Editorial del N° 40 Este número de La Marea aparece cuando ya se han realizado las elecciones primarias y se preparan las legislativas de octubre, un período en el que siguen acrecentándose las contradicciones y las falsas premisas del oficialismo que dificultan el acceso al conocimiento de la realidad, aunque millones de argentinos ya han comprobado que no es oro todo lo que reluce. Así, mientras en las espectaculares conmemoraciones oficiales de los bicentenarios y en su revisión de nuestro pasado histórico el gobierno kirchnerista alude a los pueblos originarios, permite que continúe el despojo y los crímenes contra esos pueblos en las provincias gobernadas por su aliados, desconoce sus necesidades reales, desoye sus reclamos y no hace nada por favorecer el desarrollo de sus culturas y lenguas. Una política sistemática de abandono y desprecio que fue reafirmada por la presidenta Cristina Fernández en su discurso poselectoral al ironizar sobre las pasadas protestas de la comunidad qom en la Avenida 9 de Julio y afirmar que los candidatos K triunfaron en los distritos habitados por esa comunidad, afirmación desmentida luego por el cacique Félix Díaz. Con la misma discrepancia entre el discurso y los hechos, después de los resonantes anuncios de la nacionalización de YPF el gobierno entregó la explotación del yacimiento Vaca Muerta a la petrolera yanqui Chevron en condiciones infamantes para la soberanía argentina, y ambientalmente peligrosas como se demostró en Ecuador. También la pregonada defensa de los derechos humanos se da de bruces con la promulgación de la Ley Antiterrorista para reprimir reclamos sociales, con el Proyecto X de espionaje a luchadores populares, con el sostén a sindicalistas que integraron los servicios de inteligencia de la dictadura, con la protección a los responsables de la Masacre de Once, con el ascenso del represor César Milani, con las trabas a la agilización de miles de juicios por crímenes dictatoriales aún pendientes... En el ámbito de la cultura la lucha popular por espacios públicos gratuitos, por subsidios estatales, por leyes que garanticen la producción cultural de los sectores populares, también se enfrentan a mecanismos que privilegian contratos estatales que encubren negocios privados, sin participación ni decisión de los verdaderos protagonistas, productores y organizadores de la cultura, favoreciendo (al igual que el gobierno la ciudad de Buenos Aires) la cultura del “show business” impuesta por las grandes empresas de entretenimientos. De esta manera, se firman contratos millonarios con algunos artistas elegidos con criterios políticos sectoriales, mientras se reduce el presupuesto para iniciativas culturales regionales, barriales y otras no encuadradas en los parámetros oficiales, que pese a todo continúan produciendo y expresando una cultura nacional y popular. En educación y salud, los trabajadores y profesionales luchan contra el trabajo en negro, contra el cierre de las negociaciones paritarias y por mejoras de condiciones en escuelas y hospitales, así como contra el cierre de aulas mientras paradójicamente los índices indican un mayor presupuesto. Sin duda, la lucha por el rumbo de nuestro país se expresa en estas contradicciones. Tal vez porque después de la crisis de 2001 las clases populares repudiaron la entrega del patrimonio nacional, las privatizaciones, los ajustes, y fueron la garantía de la democratización, en procura de un giro real y profundo de las políticas estatales. Contrariamente, se siguen sosteniendo esquemas “tradicionales” por los cuales aquellos que se vinculan al poder estatal se enriquecen mientras el “ajuste” económico se descarga sobre el pueblo. En torno a estos temas (debates de nuestra historia, situación de los pueblos originarios, cuestiones del ámbito educativo, de la salud, de los derechos humanos, de la lucha y la cultura popular) ordenamos las páginas de este número.
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 20:44:25 +0000
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