Manuel Sánchez, el nuevo testigo del carrusel El Espectador revela los nombres de los salpicados en la Fiscalía por el abogado que conoció los entresijos del cartel que desfalcó a Bogotá. Después de un año de negociaciones con la Fiscalía, finalmente el abogado Manuel Sánchez tiene bajo el brazo un principio de oportunidad avalado por los jueces que lo convierte en testigo estelar del carrusel de la contratación en Bogotá. La lista de los personajes a los que se comprometió a señalar, con evidencia en mano, es tan extensa y de tan alto nivel que, sumado a los testimonios de Emilio Tapia y Julio Gómez, sus delaciones prometen no dejar títere con cabeza. La plana mayor de la administración de Samuel Moreno Rojas, su hermano el excongresista Iván Moreno, su séquito de colaboradores, contratistas, recomendados, concejales, directores de hospitales y hasta cuotas políticas de congresistas, ya fueron acusados por él. El Espectador conoció los detalles de varios interrogatorios que ya dio en la Fiscalía y del documento firmado por el fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, en el que se le otorgó a Sánchez su principio de oportunidad, ya que se constataron la mayoría de las confesiones que hizo sobre el cartel. Este principio, firmado el pasado 19 de julio, le da inmunidad total a uno de los depositarios de los secretos del desfalco a Bogotá, para que revele todo el entramado de corrupción del que fue testigo. Sobre Samuel Moreno, por ejemplo, Sánchez ya relató maniobras ilegales en la campaña de financiación que llevó al poder al exmandatario entre 2008 y 2011. En eventos sociales y en torneos de squash en el club El Nogal en los que participaban sus hijos, Samuel Moreno y Manuel Sánchez fueron afianzando su amistad. Cuando se decantó una consulta interna en el Polo Democrático para elegir candidato entre Moreno y María Emma Mejía, el gran financiador de la consulta fue Sánchez y su grupo de amigos. Luego de que ‘barriera’ en votación a María Emma Mejía, se acercaron al proyecto político de Moreno los contratistas William Vélez, Andrés Jaramillo y Francisco Martínez (de la firma Arquitectura y Concreto), entre otros. Manuel Sánchez ofició como un coordinador de los aportes. Ya entonces Emilio Tapia y Julio Gómez estaban jugados por Moreno. Iván Moreno fue el encargado de administrar los recursos junto con Juan Varela, exsubsecretario de Salud de Bogotá y durante años el segundo renglón de Samuel Moreno en el Congreso. Lo que se recogió en cheques y dinero en efectivo superó de lejos los topes electorales: más de $10 mil millones, según contó Sánchez. Recursos que, según otros testigo, obviamente no aparecieron en los registros presentados ante el Consejo Nacional Electoral. No obstante, la defensa del exalcalde detenido ha sostenido que se respetaron los topes y que la campaña registró ingresos por $1.176 millones. En contraste, Manuel Sánchez ratificó lo dicho ya por Julio Gómez de que ese mismo grupo de financiadores colaboró con la campaña de Andrés González a la Gobernación de Cundinamarca y con los concejales Orlando Parada, Jorge Lozada, Antonio Sanguino, Jorge Salamanca, Jorge Durán, Ángela Benedetti —hoy embajadora en Panamá—, Roberto Sáenz y Wilson Duarte. El lío no serían los aportes, sino que no quedaron en los libros. La Fiscalía avanza en una investigación para establecer cómo se burlaron estos topes, cómo se distribuyeron los dineros para estos dirigentes políticos y cómo se ocultó la maniobra. Indaga un presunto enriquecimiento ilícito. La información que tienen las autoridades es que a través de la empresa Servimos S.A., de propiedad de los hermanos Alfredo y Carlos Gutiérrez Villegas, fue que se cambiaron decenas de cheques firmados por terceros que, en realidad, habrían entrado a las campañas de Samuel Moreno y Andrés González. Desde hace más de una década, Servimos S.A. ha oficiado como una especie de ‘casa de cambios’ para congresistas en apuros económicos para financiar sus correrías políticas. Por aparentes movidas poco claras, la Corte Suprema de Justicia pidió hace más de un año una inspección judicial a Servimos S.A. El apartamento 201 y los acuerdos Muchas de las reuniones para coordinar estas