Radiografía del sistema sanitario argentino: Los gastos en salud superarán los 211 mil millones de pesos en 2013 Pese a que el desembolso per capita es elevado, 17 millones de personas no tienen cobertura de obras sociales ni medicina prepaga, y se atienden en hospitales con una prestación mínima. Hubo mejoras pero aún existe un régimen ineficiente. Por: Alejandro Guerrero Según el Banco Mundial, la Argentina gastaba en salud en el año 2011 (último dato disponible) 892 dólares anuales por habitante, contra 685 dólares en 2008, 725 en 2009 y 759 en 2010. En tren de comparaciones, Estados Unidos –el que más gasta– destina al rubro salud 8608 dólares por año y por habitante. Le siguen Dinamarca (6648), Australia (5939), Canadá (5630) y Austria (5280). Ese indicador comprende los gastos públicos y los privados, sumados, y tiene en cuenta la prestación de servicios preventivos y curativos, las actividades de planificación familiar, las de nutrición y la asistencia de emergencia. No incluye el suministro de agua y los servicios sanitarios. En América Latina, de acuerdo con ese mismo informe, los países que más gastan en el rubro salud son Brasil (1121 dólares anuales por habitante), Uruguay (1105), Chile (1075) y Costa Rica (943). La Argentina ocupa el quinto lugar en la tabla latinoamericana. Los que menos dinero destinan a la salud en esta región son Bolivia (118 dólares) y Nicaragua (125). Un caso extremo es Haití, que sólo ocupa 53 dólares anuales a la salud de cada uno de sus habitantes. De todos modos, esos datos encubren una distorsión, puesto que incluyen, sin discriminación, los gastos de las clases altas en sanatorios de lujo y los de las menos pudientes en el hospital público. En otras palabras: no están referidos necesariamente a la eficacia de las prestaciones. Por citar un caso, Cuba destina 606 dólares anuales por habitante a la atención de salud, pero su población tiene más acceso a los servicios que buena parte de los habitantes de Estados Unidos, que gasta casi nueve veces más. Cobertura poblacional. En el año 2011, de acuerdo con el BM, sobre una población argentina estimada en 40.760.000 personas, 18.735.000 recibían cobertura de seguros sociales nacionales. De ellas, 12.350.000 se atendían en obras sociales y 4.150.000 en el PAMI. Otras 6.290.000 recibían cobertura de servicios provinciales. Los seguros privados cubrían a 5.500.000 personas y otras 16.735.000 carecían de cobertura formal. En números, el gasto en salud, estimado, correspondiente a 2013 será en el país de 211.000 millones de pesos, equivalentes a 5099 pesos anuales por habitante, o 425 pesos por mes. Sin embargo, esos datos se modifican si se discrimina a esos casi 17 millones de personas que no tienen cobertura formal. En ese caso, el gasto en salud se distribuye sólo entre 24.025.000 habitantes, lo que eleva el gasto a 8806 pesos anuales por persona, o 734 pesos por habitante/mes. Por otra parte, los gastos en salud tienden a aumentar: entre 1985 y 2010, han oscilado entre el 7 y el 9% del PIB. Se trata, hay que recordar, del gasto total y no del presupuesto estatal de salud. En cuanto al gasto demandado por los servicios de salud prestados por la Nación, las provincias y los municipios, ha ido disminuyendo gradualmente por la migración de afiliados al sistema privado, incluidas las obras sociales. Ese gasto equivale aproximadamente al 6,2 por ciento del PIB. Los avances. En los últimos años se han registrado, en la Argentina y en América Latina, determinados avances en materia de atención de la salud. Por ejemplo, el Banco Mundial destaca el Programa de Salud Materno Infantil-Plan Nacer argentino, por el cual un millón de mujeres embarazadas y niños que carecían de seguro médico ahora tienen, según esa institución, una cobertura de salud básica y acceso a esos seguros. "El Plan Nacer en Argentina apunta a cerrar la brecha (entre la población que posee un seguro de salud y la que no lo tiene) y lo hace de manera innovadora y muy efectiva", explicó Andrew Sunil Rakjumar, economista sénior para la salud del Banco Mundial. También en Brasil, la implantación del Sistema Unificado de Salud, financiado con impuestos, mejoró la cobertura en ese país al crear un