IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Ministro Sergio A. Valls Hernández Debido a la reforma constitucional que establece un nuevo Sistema de Justicia Penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal, la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y de Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, han realizado diversas acciones de difusión de dicha reforma. Antes de referirme a una de éstas, es importante resaltar que el 18 de junio de 2008, se publicó el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, que establece las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el cual deberá implementarse en cada entidad federativa, en un plazo máximo de ocho años, es decir, que para el año 2016 deberán haberse realizado las modificaciones legales necesarias para su operatividad. Para cumplir a cabalidad con ello, se trabaja de manera coordinada y con una perspectiva integral la Federación, los Estados y el Distrito Federal, motivo por el cual se dio vida al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, integrado por representantes de estos tres órdenes de gobierno, así como por el sector académico y la sociedad civil, cuya finalidad es instrumentar una estrategia de implementación del nuevo sistema, velando por el respeto irrestricto a los derechos del imputado y de las víctimas, garantizando el debido proceso y la justicia alternativa, sustentado en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; todo ello, con pleno respeto a las atribuciones de los poderes federales, la soberanía de la entidades federativas y la autonomía municipal. De esta forma, el referido Consejo cuenta con atribuciones, entre las que destacan las de aprobar los programas de capacitación y difusión sobre este sistema acusatorio dirigidos a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, abogados, y a la sociedad en general, así como crear grupos de trabajo interinstitucionales para realizar las actividades que coadyuven al cumplimiento de los programas y la normatividad aplicable… Si bien se han realizado diversas acciones de capacitación y formación para los distintos actores a los que involucra la reforma penal y que se continuarán impulsando, el sector académico es fundamental para generar este cambio de paradigma de los futuros operadores del sistema; de ahí la trascendencia del proyecto y de la valiosa participación de los directivos de las instituciones de educación superior del país para la pronta y efectiva implementación de éste. *[email protected] (El Sol de México, pág. 2)
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 23:06:59 +0000
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