operaciones se hicieron en el apartamento de Manuel Sánchez, un experto en contratación pública cuya oficina de abogados asesora distintos ministerios y hasta la Embajada de Estados Unidos. “El edificio del poder”, como fue conocido en su momento, queda en la calle 90 N° 9A-51. El apartamento de Sánchez era el 201. En ese mismo piso, en el apartamento 203, vivía el entonces concejal Carlos Fernando Galán —uno de los denunciantes del carrusel— y en el 301 el hoy congresista Simón Gaviria. Mientras que a Manuel Sánchez lo visitaban Samuel Moreno y su combo, a Galán y a Simón Gaviria los buscaban Enrique Peñalosa y su grupo. En los pasillos y el parqueadero solían toparse unos y otros. Según los relatos de los testigos del caso, los ‘cacaos’ de la contratación, entre cocteles y aportes, pidieron lo obvio: que se les tuviera en cuenta en la repartición de la torta de proyectos del Distrito. Una vez elegido Samuel —contó Sánchez—, Iván Moreno, Julio Gómez, Emilio Tapia y Álvaro Dávila lo sacaron de la ‘mermelada’. Entonces varios concejales, encabezados por Orlando Parada, lo postularon a la Personería de Bogotá. Y fue Troya. Los hermanos Moreno consideraron un exabrupto que ahora Sánchez, en el “exilio”, fuera quien quisiera vigilarlos en materia de contratación por ser un experto en ese campo. Por eso lo bloquearon. Ya estaba decidido que Francisco Rojas Birry sería el personero y que la Contraloría le sería entregada a Miguel Ángel Moralesrussi. Hoy ambos están enredados en el carrusel. Para mostrarle los dientes a Sánchez —contó él mismo en la Fiscalía—, siguiendo órdenes, Rojas Birry echó a su hermano Marcelino Sánchez de la entidad, quien hasta ese momento llevaba seis años como personero delegado para el medio ambiente. Lo mismo ocurrió en la Contraloría. De allí fue retirada Nubia Sánchez, su otra hermana. La guerra se desató y Sánchez se propuso exponer todas las movidas del cartel. Así radicó denuncias penales y disciplinarias contra funcionarios del Acueducto, la Secretaría de Movilidad, Transmilenio, la Unidad de Mantenimiento Vial, el Fondo de Vigilancia, la Empresa de Teléfonos, la Secretaría de Educación y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). La ‘guerra fría’ duró hasta mediados de 2010, cuando ya los rumores del escándalo del carrusel empezaban a tocar las puertas del Palacio Liévano tras la revelación de una conversación entre Miguel Nule y el congresista Germán Olano, dada a conocer por Caracol Radio. Por esa época su amigo Orlando Parada le dijo que Samuel Moreno quería verlo. A manteles se sentaron a almorzar en la Alcaldía. El secretario Yuri Chillán coordinó el encuentro. Sánchez ya le contó a la Fiscalía que en esa reunión Samuel le pidió que le bajara a las denuncias, que reactivaran su amistad y que postulara algunas hojas de vida para el gabinete. Al final le dijo que se reuniera en Miami con Iván Moreno. Allá se vieron luego de que el abogado Álvaro Dávila arreglara todo, reveló Sánchez. Otros testigos corroboraron ese encuentro, que se dio en una exclusiva playa de Miami, muy cerca del hotel Fontainebleau. Iván Moreno, según la versión de Sánchez y de dos testigos más, le habló de hacer las paces y de parar la guerra jurídica emprendida. El encuentro tardó media hora. Varias semanas después volvieron a verse en una de las piscinas de ese mismo hotel en Miami. Según fuentes consultadas por este diario, la forma en que se coordinó el encuentro revela los temores de los protagonistas del escándalo de que fueran descubiertos o grabados. Fue así como Dávila, aparentemente, llamó al celular a Sánchez, le pidió que fuera al vestidor del hotel y pasara en traje de baño a una de las piscinas, en donde Iván lo estaba esperando. Allí se trataron temas como la contratación del túnel Canoas-Tunjuelo, un proyecto de casi US$200 millones, así como negocios del Sistema Integrado de Transporte, contratos en el Fondo de Vigilancia y la Unidad de Mantenimiento Vial. La instrucción de Iván fue que se encargaría de todo para que los clientes que representaba Sánchez en las licitaciones se las ganaran. Pero cuando regresó a Bogotá, volvieron los incumplimientos, según relatos en poder de la Fiscalía. Ya