servicio coordinado a nivel nacional, de acceso universal, orientado fuertemente hacia la atención primaria. Algo similar ocurre en Chile con su programa Seguro de Salud Social, que cubre a sus 17 millones de habitantes. Se trata de un paquete básico que asegura el tratamiento de unas ochenta enfermedades. También Colombia, entre otros países de la región, tiene un sistema nacional subsidiado. En ese plano se destaca Costa Rica, que ha logrado niveles de esperanza de vida y tasas de mortalidad infantil comparables a las de algunos países europeos de la OCDE. No obstante, han surgido recientes dudas allí sobre la posibilidad de sostener financieramente su seguro universal de salud. Pero, a pesar de las mejoras, problemas básicos y antiguos permanecen con persistencia. El deterioro. Los problemas del sistema de salud en la Argentina se advierten, en principio, en el deterioro edilicio, situación arrastrada durante décadas. Por otra parte, los planteles profesionales, achicados en muchos casos por necesidades presupuestarias, suelen verse desbordados por una masa creciente de personas que demandan atención. Además, el nivel salarial es superior en el sector privado, por lo cual los profesionales tienden a migrar hacia donde reciben mejores ingresos. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) elaboró, en el año 2012, su estudio "Recursos humanos en salud: la Argentina en perspectiva comparada". En él se recuerda que los servicios de salud estatales se financian con impuestos recaudados en todo el territorio nacional, y que el Estado es responsable de regular a los distintos subsectores que componen el sistema de salud. La Nación ejerce funciones de coordinación, regulación y asistencia técnica y financiera, mientras las provincias y los municipios brindan servicios directos de cobertura médica. El Ministerio de Salud es, formalmente, la mayor autoridad en el campo de la salud, aunque en la práctica eso no funciona así. El ministerio nacional tiene a su cargo el diseño de programas, dictado de normas y ejecución de acciones que permitan la coordinación entre los diversos subsectores. Pero, en el terreno, el poder del Ministerio de Salud se encuentra acotado porque sólo maneja un porcentaje mínimo del presupuesto público en salud. Conviene recordar que la salud no es una atribución delegada por las provincias a la Nación; por lo tanto, la capacidad de decisión del ministerio es limitado porque provincias y municipios tienen autonomía en sus respectivas jurisdicciones. La distribución geográfica del problema también presenta distorsiones, derivadas de las características de la actividad económica argentina. Por ejemplo, en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires se concentra el 55% de los médicos, aunque su población es apenas superior al 45% del total nacional. Lo mismo ocurre con la enfermería universitaria. También se encuentran distorsiones en la estructura de los equipos de salud. Por ejemplo, según el censo de 2011, hay 19 médicos por cada enfermero universitario en la Ciudad de Buenos Aires, y 10 médicos por enfermero en el total del país. De acuerdo con informes del Ministerio de Salud, la relación médico/enfermero calificado es de 4-1. Las distorsiones. El presupuesto nacional de salud es el 2% del presupuesto total. Con ese dinero se atienden 1600 hospitales y 6000 unidades sanitarias que asisten a casi 17 millones de personas y el 90% de las emergencias. Esto es: hay en la Argentina tres sistemas de salud diferenciados: el de la medicina prepaga, el de la seguridad social y el de los hospitales públicos. Esos sistemas habitualmente entran en colisión entre sí. Fuentes sindicales del sector señalaron que la carga hospitalaria podría aliviarse si se mejorara la atención primaria en salas y centros de salud. En buena medida, la sobrecarga hospitalaria obedece a las deficiencias de esas salas y centros. Al mismo tiempo, también se observan distorsiones entre la CABA y el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma dispone de 7000 camas para 3 millones de habitantes, mientras en La Matanza hay 700 para 2 millones. Ese desequilibrio hace que desborden también los hospitales porteños puesto que pobladores