LIMITACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES A TRAVÉS DE LA LLAMADA ‘BUROREPRESIÓN’ Multas más efectivas que porrazos En los últimos meses, las fuerzas del orden han desplegado en momentos concretos una represión tan violenta como ostentosa con el propósito de atemorizar a los movimientos sociales. Sin embargo, la brutalidad policial ha puesto en entredicho al Gobierno en más de una ocasión. Así, para alejar los excesos oficiales del escrutinio público, Interior suele combinar –en un modelo mixto de contención de la protesta– el uso de las porras con otras estrategias coercitivas más sutiles y silenciosas. Por ejemplo, las autoridades se escudan en ordenanzas municipales sobre medio ambiente, limpieza, ruidos y seguridad vial para perseguir y despolitizar la reconquista desobediente de las plazas. Esta “municipalización del orden público” procura, por un lado, equiparar las actividades de las asambleas con comportamientos molestos, ruidosos, sucios y contaminantes y, por otro, disciplinar y privatizar el uso del espacio con el fin de menoscabar las prácticas populares de apoyo mutuo. Los agentes policiales también utilizan la Ley de Seguridad Ciudadana para realizar identificaciones masivas que vulneran los derechos fundamentales. De este modo, sus superiores pretenden forzar a los movimientos a negociar su presencia en la calle. Eso sí, bajo los términos definidos por la policía. Ésta usa identificaciones arbitrarias para domesticar la protesta desobediente y sustituirla por repertorios institucionalizados con una orientación ideológica menos peligrosa para el statu quo.
Posted on: Sat, 20 Jul 2013 19:43:49 +0000
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