entonces la agenda del carrusel estaba en los medios y los compromisos se hicieron imposibles de cumplir. El proyecto Canoas-Tunjuelo se lo dieron a la constructora CAS, de propiedad de los hermanos Solarte en unión temporal con la firma Odebrecht. Según contó Sánchez, dicho negocio fue coordinado por los contratistas Orlando Fajardo y Andrés Cardona. Con una particularidad: la interventoría de ese megaproyecto se la ganó una firma del propio Cardona. Como dijo un investigador del caso, “eso es como poner al ratón a cuidar el queso”. Hoy la Fiscalía indaga si por ese proyecto se repartieron comisiones, tal como informalmente han contado varios testigos, que salpican al exgerente del Acueducto Jorge Enrique Pizano y a los concejales Jorge Durán, Jorge Ernesto Salamanca y Fernando López. También se investiga si se pagaron coimas en la adjudicación del contrato para la vigilancia del Acueducto de Bogotá, otorgado a la empresa Serviconfort, de propiedad de Luz Alba Ordóñez, por un valor aproximado a los $30 mil millones. El cheque de Cruz Manuel Sánchez dio pistas claves para descifrar cómo operó el cartel en la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Echó al agua a los concejales de la U que controlaban la entidad: Orlando Parada (su amigo del alma), Hipólito Moreno —ya condenado— y Andrés Camacho, quien está ad portas de un acuerdo con la Fiscalía. También acusó al exjefe de esa entidad Iván Hernández, íntimo amigo de Camacho. Hernández ya negoció un principio de oportunidad y se espera que pueda ser testigo de la Corte Suprema en el juicio que se adelanta contra Iván Moreno. Pero, según Sánchez y dos testigos más, el hombre clave en la UMV era el hoy gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz con su firma de ingenieros ICM. Tal como lo contó El Espectador en mayo pasado, tres contratos entregados en 2009 para el mantenimiento de la malla vial en Bogotá, que con adiciones sumaron más de $130 mil millones, pueden enredar al gobernador Cruz. Aunque dos de ellos —por $115 mil millones— no se los ganó ICM, según los testigos Cruz terminó en alianza con los ganadores y repartiendo comisiones a concejales. Cruz le dijo en su momento a este diario que jamás le dio coimas a nadie y se quejó de que en más de 30 licitaciones entre 2008 y 2009 su empresa apenas ganó un contrato por $15 mil millones. Pero Manuel Sánchez tiene otras pruebas. Por ejemplo, copia de un cheque por cerca de $130 millones que sería parte de la comisión entregada por el consorcio de Cruz. La Fiscalía indaga. En su marco de colaboración, Sánchez se comprometió a hablar de los concejales mencionados en este artículo —sobre todo de financiación de campañas—, de Samuel e Iván Moreno, del abogado Álvaro Dávila, de los gobernadores Álvaro Cruz y Andrés González, de los contratistas Orlando Fajardo, Andrés Cardona, Andrés Jaramillo de Conalvías y su gerente Javier Mejía, y William Vélez; de la exdirectora de la Uaesp Miriam Margoth Martínez, del hospital El Tunal, en donde tendrían cuotas el congresista Plinio Olano y la concejal Nelly Patricia Mosquera; de irregularidades en el contrato de construcción de una torre del hospital de Meissen —que se le dio a Julio Gómez— y de otras perlas del hospital Simón Bolívar, entonces dirigido por Luis Guillermo Cantor, médico de cabecera de María Eugenia Rojas. Sobre los aportes a la campaña de Samuel Moreno, en reciente artículo de El Tiempo William Vélez reconoció que sí dio un dinero, pero dijo que no recordaba el monto. A su turno, Andrés Jaramillo negó cualquier aporte, aunque manifestó que sí le pidieron plata. El exalcalde Moreno y su hermano Iván insisten en su inocencia. Andrés González y Álvaro Cruz sostienen que nada tienen que ver con irregularidades o contratos del carrusel. De los concejales se sabe que Orlando Parada ha tenido no menos de seis reuniones con fiscales para tratar de negociar un delito. Pero aún no se decide a aceptar nada. Entre tanto, Manuel Sánchez fue llamado por la Procuraduría como testigo en la investigación que adelanta esa entidad contra 17 concejales.
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 05:58:16 +0000
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