Horacio Verbitsky En la Argentina, Rodolfo J. Walsh describió el mismo fenómeno hace 45 años desde el Semanario CGT con una serie de notas en la que presentó a la policía de Buenos Aires como “una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”. La relación promiscua entre el narcotráfico y la policía bonaerense actual fue puesta de relieve en el informe de la comisión senatorial que investigó el crimen de la nena Candela Sol Rodríguez, mientras en Córdoba y Santa Fe las respectivas cúpulas aparecen involucradas como avanzada del delito sobre las instituciones de seguridad. Córdoba era la única provincia que tenía a un policía como ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien al ser designado escogió para sucederlo al frente de la fuerza al comisario Ramón Frías. Ambos tuvieron vinculación con el servicio de informaciones D2 durante la dictadura, según denunció en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad el ex policía Luis Urquiza, secuestrado y torturado en esa unidad en 1976, y que logró exiliarse tres años después. De regreso al país, en la década de 1990, denunció lo sucedido, pero el Director de Inteligencia Criminal de entonces era el ex D2 Luis Yanicelli, en la actualidad condenado a prisión perpetua, y Paredes era su secretario. Urquiza también denunció que Frías amenazó al comisario Julio César Giménez para que dejara de investigar el asesinato de su padre en el D2, si no quería que le ocurriera lo mismo. Aunque el gobierno de José De la Sota acusó al gobierno nacional de una maniobra en su contra utilizando al fiscal de la causa (¡sólo porque forma parte de Justicia Legítima!) las pruebas sobre la corrupción en la policía de drogas eran tan abrumadoras que Paredes y Farías debieron presentar la renuncia. Scioli desoyó las recomendaciones de aquella comisión investigadora, que incluían la exoneración de medio centenar de altos mandos policiales, comenzando por su jefe, Hugo Matzkin. Con Paggi de segundo y Senoff como colaborador, esos contactos espurios ascienden a una pantalla superior. Mientras, el jefe policial de Ezeiza con el que Granados se presentó por primera vez en público, Francisco Rupnik, reincidió en la periódica propuesta de recrear el Servicio Militar Obligatorio para sacar a los chicos de la calle. Cuando Scioli le tomó juramento ante un crucifijo de madera de medio metro (por Dios, por la Patria y por los Santos Evangelios), Granados respondió a la pregunta con un estridente “¡¡¡¡Síííííí, juro!!!!” al que una claque entusiasta respondió “Olé... olé... ole... Aleeee, Aleeeee”, en un clima festivo que no condice con la presunta emergencia por la cual 4500 gendarmes fueron sustraídos de la frontera, donde los reemplazan efectivos militares, para realizar tareas cuya confusa descripción no parece encajar en ninguno de los supuestos de las leyes de Defensa Nacional, de 1988, de Seguridad Interior, de 1992, y de Inteligencia Nacional, de 2001, en las que se expresa el mayor consenso multipartidario alcanzado por la democracia argentina en treinta años. Mientras un centenar de cadetes de la Escuela Vucetich formaban con sus uniformes prusianos y una pluma en el casco plateado, dos camionetas de la confitería más cara de la ciudad, “El Rey del Dulce”, descargaban el servicio para culminar el festejo. Luego de su irónico vaticinio acerca del ruido que hará la gestión de Granados, Casal paladeaba el plato frío de la venganza sobre todos sus críticos, con la satisfecha expresión de “ahora sí van a ver lo que es bueno”. Con apresurado tono presidencial, Scioli dijo que a nadie se le ocurriría cuestionar el progresismo de Lula por haber enviado el Ejército a las favelas, y citó una frase del ex presidente brasileño. “¿Si nos derribaron un helicóptero, con qué quieren que disparemos? ¿Con pétalos de rosas?”. Doble desatino: en Brasil se ordenó a las tropas desalojar varias favelas ocupadas por la estructura militar de los carteles de la droga, en una operación breve y con rápida retirada, para que pudieran hacerse cargo las estructuras de seguridad y de asistencia social. Aquí, el único helicóptero que falta no fue derribado por los narcos con bazucas ni misiles. Se perdió con su piloto, Alejandro Ferzola, el 2 de enero de 2011, en el trayecto entre Coronel Brandsen y Santa Teresita. En un año y medio, la policía de Scioli ni siquiera pudo encontrar sus restos. Y la intervención que se reclama de los militares argentinos no está contemplada en su doctrina, organización, equipamiento ni capacitación. pagina12.ar/diario/elpais/1-229058-2013-09-15.html
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 13:25:07 +0000
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