: "Entendemos que los dirigentes del negocio reciben en concesión una frecuencia -estatal- de radio, por una suma irrisoria, que irradia su servicio de comunicación a todos los porteadores y por la cual cada uno de ellos paga una suma determinada significativa. Basta saber multiplicar para obtener un resultado concreto y revelador". Tiempo después irrumpieron en el dial las frecuencias de Frecuencia Modulada (FM), que son las frecuencias que abrumadoramente escucha la población. Resulta que como estas no se contemplaron en la ley inicial, entonces los empresarios no pagan nada por su explotación y para caerse de espaldas está el hecho de que la televisión comercial comenzó en 1960 y al igual que con las frecuencias de FM, los empresarios de la televisión tampoco pagan nada por su usufructo. De todos es sabido que Canal 7 y Repretel reciben anualmente más de $60 millones de dólares por ingresos de la publicidad y pensar que el Estado no percibe ni 1$ por esos bienes dados en concesión. Adjudicación de frecuencias Actualmente no hay frecuencias disponibles, ni de radio ni de televisión, incluyendo a las televisoras que utilizan la frecuencia ultra alta (UHF, por su sigla en inglés), del 14 al 88. Esas frecuencias fueron adjudicadas a un puñado de empresarios, fundamentalmente, por razones de amiguismo o clientelismo político, por parte del Poder Ejecutivo. Nunca medió un proceso licitatorio, como debió ser con un bien del Estado. La excepción la constituyen las emisoras culturales que administra el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica (ICER), a las que el Estado les concedió una frecuencia por la beneficiosa labor que ejecutan a favor de la educación y la cultura, al igual que con las que administran las universidades públicas y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), por idénticas razones. Siendo un bien escaso y de tanto valor comercial, uno no se explica cómo el Estado no ha recuperado, por ejemplo, los canales 2 y 9, que actualmente no transmiten sino unas pocas horas y sirven de repetidoras de otros canales. En otras palabras, no se están utilizando como corresponde por parte de los concesionarios. Entiendo que también Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) podría recuperar algunas frecuencias de radio que no se están explotando como corresponde. Mientras los concesionarios las mantienen para hacer negocios millonarios con la plusvalía, como sucede con la venta de las patentes de licores y los lotes en las playas. Los empresarios ven las frecuencias como un bien patrimonial, no algo que pertenezca al Estado. Recuerdo lo que decía un empresario cartaginés, cuando se discutía el tema de ponerle un plazo a la explotación de las frecuencias de radio, "Entonces, ¿Qué les voy a dejar de herencia a mis hijos". Una tesis de denuncia A principios de junio se presentó una tesis de maestría en periodismo en la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) de la periodista Aida Faingezicht de Fishman. Tuve el honor de dirigir dicha tesis. La hipótesis principal de dicha investigación es: "Las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica han sido concesionadas por el Gobierno con inobservancia de las disposiciones legales y constitucionales que deberían aplicarse, por lo que su otorgamiento obedece, más bien, a intereses particulares, en donde confluyen el poder económico y el poder político". Más adelante dice doña Aida: "...puede afirmarse que el fenómeno de las telecomunicaciones ha sido pobremente regulado por el Gobierno de Costa Rica. En efecto, se cuenta únicamente con dos leyes en los últimos cincuenta años (Ley de Radio y Ley de Creación del ICE), y el resto de su regulación ha provenido de reglamentos, los cuales siempre han sido volubles a los intereses de los políticos de turno. De hecho, la mejor prueba de ello es que los cánones por el uso de las frecuencias no han sido actualizados desde hace más de 40 años, debido las presiones de los concesionarios, con lo cual se han visto enormemente favorecidos en sus ganancias". "Tampoco ha sido posible establecer ningún tiempo de impuesto que genere beneficios al verdadero dueño del espectro electromagnético (el pueblo de Costa Rica), mientras los concesionarios obtienen ganancias millonarias en rubros como la publicidad, alquileres y traspasos de bienes que, por orden constitucional, tienen carácter demanial". Ley que no regula nada En la Ley General de las Telecomunicaciones de 2008, que se aprobó como parte del paquete de leyes complementarias al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos de América, se entró a regular todo el espectro electromagnético, con excepción de las frecuencias de radio y televisión. En el artículo 29 de esta ley se señala que lo referente a los concesionarios de radio y televisión se regulará por la ley de radio de 1954. Lo triste de esta situación es que esta Ley de Telecomunicaciones derogó trece artículos de la vieja ley de radio y modificó buena parte de los trece restantes. Sólo quedó un cascarón obsoleto de normas, que no regulan nada, pero conservan intactos los privilegios para los concesionarios. El apoyo de los concesionarios de radio y televisión al TLC se pagó con este regalo de las frecuencias. Reglamentos de la vergüenza En el Reglamento de la ley de radio del 2004, derogado por otro más reciente, del 2008, se repite la entrega de las frecuencias a los concesionarios, pero con una novedad: ya no se requiere la renovación anual de las concesiones que establecía la ley original, sino que se renuevan automáticamente cada 20 años. Es decir se les entregan de forma vitalicia. En el actual reglamento del 2008 se repite la increíble granjería de renovar automáticamente las concesiones por 20 años. A pesar de que una de las reglas del derecho sostienen que un reglamento no puede reformar una ley y en el caso concreto, el reglamento varió los plazos de concesión, la Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad en contra de este reglamento, con lo cual la irregular situación jurídica parece estar consolidada. Por supuesto que este es el escenario soñado por cualquier concesionario: no pagar nada por el uso de las frecuencias y tenerlas de por vida, como si fuera un bien patrimonial. Si así están las cosas, es lógico entender que se opondrán con todas sus fuerzas a que se varíe esta prebenda. Se comprende entonces porqué no ha sido posible reformar esa nefasta ley de radio de 1954. Dice doña Aida sobre el reglamento del 2004, que fue sustituido por el del 2008. Pero lo que dijo sobre aquel se mantiene vigente con el actual: "De tal forma, que todos los concesionarios beneficiados con la obsoleta ley y el reglamento de junio de 2004, continuarán con el manejo del agotado espectro de radio y televisión, a su antojo, con las alianzas y concentraciones que deseen, con los absurdos cánones existentes y sin ningún parámetro sancionatorio. Una vez más, en este tema no existió voluntad alguna para corregir lo que, a todas luces es una vergüenza administrativa y una estafa a los costarricenses". ¿Cuándo veremos los costarricenses a un presidente o presidenta y a una asamblea legislativa valientes, que se animen a frenar esta piñata de las frecuencias de radio y televisión, al más puro estilo orteguiano y promulguen una ley que le devuelva el efectivo y justo control al Estado de este importantísimo segmento del espectro electromagnético?
Posted on: Tue, 27 Aug 2013 19:05:33 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015