Reflexión__Así se fraguó la conspiración contra Rajoy y el PP- Mientras La Izquierda Guarda Silencio y Esgrime su IRA contra la JUEZ Alaya en el CASO ERE’ »Anticorrupción apoya a Alaya en la imputación de 20 altos cargos__ Cuánto sectarismo se respira por este pais-. Andalucía es un coto privado de la chusma que la gobierna (ahora con la inestimable colaboración de los chicos procubanos), vulnerando una y otra vez la constitución y las leyes sin que el poder judicial le haya puesto coto nunca … hasta que han dado con una juez imparcial. Eso es el origen de todo el lío que hay formado…!!-La Izquierda es Así de Hipócrita y Mafiosa..!!! PSOE-IU-VIVAN-LOS-ERE-MRF Da la impresión de que el PSOE no se preocupa demasiado por lo judicial tanto como por lo mediático. Rubalcaba GAL FAISAN 11MRubalcaba GAL FAISAN 11M ► Lo importante parece ser que es difamar en los medios, decir en los medios que la culpa es de la justicia y que los ladrones son todos inocentes a ver “si algo queda” (aunque luego de puertas para dentro se demuestre lo contrario). Lo que importa son los votos. Las condenas, las imputaciones, las investigaciones, etc. poco importan mientras se escondan bien en cuanto a repercusión mediática (aunque sean “cientos de millones de nada” de los parados, lo importante es que parezca que el otro partido es peor, malo malo “malote”). Nueve años después, el PP corre peligro de perder de nuevo el poder. Y, de nuevo, es producto de una conspiración que busca mover al PP del sillón, engañando a los españoles para que no voten al PP. ¡Pero lo llamativo es que, ahora, incluso el diario El Mundo, que denunció la primera gran conspiración del 11M, está en el ajo de la segunda! El PP tiene muy mala suerte: continuamente hay gente que, desde las ideologías e intereses más diversos, conspira contra este partido, con el objetivo de quitarle el poder que legítimamente ostenta. Ya ocurrió en las elecciones generales de 2004, cuando una conspiración urdida por Rubalcaba (que se hinchó a enviar millones de sms desde Ferraz), en la que participaron ETA, el grupo PRISA, los servicios secretos franceses y marroquíes y prácticamente todos los medios de comunicación internacionales de referencia, logró hacer creer al pueblo español que el Gobierno de Aznar había mentido cuando afirmó, y después mantuvo contra viento y marea, que ETA estaba detrás de la autoría de los atentados del 11M. Nueve años después, el PP corre peligro de perder de nuevo el poder. Y, de nuevo, es producto de una conspiración que busca mover al PP del sillón, engañando a los españoles para que no voten al PP. ¡Pero lo llamativo es que, ahora, incluso el diario El Mundo, que denunció la primera gran conspiración del 11M, está en el ajo de la segunda! La Fiscalía Anticorrupción respalda a la juez Mercedes Alaya en su decisión de imputar a 20 altos y exaltos cargos de la Junta por el uso delfondo de los ERE, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, un auto que el Ejecutivo autónomo ha recurrido. Eso sí, con matices. El ministerio público impugna el recurso de la Junta y destaca la “finalidad fraudulenta” del fondo, pero aclara que la tesis delictiva de Alaya solo afecta a “todos aquellos que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron”. De este modo acota que la instrucción debe demostrar el conocimiento del mal uso del fondo por parte de los imputados. Alaya estima que todo alto cargo de la Junta que tuvo relación directa o conocimiento de la partida y colaboró de alguna forma a su continuidad durante una década (721 millones de gasto entre 2001 y 2010), tiene responsabilidad penal por permitir un “dispendio” continuado de fondos públicos. La Junta replicó que al considerar que el fondo es ilegal, Alaya cuestiona las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz y esto supone “subvertir el Estado democrático” en un camino “harto peligroso”. Ahora el ministerio público se posiciona junto a Alaya sobre el uso de las transferencias de financiación para los ERE, pero matiza que solo condena “su uso perverso” para “enriquecer a terceros y dilapidar fondos públicos”. Y ahí inculpa a los cargos que conocieron tal “uso perverso” o “no lo evitaron”. Anticorrupción aclara: “La fórmula montada tiene apariencia formal de legalidad, pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva”. A pesar de que no señala la línea de los cargos y funcionarios que debieron conocer ese uso irregular que permitió el fraude, Anticorrupción sí aclara que hay motivos para que estos comparezcan y maticen su papel desempeñado en el fondo desde las consejerías de Hacienda, Innovación y Empleo. El fiscal explica en sus alegaciones que la finalidad fraudulenta del fondo está asentada en unos “hechos objetivos”: el uso indebido de las transferencias de financiación, las modificaciones presupuestarias, y la decisión de usar ayudas sociolaborales en vez de subvenciones excepcionales (con mayor control de la Intervención General) para pagar los ERE. Cuando la Junta censuró a Alaya por “criminalizar” las herramientas utilizadas para abonar los ERE, incluidas las leyes de Presupuestos, la respuesta de Anticorrupción es ambigua: “Sí y no”. “La hipótesis delictiva manejada por la instructora parte de la utilización de tales figuras, sí, pero de su uso perverso, de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta”, señala la fiscalía. El escrito censura la fórmula ideada por el exconsejero Antonio Fernández y su antecesor y diputado a Cortes José Antonio Viera, que “hábilmente” se diseñó para “evitar cualquier fiscalización que estorbara”, así como las modificaciones presupuestarias autorizadas por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su periodo como consejero de Hacienda, aunque sin nombrar a ninguno de los tres. Anticorrupción señala como ilustrativos los informes sobre el fondo de la Intervención General, la Guardia Civil y la Cámara de Cuentas, estos dos últimos tan contundentes como Alaya en la condena del diseño y uso del fondo. Los investigadores censuraron sobre el propósito del convenio de 2001 que dio vía libre a la partida: “Para prácticamente eliminar las posibilidades de fiscalización (…) facilitando así el descontrol absoluto de las ayudas”. Respecto a la protesta de la Junta por la falta de motivación de Alaya para justificar las imputaciones, la fiscalía opina que la juez no tenía obligación de detallar sus acusaciones. Para ello se remite a la doctrina del Tribunal Supremo que proclama que la comunicación de Alaya “no constituye todavía un acto de imputación judicial”. Tras pronunciarse la fiscalía y el resto de partes, la semana que viene Alaya enviará las posturas enfrentadas a la Audiencia de Sevilla, que a lo largo del verano decidirá si la imputación masiva es procedente o no.“La trascendencia de este asalto es muy grande. Hay mucho en juego, incluido el futuro de la causa”, ilustraron fuentes del caso. Mientras, Anticorrupción se ha opuesto a que la declaración del ex interventor general Manuel Gómez, prevista para el próximo jueves, se posponga. Además, a la petición de Gómez para que la Junta le abone su defensa se han sumado otros altos cargos de la Administración.
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 11:22:43 +0000
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