PIEDRAS POR DECRETO Camilo González Posso La Constitución de 1991 fue proclamada ante el país como un paso hacia la democracia participativa y un marco para la paz. Entre las figuras que soportan esa innovación están las consultas populares como la realizada en el municipio de Piedras, el domingo 28 de julio de 2013, en contra de la minería de oro a cielo abierto que pretende la Anglogold Ashanti en esta localidad del departamento del Tolima. El proceso siguió todos los trámites y la consulta arrojó un resultado contundente: 99% de los votos contra esa actividad minera fueron contabilizados por la Registraduría de la Nación. La población, con el respaldo de los municipios vecinos, de autoridades ambientales regionales, académicos especializados, ambientalistas y organizaciones ciudadanas, le dijo no a ese macroproyecto que considera nocivo para el bienestar de esta y las futuras generaciones. Ahora que se ha pronunciado el pueblo soberano haciendo uso de un derecho constitucional, ya han salido los defensores de la multinacional a dar argumentos para invalidar la Consulta. Y el gobierno, que ya había previsto este tipo de situaciones, salió a decir que un decreto suyo, el 0934 del 12 de mayo de 2013, está por encima de la constitución al negarle atribuciones en minería a los municipios y establecer el monopolio del ejecutivo en materia de licencias. Ese decreto fue la opción que tomó el gobierno cuando se negó a presentar el proyecto de reforma al Código Minero antes de que se venciera el plazo de dos años que le fijo la Corte Constitucional cuando declaró inconstitucional la ley 1382 de 2010. Como está claro que la prohibición no incluyó la Consulta Popular, las baterías se dirigen a evitar que el Alcalde valide el pronunciamiento ciudadano. Con la caída de esa Ley se cayó el artículo que le quitaba funciones a los municipios y, como es costumbre desde los tiempos de la dictadura del Estado de Sitio, lo que no puede hacerse ni por Constitución ni por ley y lo necesita algún poderoso, entonces se impone por decreto y vaya y quéjese al mono de la pila, haga una demanda que se demora cuatro años en tener respuesta final o bloquee una vía que allí lo espera el ESMAD, la fusilería antisubversiva y la judicialización por terrorismo o asonada. Ya la Procuraduría notificó al Alcalde de Piedras de su inminente destitución si respalda el resultado de la Consulta y los abogados especializados en fabricar alegatos para justificar trapisondas, ya están pasando la factura por el discurso maquillado para revestir de legalidad el atropello. Cuando la Constitución o la ley no les sirve a las inversiones atrabiliarias, entonces los abogados hablan de inseguridad jurídica y transforman el delito en norma retroactiva o suficiente para consolidar el despojo y favorecer a los socios de los grandes negocios. Y el que no entienda: que se atenga a la justicia o a los fusiles. Por esta vía están preparando una ley de seguridad para los inversionistas en la altillanura y el nuevo reparto de baldíos. El método de vieja data llega a esferas insospechadas cuando la ley no conviene, como ocurre con el Consejo Nacional de Paz que debe reunir el Presidente cada tres meses pero que siempre encuentra una disculpa para presentar como normal el desacato. Valga ejemplo de paz y democracia. ¿No nos salvaremos de destituciones y alegatos jurídicos, ni de nuevos decretos encaminados a evitar la epidemia de la consulta democrática? ¿Será que los vientos de paz nos ayudaran a superar el método de la arbitrariedad legalizada? camilogonzalezposso@gmail
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 16:52:03 +0000
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