Estos son mis principios. Y si no le gustan, tengo otros”, dijo Groucho Marx, y hoy son varios los detractores de la promoción y diversificación de la industria cultural que podrían repetirla. Pretendiendo ecuanimidad, en su programa Periodismo para todos del 30 de junio pasado, el periodista Jorge Lanata criticó que el Estado apoye el financiamiento de diversas producciones audiovisuales que, según él, no superarían los trescientos mil espectadores. ¿Por qué el enojo de Lanata? Tal vez, el último balance del Grupo Clarín brinde alguna pista. Fechado en diciembre del año pasado, entre sus páginas se establece que la empresa Artear –productora integral de contenidos del Grupo Clarín– manifiesta una rotunda caída en sus ingresos entre el año 2011 y 2012. Los números son lapidarios. Entre un año y otro, la caída en las ganancias fue del 65 por ciento: pasó de 105.998.066 pesos en 2011 a 38.117.959 al año siguiente. El mismo informe detalla que los dos canales con mayor audiencia y facturación –Telefé y Canal 13– se llevan el 70 por ciento de la pauta publicitaria y que los salarios representan el 80 por ciento de los costos de la compañía. Estas “pérdidas” y aumentos en costos en muchos aspectos se explican con restituciones históricas de los derechos laborales, como el cumplimiento efectivo del derecho de propiedad intelectual, confirmado con la creación de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (Sagai) en 2006. “Cuando en España cierran cines y teatros, aquí se habla, como nunca, de recuperar la industria en la realización de producciones propias, con una idea federal y con la intención de lograr producciones que lleguen a ser tan competitivas como las que fueron históricamente beneficiadas por la distribución de Capital”, dispara Darío Grandinetti que, junto a Cristina Banegas, ganó en 2012 un Emmy Internacional por primera vez para la industria nacional, por su participación en Televisión por la Inclusión, financiada por el Estado nacional. Al análisis se suma el actor Luis Machín, que escribió una carta abierta para responder las acusaciones del programa de Canal 13: “Hay una decisión política del Estado de amparar la cultura, y en ella las artes en sus distintas manifestaciones: cinematográfica, teatral y televisiva. Y ha dado la posibilidad de que el interior tenga un comienzo de desarrollo industrial que desde el advenimiento de la democracia en el ’83 nunca había sido tan fuerte y poderoso. Sobre todo las miniseries de la televisión federal y todas las posibilidades que existen a partir del instituto de cine. La mayoría de los actores apoyamos estas decisiones porque aportan muchísimo al desarrollo regional y a la producción industrial”. En la actualidad se producen en todo el país unas 150 películas al año. Hasta hace ocho años había 300 productoras inscriptas en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), una cifra que, desde la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), la creación de la Televisión Digital Abierta y otros programas de fomento a la actividad, aumentó a 2.000. “Con la ley, las productoras reciben otro tipo de ayuda. Por eso, no sólo es alentador el aumento de empresas inscriptas, sino el hecho de que se abran nuevas productoras en provincias que antes no soñaban con producir”, señala Víctor Laplace, que este año estrenó Puerta de Hierro. “Estas son claras políticas de inclusión, de igualdad de oportunidades y de recuperación de derechos, porque a partir de la LSCA también vemos el fomento de la producción televisiva que hasta hace unos años estaba sólo en unas pocas manos”, explica Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores (AAA). Además, para fomentar la creación federal, el Incaa otorga anualmente premios por región que implican que los realizadores de cada zona compitan entre sí. A esto se sumó, hace cuatro años, Ventana Sur, una suerte de mercado latinoamericano donde los productores muestran, compran y venden sus producciones, con un promedio de 450 películas de la región. De estas, 150 son argentinas; sigue Brasil con 85; México con 70; Colombia y Chile, que presentaron algo más de 45 películas cada uno. “Y el cine argentino es reconocido porque ha generado, ha creado un lenguaje reconocible en el mundo”, explica Liliana Mazure, presidenta del Incaa. “Hay un gran avance con respecto a la cantidad de películas que se han hecho, entre documentales, ficciones y cortos. El gran problema a subsanar es la distribución. Apoyo fuertemente todas las medidas que se llevaron adelante, contraponiendo todo lo que dijo el periodista Jorge Lanata –pelea Juan Palomino–. A partir del nacimiento de Sagai, gracias al derecho de imagen que firmó Néstor Kirchner en un decreto de ley, los actores hemos sido más protagonistas, en el sentido de formar parte de una mirada de construcción de la cultura, y eso es invalorable. Con Actores estuvimos sentados en la mesa con el presidente. Lo que está pasando en la cultura no tiene que ver con conveniencias sino con convicciones, los actores nunca estuvimos tan presentes y expresando lo que sentimos”. Pero (una parte de) la TV ataca, y aquí no se trata de discutir las posibles denuncias por manejo discrecional de los fondos públicos, que como siempre debe ser investigado y condenado. ¿Por qué lo hace? Un antecedente a la reacción de Lanata está en las declaraciones hechas en 2010 por el productor Adrián Suar, hoy su jefe. El dueño de la productora Pol-ka y responsable de la programación de El Trece dijo: “Creo que el país debería tener ocho o diez películas industriales por año y reducir un poco la cuota dedicada a producciones puramente artísticas o experimentales”. Su reclamo se completaba diciendo que el Incaa debía bajar la cantidad de producciones un 30 por ciento. La respuesta no tardó en llegar. Mazure le recordó: “Lo nuestro es una decisión política”. En pocas palabras, patear el tablero es cambiar las reglas y eso afecta intereses económicos de los sectores que se quejan. Cuando se la acusó, en marzo pasado, de haber firmado un