Límites racionales para la protesta social POR ALBERTO IRIBARNE EX MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACION Límites racionales para la protesta social 04/12/13 Por no criminalizar la protesta social entendemos que un hecho que en situaciones normales constituye delito, en circunstancias excepcionales no se lo considere así. Porque se evalúa que para la sociedad resultarán más gravosas las consecuencias de perseguir penalmente a los autores que las de no hacerlo. Después del colapso del 2001 la sociedad argentina estaba en ebullición. En el año 2002 hubo más de 17.000 hechos de protesta social, muchos masivos, comprendiendo desde tomas de fábricas hasta cortes de rutas. Había que permitir que la gente se expresara, peticionara, porque se estaba en un momento excepcional. Sin embargo, superada la crisis, ese tipo de hechos ha continuado por varios factores. Uno de ellos ha sido la ausencia de canales institucionales eficaces para resolver los conflictos. También porque algunos grupos han adoptado como su principal método de acción política la participación en cualquier hecho de protesta. O porque constituye un fuerte incentivo para hacerlo la pasividad de las autoridades policiales y judiciales. Si para darle visibilidad a un reclamo se puede impunemente cortar una autopista o la 9 de Julio, ¿por qué no hacerlo, si esto no tiene consecuencias, si no hay que asumir responsabilidades? La reflexión sobre la protesta social requiere considerar dos elementos necesarios. Uno cualitativo, que hace al motivo y trasunta la pretensión de darle legitimidad a la protesta. Es el más opinable, porque será justo o injusto según quién lo mire. Para algunos eran justificables los cortes de ruta que se produjeron por la resolución 125 de retenciones, así como para otros lo eran los realizados por desocupados reclamando por planes caídos. Lo que era justo para la opinión de unos era injusto para la de los otros. El otro aspecto es el cuantitativo, que hace a la magnitud de la manifestación y da testimonio de la importancia del sector agraviado. Ninguna injusticia deja de serlo por ser pocos los afectados. Pero hay una cuestión fundamental: la necesaria relación entre la cantidad de manifestantes y los perjuicios que se causan a otras personas. No es serio aceptar que sólo algunas decenas de manifestantes se apoderen del espacio público destinado a circular y con ello afecten la vida y los derechos de miles de personas. El principio constitucional de razonabilidad no ha llegado a los debates públicos con suficiente precisión. Como los cortes han sido los hechos más frecuentes, en trazos gruesos se ha planteado la existencia de un conflicto entre el derecho a expresarse de unos con el de circular de otros. Pero muchas veces no sólo es ese el conflicto. Porque es innegable que ocupar legislaturas, tomar comisarías o destruir una iglesia no es ejercer el derecho de expresión. Incendiar automóviles, destrozar vidrieras, extorsionar a comerciantes: tampoco. Se afecta mucho más que el derecho a circular cuando, por medio de la violencia, una minoría se impone a las mayorías y a las instituciones. No es admisible que pequeños grupos usurpen funciones estatales. Como el caso de asambleístas, cuyo comportamiento afectó las relaciones con un país hermano, o como cuando un grupo político impide que la universidad elija sus autoridades. Sin duda, esos comportamientos no pueden quedar protegidos por la invocación de la libertad de expresión. La ley debe ser aplicada por jueces y fiscales, y por las fuerzas de seguridad y policiales en las situaciones que corresponda. Recordemos que, cuando estas fuerzas actúan, lo deben hacer en el marco del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, sancionado por las Naciones Unidas, que es ley en nuestro país. En lo esencial sus disposiciones garantizan el respeto de los derechos humanos y se basan en la utilización de la mínima violencia y como último recurso. No podemos caer en la trampa de dejar que se viole la ley impunemente, bajo la amenaza de que hacerla cumplir termine ocasionando víctimas fatales. En 2015 asumirá un gobierno de distinto signo al actual. Desde ahora debemos comenzar un debate entre las fuerzas políticas para llegar a un sólido acuerdo sobre cómo encarar este problema, poner límites y reconstruir el respeto a la autoridad legítimamente constituida. En una sociedad democrática es indispensable una ordenada convivencia, con respeto por todos los derechos de todas las personas. No podemos consentir que la sociedad llegue a percibir como normal lo que fueron hechos excepcionales, ocurridos en circunstancias excepcionales.
Posted on: Wed, 04 Dec 2013 20:07:30 +0000
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