GUAYAQUIL – ECUADOR – AMÉRICA DEL SUR AL MUNDO. 15 NUEVAS OFICINAS SERÁN CREADAS PARA DIFERENTES PROVINCIAS: Modelo de unidades de flagrancia será replicado Baldemar Alava Alava ------ Ecuador Política Nacional El Telégrafo.- Los plazos de respuesta a los casos ingresados se han reducido significativamente. El promedio de tiempo para la obtención de una sentencia bajó de 191 días a 47. Hay casos resueltos en menos de 10 días Luego de un año de iniciado el modelo jurídico de gestión que se utiliza en las unidades de flagrancia, la labor desempeñada en estos centros judiciales ha significado un mejoramiento en los niveles de coordinación, organización y comportamiento de los diferentes actores inmiscuidos en el proceso penal, lo cual ha permitido conseguir un promedio de 45 sentencias mensuales en Guayaquil y 53 en Quito. La primera unidad comenzó a operar en la capital el 29 de octubre de 2012 con 6 jueces, posteriormente se añadió un tribunal penal, encargado de tramitar todos los casos de delitos flagrantes, para lo cual se implementó un horario de atención ininterrumpido las 24 horas del día, los siete días de la semana. “Con las unidades hemos triplicado la capacidad de resolución”, señaló Fabrizio Zavala, coordinador estratégico de Cooperación Interinstitucional del Consejo de la Judicatura. El funcionario se refirió a que anteriormente los tiempos no respondían a las necesidades de las víctimas que ingresaban en el proceso y se extendía de manera indefinida. “Antes el tiempo aproximado de resolución era de 191 días, ahora se ha reducido a 47, somos 5 veces más rápidos en dar soluciones efectivas a las personas afectadas por problemas de flagrancia”. A las unidades de Quito y Guayaquil llegan todos los casos de delitos cometidos en el instante en que suceden o en las 24 horas posteriores al cometimiento del hecho. La Policía se ha articulado exitosamente a este sistema, lo cual también incide en una respuesta inmediata en la lucha contra la delincuencia. “Vamos a poner énfasis en el soporte a la víctima, otorgándole un adecuado resguardo y dándole seguimiento al problema que trae a la unidad”, aseguró el coordinador. 15 nuevas unidades de flagrancia en el país Debido a estos resultados los representantes del sector justicia resolvieron replicar este modelo a escala nacional. Para alcanzar este objetivo, el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, informó que en diciembre de este año se iniciará la construcción de 15 unidades de flagrancia en Quito, Guayaquil, Durán, El Empalme, Santo Domingo, Machala, Portoviejo, Manta, Esmeraldas, Quevedo, Babahoyo, Nueva Loja y Tulcán. El director de Modernización del Consejo de la Judicatura, Tomás Alvear, explicó que se construirán tres tipos de unidades de flagrancia: A, B y C. El primero tendrá 173 funcionarios, 12 jueces, 2 tribunales, 10 fiscales y 6 defensores públicos; el segundo, 115 funcionarios, 6 jueces, 1 tribunal, 5 fiscales y 3 defensores. Finalmente, el tercero, 65 funcionarios, 3 jueces, 2 fiscales y 1 defensor. “Esto nos permitirá atender casi el 70% de la demanda penal que tiene el sistema judicial”. Parte de esta nueva gestión es el dimensionamiento del servicio en función de la demanda y conflictividad de los territorios. Con la identificación de la cantidad de causas ingresadas se determinó el número de jueces necesarios. Por ejemplo, en Quito, se aumentará a ocho jueces de garantías penales y dos tribunales, en una unidad tipo A y dos de tipo B con 4 jueces, más un tribunal penal cada una. En total, para finales de este año, se espera contar con 16 jueces y 4 tribunales. Guayaquil también necesita 16 jueces de garantías penales y cuatro tribunales. Al momento tiene 7 jueces y un tribunal; el Consejo de la Judicatura espera cubrir la brecha hasta principios del siguiente año. Jalkh indicó que el tipo de Unidad de Flagrancia se estableció en función de la población. “Estos son los resultados que esperaban de un sistema efectivo y garantista de los derechos”. El nuevo COIP impulsa también cambios tecnológicos en las unidades judiciales En la parte operativa, el nuevo Código Penal dice expresamente que las audiencias no deben ser transcritas. En opinión del presidente de la Judicatura, hay una práctica vieja de transcribir todo lo que se dice en las diligencias, lo cual es una pérdida de tiempo y recursos. Con la reforma legal se dotará a las unidades operativas de los medios tecnológicos necesarios para tener grabadas las audiencias, con lo que se afianzará la oralidad en los procesos judiciales que impulsa la reforma al código. “Si alguien quiere una certificación de todo lo dicho se le entrega un soporte de audio”, indicó Jalkh. Esta práctica de la oralidad en las audiencias ya se realiza en las unidades de flagrancia, lo que ha permitido avanzar en los procesos judiciales optimizando el tiempo. También la Judicatura está desarrollando el software 2.0 para que se acepten la firmas electrónicas, al igual que las notificaciones virtuales para que tengan validez jurídica. Todo esto tiende a lograr una justicia eficiente, moderna, que garantice los derechos de las víctimas y evite los casos de impunidad, muchos de los cuales se producen por la lentitud en los procesos.
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 07:54:43 +0000