del GBA recurren a ellos. En ese punto, conviene recordar que el Ministerio de Salud nacional está a cargo sólo del 5% de la atención, y el otro 95% queda en manos de las provincias y los municipios. De ahí que en ámbitos de la salud se discute la necesidad de crear un sistema nacional integrado. Las obras sociales. Las obras sociales, en manos de las organizaciones sindicales, se encuentran en crisis a partir de los problemas originados en la presunta falsificación de medicamentos –que derivaron, por ejemplo, en la detención de Juan José Zanola, de la Asociación Bancaria– y en los 12 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que la CGT le reclama al gobierno nacional. Esas obras sociales le brindan a la mitad de los argentinos una cobertura de salud más amplia y accesible, en términos de prestaciones, de copagos y cantidad de prestadores, que la ofrecida por la seguridad social de toda Sudamérica. Sin embargo, sufren diversos cuestionamientos por la trasparencia –o falta de trasparencia– en el manejo de los fondos y las presuntas malversaciones de los subsidios que reciben. Por otro lado, las obras sociales se ven atacadas judicialmente, obligadas a menudo por esa vía a cubrir prestaciones de alto costo no incluidas en el Programa Médico Obligatorio. Esos fallos conducen hacia un cuello de botella que inevitablemente producirá desequilibrios financieros de fondo. Con la intención de resolver ese problema, siquiera en parte, se creó en su momento la Administración de Prestaciones Especiales (APE), de modo de "asegurar a todos los beneficiarios del Sistema del Seguro de Salud el acceso a prestaciones de alto impacto económico, administrando en forma equitativa y justa los fondos provenientes del aporte solidario de las obras sociales", según indicaba su declaración fundacional. No obstante, también la APE sufrió distorsiones y sólo destina a esa finalidad menos de la mitad de su presupuesto. Además, las prestaciones más costosas aún no tienen reglamentación y son reembolsadas a las obras sociales por vía de excepción. Además, los subsidios no se otorgan automáticamente y por eso algunas obras sociales –la de camioneros, por ejemplo, en su momento– se vieron beneficiadas más que otras. El problema adquiere rasgos agudos en el caso de las llamadas "enfermedades catastróficas", de tratamientos muy costosos y obviamente de alto impacto para quienes las padecen y para quienes las financian. Según datos del CIPPEC, el 6% de los hogares argentinos (2,4 millones de personas) tiene gastos de salud superiores al 35% de sus ingresos. De ahí que algunos proponen implantar un seguro universal que asegure a toda la población el acceso a los cuidados requeridos por ese tipo de enfermedades, que incluye la provisión gratuita de medicamentos de alto costo. Según el CIPPEC, "los productos tendrían un solo comprador estatal que los obtendría a precios hasta un 80 por ciento inferiores, mediante licitaciones internacionales". De ese modo, dicen ahí, los recursos de la APE resultarían suficientes, y la discutida deuda del Fondo Solidario podría constituir una reserva para darle mayor solidez al sistema. La medicina privada. A la inversa de lo que ocurre, por ejemplo, en la mayoría de los países europeos, en la Argentina el sector privado de la salud crece sin pausa, especialmente por la captación de nuevos afiliados de las obras sociales que, de ese modo, se transforman en financiadoras de empresas prestadoras de servicios médicos. El sector privado de salud está compuesto por tres subsistemas, el mayor de los cuales es el de las obras sociales sindicales, las nacionales y las provinciales, con 14.513.956 y 6.291.186 afiliados, respectivamente (datos de 2011). En el año 2010 ese subsistema manejó 29.072 millones de pesos. El PAMI, por su lado, atendió ese año a 4.065.000 beneficiarios y movió 9.181 millones. Las diez principales obras sociales concentran el 46% de los afiliados del subsistema. Entre ellas se encuentran OSECAC (empleados de comercio), OSPRERA (personal rural y estibadores) y OSPECOM (trabajadores de la construcción). Si se discrimina por tipo de beneficiario, el 69,3% de los afiliados a las obras sociales son trabajadores en relación