EL MIRADOR POLÍTICO- Diario el Ancasti- El cepo “en negro” Declaraciones del director de la Obra Social de los Empleados Públicos expusieron el legado estructural más comprometedor que dejó el anterior Gobierno para el desarrollo de Catamarca. El contador Julio Prieto, blanco periódico de críticas por el funcionamiento del organismo que conduce, señaló una obviedad que, llamativamente, no forma parte de la discusión política provinciana. Un importante porcentaje del sueldo de los empleados públicos catamarqueños se abona con carácter “no remunerativo”, en negro, de manera que la OSEP no recibe aporte alguno por ellos. Estos aportes no pagados, explicó Prieto, son la causa de un déficit que impacta en la calidad de las prestaciones y obstaculiza el saneamiento del organismo. Prieto no cuantificó el monto total que la administración pública paga en negro, pero reveló que el Gobierno destina entre 30 y 35 millones de pesos al año a subsidiar a OSEP. Si su razonamiento es correcto, es lícito concluir que esa treintena de millones equivale el 3% de los sueldos estatales en negro, con lo que la cifra “no remunerativa” liquidada por el Estado a sus agentes superaría los mil millones anuales. Podría suponerse que la solución para OSEP pasa por descontarle a los afiliados el 3% del total de los sueldos y no solo de lo que perciben en blanco. Pero esta alternativa implica convertir en “remunerativo” lo que ahora es “no remunerativo”, lo que a su vez obligaría a contemplar el incremento de los aportes que el Estado, como patronal, debería realizar en tales circunstancias a la ANSES, que con el régimen vigente ascendería a centenares de millones de pesos. Las especulaciones matemáticas podrían extenderse hasta el infinito. Sin embargo, la virtud de las manifestaciones de Prieto no radica en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. La administración pública catamarqueña no sólo es paquidérmica e ineficaz. Además, una porción significativa de sus ingresos es irregular. El Estado es el mayor tomador de trabajo “en negro”, flagelo que no se priva de combatir rigurosa y contradictoriamente en el sector privado. Clientelismo Según Prieto, el déficit estructural de la OSEP se arraigó más con las incorporaciones masivas de personal que el Gobierno radical produjo al retirarse en 2011. Esta decisión final del radicalismo fue, en rigor, el blanqueo de un proceso de gigantismo estatal sobre el que es posible rastrear antecedentes incluso antes de que el FCS arribara al poder, y que se desarrolló a caballo del clientelismo, que malversa los recursos públicos para comprar voluntades. Asfixiada por los efectos de la crisis del Tequila, por ejemplo, Catamarca fue la primera provincia que transfirió su caja de jubilaciones a la Nación a mediados de la década del ‘90. El Gobierno de entonces, a cargo de Arnoldo Castillo, aprovechó el traspaso para deshacerse de más de diez mil agentes públicos, para lo que inventó los afamados “jubilados de pantalones cortos”, combinando regulaciones que disminuyeron la edad para jubilarse con la confección de certificaciones de servicio apócrifas. Semejante defraudación generó una millonaria deuda con la ANSES y una causa penal en la Justicia Federal. Sobre los “jubilados de pantalones cortos” corrieron ríos de tinta y saliva, pero interesa subrayar que los casilleros liberados por las jubilaciones anticipadas fueron de inmediato cubiertos por nuevos empleados, esta vez como acreedores políticos del radicalismo. De modo que la elefantiasis estatal no se revirtió, sino todo lo contrario, con una picardía de onerosas consecuencias: cargarle a la caja nacional el costo de los jubilados sin aportes. La transferencia de la caja de jubilaciones provincial, que coincidió con la puesta en marcha de la megaminería, fue la primera oportunidad desperdiciada para sanear la estructura del Estado. Eduardo Brizuela del Moral asumió en diciembre de 2003 -diez años después-, con la crisis de la salida de la convertibilidad en vías de resolverse. El ex gobernador administró por lo menos hasta 2008 un volumen de recursos nunca vistos en Catamarca, producto del aumento de los giros por coparticipación federal y fondos nacionales con destino específico y, sobre todo, de la renta minera por regalías y utilidades liquidadas a la Provincia por YMAD. La bonanza fue aprovechada para llevar el ritmo de las contrataciones de empleados públicos a niveles frenéticos, con un adicional: se precarizó el empleo estatal con la proliferación de contratos “basura” y se amplió el margen de los pagos en negro. Semejante política construyó un círculo funesto. La masificación de las designaciones se facilitó porque no debían pagarse por ellas cargas al sistema de seguridad social. Esto es tan evidente que fue necesario crear un sistema previsional extra para responder las demandas de los jubilados estatales, cuyos emolumentos quedaron demasiado desfasados de los de los activos porque, como es lógico, la ANSES calcula sobre lo que se paga en blanco. En otras palabras: el Estado incurrió, para solventar las pretensiones políticas de sus administradores vía clientelismo, en lo que ni por asomo permite a los privados. No hace falta demasiada imaginación para advertir cuáles son las dificultades para crear empleo genuino en Catamarca al margen de la burocracia estatal. La inversión privada debe cumplir unos requisitos que el Estado encargado de hacer cumplir no cumple, lo que le permite a ese mismo Estado infractor tomar empleados eximiéndose de afrontar cargas sociales. Tal dinámica está empezando a alcanzar su límite concreto: la restricción de la renta minera que le permitió a los anteriores Gobierno liberar fondos para resolver el problema del desempleo con el fácil recurso de encubrirlo mediante puestos públicos. Notoria omisión Es llamativo que lo que Prieto dice sobre OSEP no sea discurso generalizado en el oficialismo. La hipertrofia del Estado, la caótica escala salarial vigente -con adicionales en reparticiones puntuales que generan bolsones de inequidad- y las precarias condiciones laborales de amplios sectores de la administración pública bajo contrato fueron heredados del FCS y le demandan altos costos políticos. Quizás les fuera útil plantear con fuerza este eje de discusión y abrir espacios institucionales para ella, sobre todo si evalúa el desgaste que le significan reclamos como el que el sector Salud lleva adelante desde hace más de dos meses o los que cada año le imponen los docentes. Es oportuno considerar qué rol cumplieron las organizaciones sindicales que se desgargantan en reivindicaciones mientras el perverso sistema que acumula empleados públicos a costa de mantener gran parte de sus salarios en negro y precarizar sus condiciones laborales se edificó, condiciones que establecen límites insalvables en lo inmediato. Cabe la posibilidad de que sectores del oficialismo se inclinen más por aprovechar el sistema que heredaron en lugar de normalizarlo. Pero estas eventuales pretensiones de consolidar el cepo enfrentan un horizonte del colapso en un plazo más corto del que se cree. Si el Gobierno no avanza en un ordenamiento salarial a fondo de la administración pública, las consecuencias serán mucho más gravosas que el desfinanciamiento de la OSEP.
Posted on: Sun, 29 Sep 2013 16:18:47 +0000
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