contrato millonario con la TV Pública para producir su telenovela, Andrea del Boca escribió una carta abierta en la que, además de desmentir la información, se preguntaba por qué “a nadie le pareció raro que producciones televisivas de Sebastián Ortega, Estevanez o la misma Pol-ka cuenten con este apoyo para sus películas pero sí les ha parecido en mi caso. Sin embargo, los fondos siempre salen del mismo lado. Del Estado nacional. El nivel de desinformación, descalificación e insulto que algunos tienen hacia mi persona no me da lugar a pensar otra cosa: se trata de una persecución política”. Quien salió a criticar abiertamente el informe de Lanata fue su compañera de canal, Natalia Oreiro. “Los subsidios han dado trabajo a la industria, a actores, productores y directores. No estoy de acuerdo con la denuncia de Lanata, no mido el éxito de un producto por el rating o la cantidad de espectadores. Hacerlo es un error”, dijo. En la misma sintonía, un grupo de actores publicó una solicitada encabezada por las firmas de Pablo Echarri, Alfredo Alcón, Mercedes Morán y Cecilia Roth, en la que repudiaron el informe de PPT. “Todo el país está produciendo y generando la industria audiovisual más poderosa de Latinoamérica”. Para Bernarda Llorente, ex directora artística de Telefé, “la Ley de Medios fue una muestra del interés que manifestó este gobierno, abriendo el juego a jóvenes que antes no podían acceder a poner sus contenidos por un cuello de botella, los medios existentes tienen una lógica exclusivamente comercial. El Estado hoy plantea otra lógica para que se amplíen los contenidos y las posibilidades”. Llorente dejó el canal abierto para fundar junto a Claudio Villarruel la productora OnTV, que suele llevar sus productos emitidos en las pantallas argentinas a ferias internacionales de televisión como la que se realiza en Cannes. Allí también las grandes productoras locales ven amenazada su porción del negocio por los nuevos emprendimientos y los que impulsa el Incaa. “Hay una decisión política del Estado para avanzar en la producción, un avance enorme en las leyes y ya queremos que la Ley de Medios se imponga como debe ser. Es la ley que está faltando por la contra de un monopolio”, agrega Machín, y enumera las victorias que Actores y Sagai consiguieron en estos años: “Se empezaron a discutir paritarias, algo impensado hace unos años: hay un movimiento muy importante en relación a las escalas de las distintas categorías que existen industrialmente hablando y el sindicato está muy fuerte en las discusiones de los escalafones. Los actores estamos amparados y las posibilidades de trabajo se incrementaron muchísimo. Antes no había una decisión nacional de política cultural que mirara más allá de Buenos Aires”. Pero esta apertura también genera molestias. “El problema está en la torta publicitaria que no crece a la misma velocidad y la televisión se ve en la encrucijada de hacerse más atractiva con esta competencia ampliada y al mismo tiempo menos recursos”, afirma Llorente. Los números dicen que en diez años se han generado 2.000 empresas productoras de cine y televisión, un 40 por ciento distribuidas en provincias de todo el país; y 150 largometrajes, 50 cortometrajes y 2.000 horas de producción anuales para televisión, lo cual le significó a la industria unos 100 mil puestos de trabajo al año, es decir, productores, directores, actores y técnicos realizando productos de cine y televisión que han cosechado 290 premios internacionales en los últimos cuatro años. “Con el anuncio de la creación de un Polo Audiovisual, los actores y la industria recibimos otra gran noticia. Yo filmo en Buenos Aires o en las provincias. Esa posibilidad es un hecho concreto desde hace algunos años”, suma Esther Goris al debate. Otro de los rubros alcanzados por la política cultural es el teatro, que en estos años experimentó un crecimiento exponencial. “La Argentina en general y Buenos Aires en particular lograron ocupar el tercer lugar en el mundo, compartiendo espacio con Londres y Nueva York. El nuestro es el primer país que tiene más espacios escénicos que cines, y ostenta el primer lugar en cuanto a teatro independiente”, detalla Carlos Rottemberg, presidente de la asociación que agrupa a los empresarios teatrales. “Si la Argentina logró esos lugares en materia teatral es porque también están dadas las condiciones. El mejor ejemplo en estas horas es España: se paralizó la actividad teatral por subir el IVA al 21 por ciento al teatro, y ahora hacen marcha atrás. Aquí eso no ocurre”, agrega. También en materia teatral se establecerá equiparar a traductores y adaptadores argentinos con montos similares a los derechos de las obras extranjeras que tuviesen a su cargo. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, procedió también a la entrega de las certificaciones que permitirán la digitalización de numerosas salas en el país en los próximos meses. Esta semana, en la reinauguración del histórico cine Gaumont –que tiene una concurrencia anual que ronda el millón de espectadores–, la Presidenta destacó la “recuperación de la industria, como nunca, en la realización de producciones de manera tan federal”. En ese acto, además, se anunció la digitalización de todas las salas del Espacio Incaa y la reglamentación de la vieja ley del doblaje, sancionada en 1988 pero sin cumplimiento efectivo hasta ahora, que establece la obligación de doblaje nacional de todas las series. “Nunca hubo el nivel de inversión que estamos viendo”, afirma Darín. En clave irónica, Groucho apelaba a perder la memoria. Con su denuncia, Lanata parece haber hecho lo propio, ya que según los registros del Incaa, Deuda, la película de Patagonik Film que el periodista estrenó en 2004, reunió un total de 39.207 espectadores –muy por debajo de la media que él mismo señala–, de los cuales el 15 por ciento la vio en el Gaumont. Además, recibió subsidios del Estado por 394.267,51 pesos.
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 18:44:49 +0000
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