de dependencia, el 20% jubilados o pensionados, un 1,4 por ciento beneficiarios de planes de desempleo, más un 6,5% de monotributistas, un 1,4% de beneficiarios de planes de desempleo, un 1,3% de adherentes y el 0,6% corresponde a empleados del servicio doméstico. Por su lado, el subsistema privado propiamente dicho, que a diferencia de los anteriores tiene manifiestamente fines de lucro, ofrecido por empresas de medicina prepaga o por clínicas y sanatorios de modo directo, cubre a 4.600.000 personas de nivel adquisitivo medio o alto, que gastaron 12.807 millones de pesos en 2011. En términos geográficos, el gasto de salud se concentra en un 65% en la CABA, el Gran Buenos Aires y en las principales ciudades del país: Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Como quedó dicho antes, el 43% de la población, casi 17 millones de personas, está fuera de todos esos subsistemas: no tiene obra social ni medicina prepaga y debe asistirse en los hospitales públicos. En el año 2007 ese porcentaje era mayor: un 45 por ciento. Otra característica del sector es la concentración del mercado, como quedó indicado, por ejemplo, en la adquisición de CS Salud (ex Consolidar Salud), que pertenecía al grupo BBVA Banco Francés, por parte de OMINT. Esa operación, hecha en 2008, le dio a OMINT el 12% de un mercado controlado mayoritariamente por Galeno y Swiss Medical. En Brasil y Uruguay, por ejemplo, se han dispuesto por ley sistemas de salud únicos, que combinan el servicio público con el privado de manera de asegurar, o por lo menos extender, el acceso de la población a la atención médica. En la Argentina, la cuestión está en debate en diversos foros vinculados con la salud, aunque, como señaló no hace mucho un especialista en la materia, instaurar un sistema así es factible, racional y económico, pero políticamente difícil. La cifra 6,2 % del PBI del país es lo que se gasta aproximadamente en servicios de salud brindados por la Nación, las provincias y los municipios. Densidad de profesionales La densidad de profesionales de la salud en la Argentina, considerados cada 10 mil habitantes, es la que sigue: Bioquímicos: 5,07 Enfermeros: 3,23 Farmaceúticos: 5,4 Fonoaudiólogos: 2,03 Kinesiólogos: 3,05 Médicos: 31,04 Nutricionistas: 1,19 Obstetras: 1,02 Odontólogos: 9,2 Psicólogos: 12,03 Según datos de 2012, del total del personal asalariado del sector, el 55 por ciento trabajaba en el ámbito público y el 45 por ciento restante en el privado. El total de ocupados en el rubro salud ascendía a 674 mil trabajadores. Hay que afianzar un sistema nacional de salud pública La frase del título parece dicha por algún funcionario de un país tercermundista. Sin embargo, no es así. Lo dijo Marc Mitchell, médico pediatra, especialista en gestión de salud y profesor de la Universidad de Harvard, y se refería a la cobertura de salud en los Estados Unidos. “Nuestro sistema de salud es horroroso, pues no poseemos un sistema de salud pública”, añadió Mitchell cuando, tiempo atrás, vino a la Argentina para tomar parte en foros sobre salud. Según este especialista, en su país la salud, como todos los otros rubros de su vida, está regido por los principios del mercado, patrón de todo planeamiento. Mitchell, sin embargo, sostiene que esa premisa no puede aplicarse al sector de la salud: “En materia de salud —dijo— el mercado no siempre se ha ocupado de las cuestiones necesarias”. El sistema de salud norteamericano se sustenta en un sistema de seguros. El 70 por ciento de la población se encuentra adherido a ese sistema, costeado en parte por los empleadores y en parte por el sueldo de los trabajadores. Esa gran mayoría de la población se encuentra, así, en el sector privado, mientras que otro 15 por ciento, integrado por mayores de 65 años y por las personas pobres, se encuentra cubierto por dos dispositivos gubernamentales: Medicare y Medicaid. El 15 por ciento restante no tiene cobertura alguna. “No son los pobres los que no tienen seguro médico —explicó Mitchell— sino los trabajadores jóvenes que tienen empleos precarios, part-time, cuyos empleadores no pagan por su seguro”.
Posted on: Sun, 22 Sep 2013 11:01:55 +0000
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